Un inventario detallado de las compulsas de copias efectuadas por Justicia y Paz, el modelo de justicia transicional aplicado principalmente a los exparamilitares, que vincularían a terceros civiles con hechos ilícitos durante el conflicto armado, hizo la Fiscalía General de la Nación.
Según el ente acusador, existen 2.311 terceros civiles relacionados con hechos del conflicto. Entre este grupo se encuentran empresarios, comerciantes, empresas del sector agropecuario, ganadero y de hidrocarburos.
La Fiscalía explica que analizó en total 16.772 compulsas de copias de esa justicia con el fin de judicializar a terceros y agentes del Estado no combatientes que habrían financiado y auspiciado el conflicto.
Esas 16.772 compulsas de copias de Justicia y Paz son producto de las versiones libres recibidas en los procesos contra paramilitares, pero no se sabe qué tan avanzadas van esas investigaciones. En estas, además de vincular a terceros civiles, también vinculan a 1.835 agentes de Estado no combatientes y 1.417 agentes del Estado combatientes, es decir, miembros de la Fuerza Pública.
Los agentes del Estado no combatientes hacen referencia a alcaldes, gobernadores, jueces, magistrados, fiscales, congresistas, diputados y concejales.
Esto, dice la Fiscalía, cumpliendo la sentencia de la Corte Constitucional que dispuso que los terceros son sujetos de la justicia ordinaria y no de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Estos terceros vinculados al conflicto, de acuerdo con el alto tribunal, solo pueden acudir de manera voluntaria a la JEP. Al menos unos 400 particulares, incluyendo exfuncionarios, han pedido cupo en esa justicia.
Tomado del portal del diario El Nuevo Siglo
