Los excombatientes de las Farc temen por sus vidas cuando deciden salir de los Espacios Territoriales de Capacitación y Normalización.
Este fin de semana, en Vista Hermosa (Meta), asesinaron a Giovanni Murillas. Los autores dejaron junto a su cadáver una advertencia: “Daremos a conocer nuestro plan de exterminio a los guerrilleros camuflados en varias organizaciones sociales, políticas y sindicales”.
Los compañeros con los que compartió trochas y montañas durante los años de conflicto no habían aún asimilado el homicidio de Dimar Torres, en Catatumbo (Norte de Santander), a manos de un militar, cuando este nuevo episodio los atropelló.
Ya son 134 exguerrilleros de las Farc desde que se firmó el Acuerdo de Paz los que han sido asesinados, según las cifras de Indepaz (centro de estudios de temas relacionados con la paz), que guarda un registro pormenorizado de los casos. Las cifras varían un poco con respecto a las que tienen las autoridades: la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación registraba 105 homicidios con corte al 28 de marzo de 2019, mientras la Fiscalía reportaba 126 hechos de violencia contra excombatientes, la entidad no discrimina homicidios.
“Todo esto ha ido minando la confianza, no solamente hablamos de los exguerrilleros, ese manto de inseguridad y de falta de garantías también cobija a los familiares”, expresó Benedicto González, representante a la Cámara por el Partido la Farc.
Medidas insuficientes
El Gobierno Nacional ha buscado dar solución a esta problemática, consciente de que estos crímenes afectan la estabilidad de la implementación del Acuerdo.
“El gobierno del presidente Iván Duque está plenamente comprometido con la reincorporación de los excombatientes a la vida civil y mantiene un esquema sólido para garantizar su seguridad y la de sus familias en todo el territorio nacional”, dijo Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización.
El funcionario agregó que “el Gobierno ha provisto sólidos niveles de seguridad para quienes se mantienen en los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) que hay en el país, en cada uno hay un batallón con 100 hombres y mujeres protegiéndolos, y un contingente completo de la policía para brindar seguridad a las comunidades aledañas”.
Añadió que cuando se trata de líderes del partido político, hay un esquema de la Unidad Nacional de Protección. Ya hay 90 operando, pero los resultados muestran que estos esfuerzos no han sido suficientes para garantizar la vida de quienes dejaron las armas y cumplen el Acuerdo de Paz.
Al respecto, el congresista de la Farc expresó: “La seguridad en materia del posacuerdo no puede restringirse a que a cada persona se le coloque un esquema de protección, sino a que se proceda al desmonte de las estructuras del paramilitarismo; mientras sigan actuando con toda impunidad y libertad no va a haber seguridad para los excombatientes”.
González se refiere a que en el punto 3.4 donde ese documento trata de las garantías de seguridad el Gobierno se comprometió a “garantizar las mediadas necesarias para intensificar con efectividad y de forma integral, las acciones contra las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo”.
“Si eso no se hace puedes ponernos escolta, chaleco, botón de pánico y vehículo y nos van a matar igual”, concluyó el parlamentario.
Indepaz en su informe “Todos los nombres, todos los rostros” solicitó “avanzar y dar respuesta eficaz a las investigaciones y judicializaciones por crímenes perpetrados contra líderes sociales, excombatientes de Farc y familiares comprometidos con la paz; principalmente entorno a quienes financian y promueven estos grupos”.
CONTEXTO DE LA NOTICIA
PARÉNTESIS MOCIÓN DE CENSURA CONTRA BOTERO
Aunque el asesinato del exguerrillero Dimar Torres, hace tres semanas, a manos de un cabo de la Fuerza de Tarea Vulcano en Catatumbo (Norte de Santander), aún no ha sido completamente esclarecido, mañana será la plenaria de la Cámara de Representantes para la moción de censura al ministro de Defensa, Guillermo Botero. 20 parlamentarios pidieron esa sesión para declararlo indigno del cargo, por querer ocultar cómo ocurrieron los hechos, por los que pidió perdón el general Diego Villegas.
Tomado del portal del diario El Colombiano
