12 leyes anticorrupción se firmaron en periodo Duque

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Los resultados alcanzados por el gobierno Duque en la lucha contra la corrupción “fueron limitados frente a la magnitud del desafío” que este fenómeno representa para el país, dijo Transparencia por Colombia en un informe a pocos días del final de esta administración.

La oenegé consideró que los avances más significativos durante el periodo del presidente Iván Duque “se concentran en medidas normativas para incrementar la sanción de la corrupción”.

En este sentido, Transparencia por Colombia detalló que se eliminó la figura de casa por cárcel para los corruptos; se fortaleció la inhabilidad para volver a contratar con el Estado de empresas sancionadas por hechos de corrupción; se aprobó la posibilidad de investigar a los beneficiarios finales de personas jurídicas involucradas en hechos de corrupción, entre otros aspectos.

Asimismo destacó la creación de un Fondo Nacional para la Reparación de las Víctimas de Actos de Corrupción, a partir del cual se podrán iniciar procesos de reparación a los afectados directos por estos hechos.

Agregó que algunos de los instrumentos que ocupaban un rol preponderante en el Plan de Desarrollo del actual Gobierno para combatir la corrupción, “solamente se desarrollaron al final del período, como el Conpes 4070 de Estado Abierto, y otros definitivamente no se tramitaron, como la reforma al sistema político”.

El informe reseña que en materia normativa, entre el 2018 y el 2022 se generaron 12 leyes en lucha contra la corrupción, varias de las cuales contaron con el impulso del Gobierno nacional. No obstante, el informe contrasta que “no se promovieron reformas que atacaran los problemas estructurales, en especial en empleo público y contratación, los cuales continuaron siendo dos focos de escándalos de corrupción durante este Gobierno”.

En cuanto a las tareas pendientes contra la corrupción para el nuevo gobierno, además de ejercer un liderazgo ético integral y transversal a todas las acciones, Transparencia por Colombia reitera que se debe considerar la necesidad de abordar problemáticas estructurales (como empleo público, contratación, sistema político, control interno, presupuestos públicos y descentralización).

Así como la reglamentación e implementación de varias de las normas y acciones realizadas por el gobierno saliente. Igualmente, será fundamental garantizar el derecho de acceso a la información pública, evitar la concentración del poder en la Rama Ejecutiva, y revisar la arquitectura institucional anticorrupción.

“La preocupación generalizada por la corrupción en los últimos años se enmarca en medio de la crisis económica, el incremento de las inequidades estructurales y la fragilidad en el contexto político y social. Así, luchar contra la corrupción no es solamente dar atención a situaciones de desvío de recursos, sino también recuperar la confianza en las instituciones, fortalecer las libertades democráticas y el respeto por la separación de poderes y las garantías para la movilización ciudadana”, indicó Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia.


Fuente: El Nuevo Siglo