De más de un billón girado en 5 años para esta población, solo se invirtieron $ 600 mil millones,
Entre el 2015 y el 30 de junio del 2019, el Gobierno giró –a través del Ministerio del Interior– más de $ 1,04 billones del Sistema General de Participaciones para invertir en los resguardos indígenas que hay en 29 departamentos del país.
Sin embargo, solo los manejó adecuadamente el 25,22 por ciento de las entidades territoriales (alcaldías y gobernaciones), que son las que en su mayoría recibieron esos recursos, pues en el país solo hay 8 resguardos certificados para administrar ellos mismos esos presupuestos.
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El 61,95 por ciento restante de entes territoriales tuvo deficiencias que, aunque no son generalizadas en todos los casos, sí traen impactos negativos sobre el cumplimiento de contratos de inversión, pues se trata de irregularidades que van desde demoras en la contratación hasta ausencia de controles de proyectos y pérdida de recursos.
Y el 10,62 por ciento de entes tuvieron fallas extendidas en el uso de los recursos públicos.
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Así lo determinó la Contraloría General en un estudio, conocido por EL TIEMPO, que establece cómo se están administrando los recursos que deberían beneficiar a la población indígena en el país, que según el Dane suma más de 1,9 millones de personas.
Saber cómo se están invirtiendo estos dineros es clave, pues según el ‘Informe nacional de empleo inclusivo’, la pobreza en esta población es 2,5 veces más alta que el total nacional; y según el Dane la cobertura de alcantarillado solo llega al 23 por ciento de indígenas y la recolección de basuras, únicamente al 25,5 por ciento.
Por eso, los resultados de la Contraloría resultan preocupantes. Según su estudio, las entidades territoriales suscribieron 3.111 contratos por 919.976 millones; sin embargo, autoridades de 23 de los 29 departamentos con resguardos tuvieron deficiencias por no suscribir contratos de administración o no reportarlos.
Pero además, el ente de control evaluó 812 asignaciones especiales de recursos públicos para los pueblos indígenas, entregadas a 215 alcaldías, tres gobernaciones y los 8 resguardos certificados. Pese a todas las necesidades que hay en estas comunidades, del más de $ 1 billón que se les asignó, solo ejecutaron –usaron efectivamente– el 63,39 por ciento (662.702 millones).
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Las cuatro principales irregularidades que evidenció la Contraloría son: los contratos se suscriben de forma extemporánea (13,9 por ciento), las debilidades en la supervisión de esos contratos (13 por ciento), los pagos de recursos sin soportes (12,2 por ciento) y las deficiencias en la formulación de proyectos de inversión (5,7 por ciento).
Por estos problemas la Contraloría encontró 760 irregularidades, de las cuales 45 podrían tener implicaciones penales, y 156 conllevarían un posible detrimento de recursos públicos por $ 16.776 millones en total.
De esa pérdida de recursos, la más amplia está en La Guajira, que sumó $ 6.821 millones (de los $ 190.657 que recibió), pérdida que se habría dado en el proyecto de ampliación y saneamiento del resguardo indígena. El segundo departamento con más pérdidas es Córdoba, con $ 2.659 millones, en su mayoría por el fallido proyecto de fortalecimiento agrícola.
Después están Casanare ($ 1.794 millones); Cauca ($ 1.063 millones); y Amazonas ($ 936 millones), entre otros.
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Algunas de las razones por las cuales los contratos no se hacen a tiempo, se incumplen, o se hacen desembolsos sin soportes es “por las debilidades en la gestión de los entes territoriales”, dice el estudio, así como por “la demora de los resguardos en la elaboración de los proyectos de inversión”.
La Contraloría afirma que aunque la mayoría de resguardos tienen asambleas, muchos desconocen cómo formular proyectos, y hay una “deficiente identificación de las necesidades de la comunidad que no conduce a mejorar las condiciones de vida de la población indígena”.
Esto porque muchos de los planes no se justifican, no se establece quiénes serán sus beneficiarios o qué bienes se entregarán.
En Leticia, Amazonas -por ejemplo-, departamento que en cinco años recibió $ 29.013 millones, se encontraron proyectos que dejan el objetivo del contrato “pendiente por establecer”. O en Paz de Ariporo, Casanare, se hallaron contratos para comprar medios fluviales que hoy no se usan y están dañados.
Tomado del portal del diairo EL TIEMPO
