Informe de la FIP documentó cómo cambiaron las dinámicas del conflicto en el 2019.
Por: Milena Sarralde Duque
EL TIEMPO
Cauca, el departamento que en los últimos meses concentra todas las alarmas, es la región en disputa en la que más crecieron los homicidios este año. Entre enero y septiembre, en el norte del Cauca, los asesinatos subieron un 16 %, pasando de 305 casos en el 2018 a 353 en el 2019. Y en el centro-sur de ese departamento, la variación fue de un 78 por ciento, con 32 casos en 2018 y 57 este año.
Precisamente, Cauca, donde las disidencias han mantenido sus ataques contra la población indígena, es la región que más ha conmocionado al país en los últimos meses, con el asesinato de la candidata a la alcaldía de Suárez, Karina García junto con cinco personas más, la masacre de cinco indígenas y de cuatro geólogos. También con el homicidio, este fin de semana, de un excandidato del partido Farc, un indígena y la desaparición de un campesino, entre otros casos que han generado terror.
Esta variación de homicidios fue documentada por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en un informe en el que evaluó cómo han cambiado las dinámicas del conflicto en el 2019.
Aunque a nivel general, dice la FIP, el homicidio en Colombia tuvo una leve disminución del 1 por ciento (específicamente, en las principales ciudades), en las zonas en disputa hay cambios importantes luego de la firma del acuerdo de paz y la salida de escena de las Farc como grupo armado.
Además de Cauca, la FIP asegura que los homicidios crecieron en un 3 por ciento en el Catatumbo, donde el Eln mantiene una disputa contra ‘los Pelusos’; y en el bajo Putumayo (3,8 %), que comprende Puerto Asís, Puerto Caicedo y Orito, y donde se ha dado una reconfiguración del conflicto.
Mientras tanto, en el bajo Cauca y sur de Córdoba, otras de las regiones en conflicto donde se concentran los homicidios, los asesinatos bajaron un 6 por ciento, al pasar de 373 casos en 2018 a 352 en el 2019, probablemente, por la división de territorio que acordaron los grupos armados.
Otras regiones donde hubo una disminución fue en la zona rural de Tumaco (-19 %) ante un pacto de no agresión entre las disidencias; Chocó (-6,6 %), pese a la disputa entre el ‘clan del Golfo’ y el Eln, y Telembí (-33,3 %), que abarca la zona de Barbacoas, Maguí Payán y Roberto Payán, por la alianza del Eln y disidencias del frente ‘Estiven González’.
Creció la conflictividad
La FIP asegura que este año crecieron los combates de la Fuerza Pública y las acciones de los grupos armados, “lo que reafirma la reactivación de la confrontación durante la fase de implementación de los acuerdos de paz”.
Así, las acciones violentas de los grupos armados (enfrentamientos, hostigamientos, emboscadas y atentados) crecieron en un 17 por ciento, mientras que los combates de la Fuerza Pública con los grupos ilegales subieron en un 53 %, al pasar de 58 entre enero y septiembre del 2018, a 89 en el mismo periodo del 2019. Los enfrentamientos contra el Eln subieron en un 106 %, y en un 24 % contra las disidencias.
También crecieron las capturas contra miembros de grupos armados en un 26 por ciento, y las muertes de actores ilegales en operativos, en un 11 por ciento. El grupo con mayor número de capturas es el Clan del Golfo (unas 1.600 este año), y el mayor número de muertos está en las disidencias, con 80 de sus integrantes.
El grupo más activo sigue siendo el Eln, que este año protagonizó el 46 % de las acciones armadas, aumentando en un 115 % los ataques a la infraestructura petrolera.
A pesar del aumento de la conflictividad, según la FIP los desplazamientos han disminuido al pasar de 123.851 personas expulsadas en 2018, a 68.154 proyectadas para este año. Pero subió el confinamiento, que tiene un alto impacto en la movilidad y en la vida de las poblaciones y que este año, hasta septiembre, había dejado 10.477 víctimas, el 74 por ciento en Chocó y el Catatumbo.
Los homicidios contra los líderes sociales, según la FIP, bajaron en un 27 por ciento (pasando de 109 a 80), pero aumentaron las amenazas en un 31 por ciento, con 193 el año pasado y 252 este año.
Y aunque las agresiones contra excombatientes siguen preocupando, la FIP reportó que bajaron en un 40 por ciento, así como los homicidios, en un 25 por ciento.
Finalmente, las pasadas elecciones fueron las más violentas de los últimos 10 años, pues los homicidios de candidatos crecieron en un 150 por ciento frente a las del 2015, y las amenazas en un 277 %.
3 preguntas a María Victoria Llorente, directora de la FIP ‘La violencia hoy está más focalizada’
La directora de la Fundación Ideas para la Paz, María Victoria Llorente habló con EL TIEMPO sobre las principales conclusiones del informe que muestra las nuevas dinámicas del conflicto, y sobre los retos que afrontará el próximo ministro de Defensa que designe el Presidente.
¿Cómo cambió el conflicto?
En el país cambiaron las dinámicas de la confrontación con la salida de las Farc. Cambió el tipo de actor, pues ya no hay grupos con coordinación nacional, como lo eran las Farc, sino acciones más localizadas, grupos como el Eln, las facciones disidentes, el ‘Clan del Golfo’, con una capacidad limitada territorialmente. La violencia está focalizada. Si uno mira el mapa de la confrontación, hasta hace 15 años más o menos más la mitad de los municipios tenía algún tipo de afectación, hoy eso no está en más de 200 municipios.
¿Y las economías ilegales?
Antes teníamos unos oligopolios sobre las economías ilegales. Hoy hay una multiplicidad de actores que extraen recursos de la cadena ilegal, pero que no la controlan.
¿Cuáles son los retos con el cambio del Mindefensa?
El primer desafío es reconstruir la confianza adentro de las instituciones armadas, pero sobre todo hacia afuera. También debería revisar la estrategia de cara a la nueva confrontación armada, ver dónde está funcionando la política de seguridad, dónde no, y por qué. Lo que hemos presenciado en los últimos dos años es un deterioro de la seguridad, y eso no es solo responsabilidad del Gobierno Duque, sino de atrás. Es un deterioro sin mejoría en las zonas más afectadas por el conflicto que son las PDET.
Otro desafío es conectar la seguridad con las preocupaciones de la ciudadanía, y aquí hay una oportunidad porque el Gobierno no ha sacado su política de seguridad ciudadana y porque además hay nuevos mandatarios. El último punto donde hay oportunidad es el de conectar la seguridad con la agenda de equidad y desarrollo en los PDET, para ver cómo quitarles espacios a las economías ilegales y ganar espacios en las legales.
Milena Sarralde Duque
Subeditora de Justicia
Tomado del portal del diario EL TIEMPO
