‘Si JEP no tiene un marco legal definido, CPI evaluará implicaciones’

Foto: Archivo particular /El Tiempo

Vicefiscal de la Corte Penal Internacional, James Stewart, lanza advertencia.

Este miércoles, en momentos en que el país está pendiente de saber si el presidente Iván Duque objeta o no la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Corte Penal Internacional (CPI), el máximo tribunal en el mundo para juzgar los crímenes de guerra y de lesa humanidad, señaló que es necesario que esta justicia tenga un marco legal completo y definido que le permita operar de manera plena.

«De no ser el caso esto podría constituir un revés y tendríamos que considerar sus implicaciones», dijo el vicefiscal de la CPI, James Stewart.

El pronunciamiento del vicefiscal Stewart se da luego de que el Gobierno, a través de la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y el Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, confirmó que está considerando si objeta o no dicha norma, que es la última norma pendiente en entrar a regir relacionada con esta justicia transicional derivada del acuerdo de paz de La Habana.

Ceballos ha señalado que para tomar esa decisión de objetar o no la ley, decisión que compete exclusivamente al presidente Iván Duque, el grupo jurídico que lo asesora está teniendo en cuenta los reparos que expuso esta semana el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, contra cuatro disposiciones del articulado.

Asimismo, Stewart dijo que la CPI apoya a la JEP como «el mecanismo clave de la justicia transicional adoptado» de conformidad al pacto de paz.

En noviembre de 2018, Stewart también había dicho: “Permitan que los magistrados de la JEP hagan su trabajo. Apóyenlos en todos los aspectos que sean necesarios. La paz con justicia y la rendición de cuentas son formas eficaces de garantizar que la paz sea sostenible y duradera”.

Cabe recordar que desde el 2004 ese tribunal internacional tiene abierto un expediente preliminar contra Colombia por la falta de resultados en la investigación, juzgamiento y sanción efectiva a los máximos responsables de delitos atroces cometidos durante el conflicto. En ese expediente un capítulo especial es sobre los denominados ‘falsos positivos’ o ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la Fuerza Pública en el país.

De acuerdo con el Estatuto de Roma, tratado que creó la CPI y del cual hace parte Colombia, este tribunal tendría competencia si las autoridades judiciales no avanzan en su obligación de perseguir los graves crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Frente a la posibilidad de que Duque objete la ley estatutaria de la JEP distintos académicos, organizaciones de víctimas, líderes políticos como los de la iniciativa Defendamos la Paz (Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo y Antanas Mockus, entre otros) le han pedido al Presidente que la sancione, pues ya tuvo aval de la Corte Constitucional.

Sin embargo, en la otra orilla, encabezada por el expresidente Álvaro Uribe, jefe natural del actual partido de Gobierno, Centro Democrático, ha dicho que es mejor «eliminar la JEP».

En su informe del año pasado sobre los países que están en examen preliminar, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) dijo que siguen siendo preocupaciones de esa entidad los casos de ejecuciones extrajudiciales, la violencia de género, el desplazamiento forzado y la promoción y expansión de los grupos paramilitares.

Pero sobre todo, la fiscal ante ese tribunal Fatou Bensouda le ha hecho seguimiento y ha apoyado la puesta en marcha de la JEP.

«Hemos aceptado que las medidas de justicia transicional que Colombia decidió adoptar podrían, si fueran implementadas y aplicadas adecuadamente, cumplir con los objetivos de rendición de cuentas, disponibilidad de recursos para las víctimas y contribución a la disuasión de crímenes futuros, previstos en el Estatuto de Roma», agregó Stewart.

Para la CPI, la JEP es «el mecanismo clave de justicia transicional adoptado de conformidad con el acuerdo de paz», pero de igual forma enfatiza en que «notamos asimismo ciertas preocupaciones planteadas recientemente por el Fiscal General de la Nación, por ejemplo respecto a la importancia de llevar a los autores directos a rendir cuentas. En este sentido, es nuestro deseo que la Fiscalía General de la Nación y la JEP puedan establecer conjuntamente una distribución eficiente de trabajo y sinergias».


Tomado del portal del diario El Tiempo

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