Sin tributaria, ¿de dónde saldría la plata de lo que pide el Comité del Paro?

Pedir más recursos prestados, renegociar la deuda pública, imprimir billetes y suspender beneficios de tributarias pasadas a los empresarios, son algunas de las opciones sobre la mesa. ¿Qué tan sostenibles son?

El país ya completa 14 días desde que el Comité del Paro convocó a manifestarse contra el Gobierno para exigir el retiro de las reformas tributaria y de salud, una renta básica de emergencia, matrícula cero en universidades públicas y subsidios en las privadas, entre otras solicitudes que, según algunas estimaciones, podrían tener un costo de más de $80 billones.

Dicho monto sería casi cinco veces más de los $14 billones que recaudaría la nueva reforma tributaria que presentaría el Gobierno Nacional en las próximas semanas, luego de que el 5 de mayo el Congreso aceptara la solicitud que se hizo para retirar la tributaria que se había presentado el 15 de abril y que buscaba $23,4 billones.

Solo por mencionar algunos de sus puntos, en renta básica el Comité pide que esta sea “de por lo menos un salario mínimo legal vigente por seis meses para 30 millones de personas en condición de pobreza, vulnerables y afectadas por la crisis”.

Según el equipo de investigaciones económicas de Anif, quienes resaltan que la petición carece del nivel de detalle necesario para implementarla, “asumiendo que la transferencia (de la renta básica) de “mínimo $1 millón” fuera por hogar en condición de pobreza, el costo aproximado sería de $78 billones, cifra que se aproxima a la totalidad del gasto en salud y más que duplica el aporte del Presupuesto General de la Nación para financiar el aseguramiento de 48,3 millones de colombianos”.

Dado el panorama actual, en el que el déficit fiscal para 2021 sería de 8,6% del PIB (casi $95 billones), la deuda superaría el 65% del PIB, los ingresos totales del Estado serían de $173 billones y los gastos de $267,7 billones -según Minhacienda-, Forbes consultó a expertos para saber si no es vía una tributaria, con qué otros recursos se podrían cubrir las peticiones del Comité y qué tanto impactaría indicadores como la deuda y el déficit.

¿Qué salidas habría?

Lo primero es mencionar que el Comité del Paro propone estas fuentes para financiar su pliego de peticiones: emisión de moneda, hacer uso de las reservas internacionales, realizar moratoria temporal y renegociación de la deuda pública externa y suspender las exenciones tributarias a las grandes empresas y al capital financiero hechas en reformas pasadas.

Desde la visión del grupo de expertos consultado por Forbes, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, comentó que “en este momento no es posible aumentar el gasto público sin un consecuente aumento en los ingresos tributarios. La situación del país en materia de finanzas públicas es muy complicada (alto déficit y deuda)”.

De no recaudar mayores recursos, Mejía expuso que si las peticiones del Comité tienen un costo de $80 billones, que representaría 8% del PIB, “ese sería el aumento de la deuda cada año producto de las peticiones, si se financian con deuda de forma permanente en ausencia de medidas por el lado de los ingresos”. Lo anterior haría que el endeudamiento público supere el 70% del PIB, explicó.

Por su parte, José Ignacio López, jefe de investigaciones económicas de Corficolombiana, ve complicado que sin una reforma haya una fuente de financiamiento que cubra gran parte de las peticiones del Comité. De aceptar dichas solicitudes, sin recursos garantizados vía una reforma, el déficit fiscal se podría duplicar, lo que pondría al país en una situación fiscal aún más compleja con un déficit superior al 15% del PIB.

Para María Fernanda Valdés, PhD en economía y coordinadora para la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia, de las propuestas de financiación que hace el Comité, suspender beneficios tributarios, “principalmente los otorgados en la tributaria del 2019, es la más acertada y viable políticamente pues, incluso la Andi la ha propuesto, y tiene mucha aceptación de los partidos. Sin embargo, esto no significará más de $9 billones y se necesitarán más recursos para financiar lo que piden”.

De acuerdo con el equipo de investigaciones económicas de Anif, las necesidades de financiación de corto plazo sólo se podrán cubrir por vía tributaria. Sin la reforma, “el país no tendrá recursos suficientes para el fortalecimiento y la ampliación de los programas de alivio de la pobreza que tanto necesita una buena parte de la población colombiana (42,5% para ser exactos)”.

Recalcaron los expertos de Anif que no se puede perder de vista que “muy pronto tendremos que retomar las discusiones sobre una reforma estructural” donde se den pasos hacia la sostenibilidad fiscal y estabilidad de las finanzas públicas que permita estabilizar, entre otras, el nivel de la deuda actual.

¿Qué peticiones son económicamente viables en el corto o mediano plazo?

Para Valdés, “si algo nos ha mostrado la situación luego de la renuncia del ministro de Hacienda y la caída de la reforma tributaria gracias a las multitudinarias protestas es que no hay nada que sea viable económicamente si no es viable también políticamente”. Así las cosas, dice que hay dos propuestas del Comité que podrían ser viables política y económicamente: el ingreso básico de emergencia y la matrícula cero.

Sobre el ingreso básico, la experta dice que “este sería el gran motor de reactivación pues pondría a la gente más vulnerable a consumir y a mover la economía. En lo que no hay mucho consenso es en la duración y el monto de la ayuda”.

En matrícula cero, recordó que ese tema se incluía en la tributaria que se retiró. “Hay buenas oportunidades de ponerse de acuerdo en este punto, además, su costo es bastante prudente pues, junto con promoción de cultura y promoción de empleo, costaría unos $0,8 billones, lo que es muy financiable a mediano y largo plazo”.

Mejía, de Fedesarrollo, explicó que las medidas que podrían ser viables son aquellas que estaban alineadas con lo que se había incluido en la reforma tributaria que retiró el Gobierno. Es decir, “medidas relacionadas con la gratuidad de la educación superior, fortalecimiento del subsidio a la nómina focalizada en microempresas y una renta mínima de inclusión, no del nivel que se está solicitando, porque es inviable fiscalmente y costaría por encima de $70 billones, sino una renta mínima consecuente y compatible con las capacidades fiscales”.

Por su parte, el experto de Corficolombiana, aseguró que considera “que hay una discusión que se puede hacer compatible con lo que se había planteado el Gobierno y es algo relacionado con Ingreso Solidario entendido como renta básica, pero no universal”.

Respecto a la matrícula cero, los analistas de Anif, comentaron que “si bien el fondo de la política es bueno, pues asegurar la educación es un factor de movilidad social muy importante, el centro del asunto recae en a quiénes se debe entregar ese subsidio. La gente con capacidad de pago no debería estar recibiendo ayudas del Gobierno, eso es utilizar mal los recursos públicos”.


Fuente: Forbes Colombia