Ante la pandemia COVID-19, se requiere una adecuada coordinación entre los niveles de Gobierno para la toma de decisiones políticas y económicas que amerita la atención de esta emergencia.
Por: Fabián Leonardo Romero Bolívar y Javier Valencia Polanco*
EL ESPECTADOR
Desde el inicio de la emergencia, cuyo primer caso correspondió a una ciudadana colombiana procedente de Milán (Italia) y confirmado el 6 de marzo, se tomaron una serie de decisiones por parte del gobierno nacional y los mandatarios territoriales que han revelado un distanciamiento de sus agendas frente a la pandemia. Estas se han expresado en superposición y en algunos casos en contradicción en las decisiones, reflejando una aparente descoordinación entre los entes políticos.
El 17 de marzo, la ministra del interior Alicia Arango en un pronunciamiento público señaló que: “No se pueden cerrar las ciudades, no es el momento y menos en ciudades donde todavía ni siquiera ha llegado el virus, entonces tenemos que actuar con calma”. Esa misma semana, la alcaldesa de Bogotá Claudia López anunció el borrador del decreto de simulacro de aislamiento preventivo desde el jueves 19 hasta el lunes 23, medida a la cual se acogieron los gobernadores de Cundinamarca, Boyacá, Meta, Santander y Tolima. En respuesta, la ministra anunció un nuevo decreto que dejaba sin efectos las determinaciones de los mandatarios regionales y el gobierno nacional se arrogó derecho preferente en materia de la dirección del orden público en el territorio nacional. En los hechos, el simulacro se terminó realizando, con la posterior adhesión del presidente de la república.
Este evento abrió la puerta para que los mandatarios locales encontrarán la legitimidad para establecer medidas de forma autónoma sobre la gobernabilidad de sus territorios. La opinión pública encontró más cercanos a los mandatarios locales y el gobierno nacional se veía más lejano y solitario en la toma de decisiones. Aún así, y a pesar de sus anunciadas intenciones de unión, en la práctica la presidencia de la república reflejaba incapacidad para generar una coordinación inter-gubernamental consistente y sostenible.
El anterior es solo un ejemplo de la considerable colección de eventos en los cuales se ha hecho manifiesta la problemática de descoordinación intergubernamental. Un nuevo escenario de contradicción está en el eventual levantamiento de las medidas de cuarentena obligatoria, que ubica al gobierno nacional en la postura de reabrir la economía (cuando menos construcción y manufacturas) y a los mandatarios locales en la responsabilidad de reglamentar esta apertura para salvaguardar las condiciones de salud. Hecho que no ha estado exento de preocupaciones por parte de los mandatarios territoriales.
Parte de las causas de esta problemática pueden situarse en objetivos de mejora de la imagen política y los niveles de aceptación por parte de los mandatarios. Conforme a cifras de Invamer tomadas entre el 18 y el 22 de febrero de 2020, la alcaldesa de Bogotá registró un 67% de favorabilidad, el alcalde de Cali 62%, el de Bucaramanga 61% y el de Medellín 55%. De otro lado, el presidente de la República en febrero tenía 23%. De acuerdo a cifras de Guarumo y EcoAnalítica, a partir de una encuesta realizada entre el 12 y 16 de abril, la alcaldesa de Bogotá registró 78.1%, el alcalde de Cali 67.1%, el de Bucaramanga 66.5% y el de Medellín 65.3%. Al mismo tiempo, el presidente de la República registró 62.1%. Aparentemente, la descoordinación entre niveles de gobierno y el mayor protagonismo de los gobiernos territoriales en la toma de decisiones político-económicas, se dio al mismo tiempo que se incrementó su imagen favorable en la opinión de los ciudadanos.
Esta problemática puede llevar a un esquema de improvisación y ajustes sobre la marcha alejados de un criterio de planeación. Lo cual puede dejar una imagen en los ciudadanos en la cual la coordinación entre los niveles de gobierno también está en cuarentena preventiva. La descoordinación entre los diferentes niveles de gobierno tiene repercusiones económicas que afectan a los ciudadanos en el acceso a bienes sociales.
En este contexto, desde la visión tradicional de la economía pública, en condiciones normales de mercado, la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno conduce a una provisión eficiente de bienes públicos. De esta forma, la unidad fiscal central o nación se encarga de proveer los bienes que tienen alcance nacional, en tanto que las jurisdicciones locales proveen aquellos que suponen una limitación espacial de orden local en sus beneficios. Por lo cual, uno de los objetivos esenciales de la nación es procurar la estabilidad macroeconómica, mientras que las jurisdicciones sub-nacionales tienen la responsabilidad de proveer servicios de salud, entre otros. No obstante, la pandemia COVID-19 hace que no se esté en condiciones normales de mercado y exige unos esquemas de coordinación intergubernamental ágiles y sólidos.
De ahí que sea necesario buscar canales de concertación en los cuales el gobierno nacional trascienda su círculo ministerial y concrete la voluntad que ha expresado de trabajar en equipo con los mandatarios territoriales y sectores sociales, lo que deriva en lograr un mensaje de unidad de un equipo de gobierno coordinado con el cual se pueda ganar esta guerra, entre todos.
Estudiantes del doctorado en ciencias económicas de la Universidad Nacional de Colombia*
Tomado del diairo EL ESPECTADOR
