Autoridades indígenas dicen que fue secuestrada y abusada. Fiscalía individualizó a 8 militares.
El abuso sexual de una menor embera chamí de 13 años, en la que estarían implicados ocho soldados, despertó repudio e indignación nacional, y llevó a que se escucharan voces para que en el caso se aplique la recién aprobada cadena perpetua para violadores y asesinos de menores.
El mismo presidente Iván Duque calificó la situación como “un hecho doloroso, bochornoso e inadmisible” que debe castigarse ejemplarmente y pidió que a los culpables “les caiga todo el peso de la ley sin contemplación alguna”.
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Y añadió: “si nos toca estrenar con ellos la cadena perpetua, la vamos a estrenar con ellos y con cualquiera que quiera pisotear la dignidad de un niño, para que cojan escarmiento esos bandidos, esos sinvergüenzas que creen que pueden pasar por encima de la dignidad de nuestros niños en Colombia”.
Le ordenó además al comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, que hablara directamente con el gobernador del cabildo y le garantizara que ese tipo de hechos no se iban a repetir ni a tolerar.
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La directora del ICBF, Lina Arbeláez, dijo que se ordenó activar la ruta de atención de restablecimiento de derechos de la menor, “ante el repudiable acto de violencia sexual” y pidió garantías en su caso así como “todo el peso de la ley para sus abusadores”.
Adriana Benjumena, directora de la organización Humanas, que trabaja por la justicia de género, alertó sobre la desprotección que enfrentan en el país los menores de edad, especialmente comunidades indígenas, que han sido “históricamente excluidas y discriminadas”.
Pero pese a la atrocidad del crimen, la sanción de la prisión perpetua que mencionó hasta el presidente Duque no se podría aplicar en este momento puesto que aunque el Congreso aprobó la medida, la misma no ha sido reglamentada.
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Camilo Burbano, abogado penalista, detalló que lo aprobado la semana pasada en el Congreso es una reforma constitucional que para ser aplicada requiere una reglamentación. La semana pasada el mismo Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, recalcó que el Ejecutivo tiene un plazo de un año para radicar un proyecto de ley para ello.
Sin que eso pase, dijo el penalista, ningún juez en el país puede aplicar la cadena perpetua, sea en casos de militares o de civiles. En todo caso, por la gravedad del delito y por tratarse de cargos tan delicados como secuestro y abuso sexual, se exponen a penas de más de 45 años de cárcel.
En manos de la Fiscalía
La violación de la menor, perteneciente a la etnia embera chamí, ocurrió en la tarde de este 22 de junio en la vereda Santa Cecilia de Pueblo Rico, Risaralda, y según la versión de autoridades indígenas, la niña primero fue sacada del lugar en el que estaba.
Juan de Dios Queragama, gobernador del resguardo Gito Dokabu embera katío de Santa Cecilia, relató que la menor fue secuestrada y abusada sexualmente por un grupo indeterminado de soldados, quienes estaban en el territorio para brindar seguridad y conservar el orden en estas épocas de pandemia, señaló.
Quegarama exigió, asimismo, que los soldados señalados de los hechos sean entregados a las autoridades indígenas para ser procesados según sus leyes.
“Exijo, como autoridad mayor, que los agresores sean entregados para que desde nuestra propia autoridad y autonomía puedan ser juzgados, y una vez paguen su condena bajo nuestra propia legislación, sean juzgados por las leyes de ustedes”, manifestó.
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Desde que se conoció el atroz hecho, las Fuerzas Militares descartaron que el caso fuera competencia de la Justicia Penal Militar, y la investigación ya está en manos de un fiscal de Risaralda al que se asignó un equipo especial de peritos.
La delegada para Seguridad Ciudadana del ente acusador, Carmen Torres, señaló que la menor ya fue escuchada en entrevista y se le practicaron los exámenes del caso. Indicó también que se han escuchado otras 25 declaraciones que ya hacen parte del proceso y que corresponden a personas que conocieron de los hechos y podrían ser testigos de este crimen.
La delegada añadió que están individualizados ocho uniformados que fueron vinculados al proceso, y que los peritos ya recogieron evidencias en el sitio en el que ocurrieron los hechos, pruebas que ya fueron entregados al fiscal que adelanta el caso.
Por su parte, la Procuraduría General, en ejercicio del poder preferente, asumió la actuación que había iniciado la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ejército, con sede en Pereira, y abrió indagación preliminar contra uniformados del Batallón San Mateo, que ya fueron apartados de sus funciones y están pendientes del llamado de la Fiscalía y la Procuraduría para responder penal y disciplinariamente.
Este caso que indigna al país hace parte de los cientos de procesos que llegan a las autoridades. Según cifras de Medicina Legal, entre enero y mayo de este años se han realizado 7.544 exámenes por presunto abuso sexual. En 6.479 de los casos las víctimas eran menores, 5.422 mujeres y 1.057 hombres. El informe señala las edades de las víctimas así: de 0 a 4 años, 744; de 5 a 9 años, 1.749; de 10 a 13 años, 2.433, y 14 a 17, 1.553 víctimas.
Tomado de portal del diairo EL TIEMPO
