La procuradora general, Margarita Cabello, reveló que se han abierto más de 180 investigaciones disciplinarias por presuntos incumplimientos de los gobernadores y alcaldes en los compromisos con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), en las instituciones educativas del país.
Asimismo, el informe presentado por el Comité Especial de la entidad destacó que “se presentaron acciones de tutela contra las administraciones departamentales del Cesar, Magdalena, Quindío y Nariño, a fin de velar por los derechos fundamentales a la alimentación equilibrada, la salud y la educación de los estudiantes beneficiarios del PAE que se vieron afectados”.
En su intervención, la jefa del Ministerio Público también reconoció la labor que ejerce la entidad frente a estos incumplimientos de las administraciones municipales y departamentales. “Vigilamos la entrega de las raciones alimentarias en todo el territorio nacional, que nos permite identificar las presuntas irregularidades relacionadas con la calidad, la cobertura y la prestación oportuna del programa”, dijo.
De igual manera, la Procuraduría ha insistido en la importancia de financiar suficientemente el PAE para garantizar la alimentación durante todo el calendario escolar. Por este motivo solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público priorizar la cofinanciación del PAE para la vigencia 2022.
Igualmente, Cabello anunció que “se requirió a las Entidades Territoriales Certificadas para que adelanten de manera de oportuna y diligente las acciones que garanticen la prestación del servicio de alimentación escolar en la vigencia 2022, desde el inicio del calendario escolar y sin interrupciones”.
Adicionalmente, Cabello recalcó que “la Procuraduría General de la Nación velará porque el acceso al derecho a la educación vuelva a ser una realidad para los cerca de dos millones de niños y niñas que este año no pudieron retornar a la presencialidad”.
Conversatorio educativo
Por otra parte, la Procuradora instaló el conversatorio “La educación como garantía de los Derechos Humanos”, evento que fue desarrollado por la Organización de Estados Iberoamericanos en la Universidad del Atlántico sede Barranquilla, y que contó con la presencia especial de la Premio Nobel de Paz Rigoberta Menchú.
Temas claves como acortar las brechas existentes y mejorar la calidad de la educación para todos fueron los mensajes iniciales de la funcionaria, quien destacó que el órgano de control “está vigilante frente a la situación de todo el estudiantado colombiano, y actuamos para que las autoridades cumplan su deber de garantizar el real acceso a su derecho a la educación, y por el regreso pleno a sus instituciones educativas en condiciones dignas y seguras”.
Además, indicó que, tal como lo ha venido señalando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “las desigualdades en el derecho a la educación comienzan desde temprana edad. Muchos niños en hogares pobres nunca van a las escuelas, no empiezan a tiempo sus estudios o asisten a instituciones de menor calidad”.
También resaltó que, con la llegada de la pandemia en marzo de 2020, “los responsables de políticas educativas y la sociedad en su conjunto vieron profundamente limitada su capacidad de actuar”. En este sentido, destacó que el informe presentado el pasado mes de septiembre por el DANE reveló que el indicador de inasistencia escolar en el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) tuvo un incremento de 13,7 % (a nivel nacional), pasando de 2,7% en 2019 a 16,4% en 2020.
En este sentido, la Procuraduría reconoció la importancia de promover el retorno presencial a clases progresivo y seguro, acompañado del mejoramiento de la conectividad y por su puesto de condiciones alimentarias dignas.
Finalmente, el Ministerio Público explicó que este enfoque participativo se orientó en dos líneas fundamentales: requerir e insistir a las autoridades y servidores públicos para que implementen acciones que permitan garantizar el derecho a la educación de los niños, las niñas y los adolescentes, así como el acompañamiento preventivo en las regiones.
Fuente: El Nuevo Siglo
