Arranca el juicio contra separatistas catalanes que divide a España

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Doce políticos independentistas comparecerán desde esta semana ante el Tribunal Supremo.

Por: Juanita Samper Ospina

El Tiempo

Después de varios meses de incertidumbre judicial, los españoles redirigen la mirada hacia el juicio que se adelantará contra los dirigentes políticos que actuaron a favor del independentismo catalán. Serán juzgados por haber convocado, en contra de la Constitución, a un referéndum sobre la secesión de Cataluña y por la posterior declaración unilateral de independencia en el mes de octubre de 2017.

Ante el Tribunal Supremo, máximo organismo judicial en España, comparecerán doce figuras independentistas; nueve de ellas bajo prisión preventiva en la actualidad.

Se trata del exvicepresidente del gobierno catalán Oriol Junqueras; los exconsejeros Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs; la expresidenta del Parlamento, Carme Forcadell; el actual diputado de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez; y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart.

Ubicados hasta ahora en cárceles catalanas, los presos han sido trasladados a prisiones de Madrid, desde donde deberán presentarse al juicio, que podría durar más de tres meses.

Los políticos catalanes están acusados por delitos de rebelión, desobediencia y malversación de fondos públicos. La Fiscalía española pide para ellos condenas de entre siete y veinticinco años.

El ‘procés’

Conocido como el ‘procés’, el proceso independentista es entendido por la acusación del Estado como un intento premeditado por fracturar el orden constitucional. Para los secesionistas, es simplemente una respuesta a una reivindicación legítima. Y para la mayoría de los españoles, constituye un instrumento que ha quebrado el interior de Cataluña, donde las fuerzas a favor y en contra se mantienen prácticamente iguales.

Los constitucionalistas y los independentistas no representan mayorías significativas, pero los primeros aseguran que eso cambiará cuando los segundos dejen de detentar el poder y cese la campaña de lavado de cerebros que se lleva a cabo en la región desde hace varias décadas.

Intervención central

El intento separatista condujo a la intervención del Estado en Cataluña, tras poner en marcha el artículo 155 de la Constitución a finales de octubre de 2017. Mediante la norma, que fue impulsada por el gobierno conservador del expresidente Mariano Rajoy, el Estado central asumió competencias que correspondían a la comunidad autónoma catalana.

El actual presidente Pedro Sánchez, de centro izquierda, suspendió su aplicación, debido en parte a que la coalición parlamentaria que lo convirtió en presidente contó con el apoyo de congresistas separatistas.

A pesar del respaldo de grupos secesionistas, Sánchez ha amenazado con reimplantar el artículo 155 por la complacencia del gobierno regional con bloqueos en las vías de transporte en Cataluña bajo las órdenes de los llamados Comités de Defensa de la República.

Aunque Sánchez en público es un crítico del separatismo, se ha reunido varias veces con la Generalitat (gobierno catalán) y cree en el diálogo como mecanismo idóneo para resolver la crisis.

La situación, sin embargo, se le complica ahora: un pulso con el Tribunal Supremo sería incomprensible y mal visto por la mayoría de los españoles. La justicia es la que ahora tiene el verdadero control del problema catalán y desafiarla sería completamente contraproducente, más aún cuando el actual gobierno tendrá que enfrentar las elecciones presidenciales, que serían convocadas este año, según acaba de anunciar.

JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal de EL TIEMPO

Madrid


Tomado del portal del diario El Tiempo