Los exmiembros de Estado Mayor de las Farc deberán entregar sus versiones voluntarias a la Jurisdicción Especial para la Paz entre febrero y marzo de este año por el caso 00
Por: Olga Patricia Rendón M.
El Colombiano
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha recibido 47 versiones voluntarias de comparecientes de la Fuerza Pública en el caso por “falsos positivos”; sin embargo, ninguno de esos testimonios ha sido conocido por la opinión pública.
Esta semana la Sala de Reconocimiento de Verdad citó para versiones voluntarias a los 31 exmiembros del Estado Mayor de las Farc que están involucrados en el caso 001 (secuestro) y a 11 exguerrilleros que operaban en Nariño por el caso 002 (situación en Ricaurte, Tumaco y Barbacoas). Audiencias que iniciarán en febrero de este año.
“Se llaman versiones voluntarias porque la aceptación de la responsabilidad de los comparecientes (frente a los hechos por los que son procesados) es voluntaria pero su presencia es obligatoria e indelegable. El aporte a la verdad también es obligatorio”, explicó la JEP.
Sin presencia de víctimas
Todas estas diligencias son privadas y no hay espacio para medios de comunicación ni para las víctimas, más allá de la representación que ejerce la Procuraduría, tal como establece la Ley de Procedimiento (1922 de 2018) de la JEP.
“Las versiones voluntarias tienen datos sujetos a reserva, de investigaciones en etapa reservada, de nombres de víctimas, de datos sensibles según la Ley de Habeas Data y de terceros que no son comparecientes de la JEP y se puede afectar su buen nombre”, explicó la Jurisdicción.
Hay que recordar que la experiencia de Justicia y Paz mostró que la confrontación entre víctimas y victimarios en estos espacios de versiones reproducía discursos que justificaban la guerra y revictimizaban, pero también fueron valoradas por muchas víctimas como espacios para encontrar la verdad en sus casos.
Estas audiencias son grabadas para efectos judiciales y son trasladadas a las víctimas para que presenten observaciones y aporten pruebas.
Para Yolanda Perea, miembro de Mesa Nacional de Víctimas, si una persona afectada por el conflicto cree que está en la capacidad de enfrentar a su victimario exigiéndole la verdad, debería estar ahí.
“A mí me gustaría estar cuando hablen de violencia sexual y de homicidios en Chocó, para que ellos no creen el relato que quieran, sino que ante nosotros que fuimos los que sufrimos y presenciamos las atrocidades que hicieron tengan que decir la verdad”, sentenció Perea.
La verdad llegará luego
De acuerdo con la JEP, hay distintos momentos en que hará público el reconocimiento de los comparecientes. Uno de ellos, y el más importante, es la audiencia pública de reconocimiento, que aún no está programada porque no se ha llegado a esa etapa procesal.
En este habrá presencia de organizaciones de víctimas quienes escucharán a sus victimarios, este debe ser “voluntario, libre, completo, detallado y exhaustivo”.
Por otro lado, la Comisión de la Verdad, órgano extrajudicial encargado de esclarecer lo ocurrido durante el conflicto armado, también prepara escenarios para que quienes hicieron parte de la guerra narren la verdad, como explicó Max Yuri Gil, coordinador de la macrorregión Antioquia y Eje Cafetero de esa institución.
“Buscaremos dar respuesta al reconocimiento de la dignidad de las víctimas, de los responsables directos o indirectos y de la sociedad en general. En algunos de los actos públicos podría haber presencia de los responsables que podrían asumir su responsabilidad por los actos cometidos. Además, habrá actos privados de cara a cara de las víctimas con los excombatientes”, explicó Gil.
CONTEXTO DE LA NOTICIA
PARA SABER MÁS
JEP ORDENÓ PRUEBAS EN CASO “EL PAISA”
La Sala de Reconocimiento de la JEP confirmó 22 pruebas decretadas a través de Auto del 6 de diciembre en el incidente de verificación abierto a Hernán Darío Velásquez, alias “El Paisa”, esto después de que el abogado defensor presentara un recurso argumentando que la solicitud e información de inteligencia al Ministerio de Defensa era “una prueba ilegal y que violaba el debido proceso”. Así las cosas, corren 15 días para que el Consejo Nacional de Reincorporación, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio de Defensa, el Ejército, la Policía, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía y la Personería de San Vicente del Caguán envíen sus informes por escrito sobre la situación de Velásquez. Así mismo la Unidad de Investigación y Acusación deberá establecer su paradero.
Tomado del portal de noticias del diario El Colombiano
