En segunda declaratoria de emergencia económica será tema crucial. Llueven propuestas sobre empleo.
A la luz de una segunda declaratoria de emergencia económica, próxima a anunciarse, el Presidente de la República tendrá nuevas facultades temporales para legislar por decreto, y el tema laboral tendrá que ser uno de los fuertes, lo que ha llevado a algunos expertos a estimar que se avecinan vientos de reforma laboral en medio de la coyuntura de la covid-19.
Las medidas que se adopten tendrán que ser transitorias, pero ya hay ideas que sugieren adelantar una reforma laboral con todas las de la ley, es decir, pasando por el Congreso.
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Ideas se sustentan en pronósticos de pérdida de empleos
Por lo pronto, la normativa que se establezca ahora se sumará a la ya iniciada con la primera tanda de decretos y resoluciones: de 215 normas, hubo 14 decretos y dos resoluciones que tocan el empleo.
El argumento es salvar el trabajo de los ciudadanos, pues, aunque aún no se tiene certeza del efecto que ha causado y que causará el coronavirus en el mercado laboral, los estimativos no son nada halagüeños. Los pronósticos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para mencionar uno solo de los tantos vaticinios en materia de empleo, estiman que en América Latina y el Caribe la pandemia puede causar la pérdida de 17 millones de puestos de trabajo formal y la informalidad podría llegar a 62 por ciento en la región.
Solo en Colombia, el centro de pensamiento económico Fedesarrollo pronostica que este año se perderán entre 1,4 millones y 2,5 millones de empleos.
En consecuencia, las propuestas sobre qué hacer son claves, pero, por tratarse de un tema sensible, el consenso nacional será clave. De hecho, ya se inició la avalancha de ideas, muchas de ellas fuertemente controversiales.
La más reciente polémica se desprende de lo expresado por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien en una columna publicada el domingo en EL TIEMPO puso en el debate público la posibilidad de reducir los salarios de todos los empleados, echar mano de las primas y las cesantías de los trabajadores (dejándolas de pagar en este año), no pagar el subsidio de transporte y flexibilizar las obligaciones para implementar turnos en el trabajo nocturno o en días festivos, entre otras propuestas.
Los sindicatos fueron los primeros en reaccionar. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Diógenes Orjuela, indicó que “la economía no levantaría cabeza si se escoge llevar a los trabajadores a la miseria”.
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En el mismo sentido, Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), dice: “No se puede superar la crisis sobre la base del empobrecimiento de la población colombiana. Lo que necesitamos es una clase media con una mayor capacidad adquisitiva, que los sectores más empobrecidos vayan en ascenso y no en descenso”.
Gómez planteó que, ante la compleja situación del empleo, se convoque un “coloquio entre empresarios, trabajadores y Gobierno, para buscar salidas y permitir que el modelo económico sobre el cual se sustenta el país definitivamente tenga un entorno totalmente distinto”.
Entre tanto, el director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, Iván Jaramillo, destaca que la propuesta de desmejorar las condiciones de los trabajadores “es contraria al enfoque de una ‘normalidad mejor’ de cara a las respuestas a la crisis, propuesta por la OIT (Organización Internacional del Trabajo)”.
Según agrega Jaramillo, “deteriorar los derechos laborales e invertir el principio de ajenidad de los riesgos, por el cual los trabajadores no participan de las pérdidas de la operación, supone el deterioro de la capacidad de consumo y afectación de la demanda, algo no deseado en el periodo de recesión pospandemia”.
El experto laboral subraya: “Para nuestro sistema de regulación laboral (hijo de un estado de sitio en 1950) resulta desafortunado e inconstitucional incluir en normas de emergencia reformas laborales y pensionales de carácter permanente que contradicen los postulados básicos del trabajo decente”. Entre tanto, en pos de una solución intermedia, Stefano Farné, director del Observatorio Laboral de la Universidad Externado, sostiene que “para un empleado es preferible prescindir de la prima y las cesantías que le bajen el sueldo, aunque la perdida sea del mismo monto”.
En todo caso, agrega Farné, “las propuestas laborales deberían concertarse con los sindicatos para tener legitimidad social y aceptación entre los trabajadores”.
El experto subraya que “ojalá se restituya a los trabajadores al menos parte de lo que se les va a quitar”.
Y en medio de la polémica, el llamado del ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, es a hacer el consenso con base en datos, los cuales ya está recopilando esa cartera, pues “no todos los sectores paralizaron y otros vuelven a su actividad”.
Tomado de diario EL TIEMPO
