La dura polémica se dio en Cámara. Inclusive, hubo rifirrafe por bloqueo a conciliación.
La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley del Plan de Desarrollo (PND), mientras que en el Senado tuvo que acogerse al trabajo realizado por sus homólogos en el Legislativo, lo que además, generó un fuerte enfrentamiento entre el presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón y el senador Richard Aguilar.
Tres días de extensas jornadas le llevó a la Cámara el complejo proyecto, que fue creciendo a medida que avanzaba su trámite en el Congreso: la propuesta original llegó con 183 artículos, salió del primer debate con 311, llegó al segundo round con 349 y más de 5.000 proposiciones y con 31 artículos nuevos que no fueron manejados en las comisiones terceras del Congreso.
Entre tanto, en el Senado, hasta altas horas de la noche del jueves, apenas se iniciaba la discusión, tras votar los impedimentos. El agravante se produjo cuando el presidente de la Cámara citó para el próximo martes, fecha en la que se vencía el plazo para aprobar el Plan de Desarrollo con todo y la conciliación, por lo que de inmediato, quedó bloqueada la posibilidad de que el Senado debatiera y cambiara algo de lo aprobado.
¿Qué metió y sacó la Cámara?
La Cámara, entre tanto, negó la inclusión de los artículos nuevos que tenían el aval del Gobierno, pero dio el visto bueno para reabrir el estudio de puntos ya votados, fundamentalmente, cuatro relacionados con la seguridad social.
Con lo aprobado, el Ministerio de Vivienda, y no el de Agricultura, será el que maneje la política de vivienda rural, debate que llevaba 20 años sosteniendo que la cartera del agro era la que tenía que hacer esa tarea, pero este jueves los parlamentarios estimaron que es el de Vivienda su ‘doliente’.
Este artículo tuvo que ser reabierto, por errores de procedimiento en votación anterior, y fue ratificado según como venía en la ponencia.
Además, la plenaria de la Cámara aprobó un artículo que le impone el pago de mayores regalías a los llamados reconocimientos de propiedad privada de minería, cuya tarifa general, independiente del tipo de mineral, está en el 0,4 por ciento, fijando un porcentaje de 3,37 por ciento para la producción anual de carbón superior a 3 millones de toneladas y de 1,64 por ciento para volúmenes menores que esta cifra; en tanto que para oro y plata en veta siguió en 0,4 por ciento, mientras que para el oro y plata en aluvión (ríos) sube al 2 por ciento y para el platino se incrementa al 1 por ciento.
La medida aplica a 28 de estos reconocimientos, de los cuales 18 están ubicados en el departamento de Antioquia, según el Ministerio de Minas y Energía.
Durante el trámite del articulado, la Cámara aprobó el artículo de la vigencia y derogatorias de artículos y parágrafos de diversas leyes, entre las que se destacó la derogación del artículo 84 de la Ley 100 de 1993, o ley de seguridad social, referente a la excepción a la garantía de pensión mínima, que establece que cuando la suma de las pensiones, rentas y remuneraciones que recibe el afiliado o los beneficiarios, según el caso, sea mayor a lo que le correspondería como pensión mínima, no habrá lugar a la garantía estatal de pensión mínima.
Los que revivieron
Luego de haber sido rechazados en la sesión del 1.° de mayo, la Cámara revivió cuatro artículos relacionados con la seguridad social, de los cuales tres fueron aprobados según como se planteó en la ponencia, y otro recibió el sí tras una modificación de su texto.
Así, quedaron vivos los artículos sobre la eficiencia en administración de recursos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio; el que establece un piso de protección social para quienes tienen ingresos menores que el salario mínimo y el relacionado con la financiación de las obligaciones pensionales con recursos el Fondo de Pensiones Territoriales (Fonpet).
Aunque se mantuvo hundido el artículo sobre el reconocimiento de doble pensión, también revivió el artículo sobre la promoción de beneficios económicos periódicos (Beps), con una proposición.
Esta consistió en que si los afiliados reciben una devolución de saldos, estos serán trasladados al esquema de Beps, para reconocer una anualidad vitalicia, menos si el afiliado quiere recibir el dinero en efectivo, para lo cual tendrá los seis meses (ya no cuatro) siguientes a la notificación del documento que la define.
Así, Colpensiones y los fondos de pensiones deberán dar asesoría e información a los afiliados. Además, los que estén por fuera pueden voluntariamente vincularse a los Beps, y el Gobierno reglamentará el procedimiento para esto. Durante el trámite hubo notoria presencia de senadores, entre ellos Richard Aguilar, quien en medio de un tenso ambiente pidió a la Cámara citar la próxima plenaria para el lunes y no para el martes próximo.
Lo anterior, porque solo así alcanzan los tiempos para que el Senado haga su discusión y votación, para pasar a la conciliación de los textos el 7 de mayo, cuando vence el plazo legal para aprobar la iniciativa.
Según Aguilar, quien fue silbado en el recinto, si no se procedía de esta manera, el Senado terminaría “como borrego” de lo que decidiera la Cámara.
También fue avalada la norma de explorar el subsuelo a través del fracking.
En cuanto a lo que no fue aprobado, la Cámara frenó dos de las cinco facultades extraordinarias solicitadas para el presidente Iván Duque, durante 6 meses, para tomar decisiones sin pasar por el Congreso.
En consecuencia, el mandatario no podrá transformar las normas relacionadas con el Sistema General de Participaciones (SGP) para hacer un mayor monitoreo y seguimiento al uso de estos recursos.
De igual manera, tampoco podrá suprimir, fusionar o modificar consejos, comités y demás instancias de dirección o coordinación que requieran norma con fuerza de ley.
Los que se cayeron en la plenaria
Uno de los artículos que este jueves se cayeron fue el que proponía cobrar una contribución del 5 por ciento a los municipios. Estos recursos se utilizarían para hacer la actualización catastral, con la cual los entes territoriales podrían aumentar su recaudo.
Otra norma que no pasó fue la relacionada con los proyectos de gasto público territorial, pues la controversia se dio porque se estaba tratando de comprometer los presupuestos futuros, dejando endeudados a los mandatarios entrantes.
Igual suerte corrió el artículo que proponía “un procedimiento para las operaciones de los fondos de estabilización de precios de productos agropecuarios y pesqueros”.
Tomado del diario El Tiempo
