El senador Rodrigo Lara expone una polémica figura para extender el fuero del expresidente Uribe.
Por: María Isabel Rueda
EL TIEMPO
¿Qué balance hace de las elecciones del domingo?
Ayer (domingo) se vivió en el país un cambio de paradigma. Colombia duró 20 años eligiendo gobiernos de centroderecha. Una vez terminado el conflicto armado, los males que se sufrían pacientemente como inevitables parecen insoportables desde que se concibe la idea de sustraerse a ellos. El final de la guerra puso al descubierto los males que subsisten: son ciertamente menores, pero la sensibilidad es más viva. A falta de marcos ideológicos en las sociedades de hoy, el ciudadano se comporta como un consumidor exigente que pide más equidad y mejores bienes y servicios públicos con mucho más eco y sensibilidad, gracias a las redes sociales. Ayer ganaron los que reivindican este discurso y han sabido sintonizarse con esta demanda. El péndulo cambió de dirección.
Pasadas las elecciones, se puede ver más claro si es posible que el Gobierno logre que el Congreso repita la votación de la nueva ley de financiamiento. ¿Lo cree posible, y cuál va a ser la posición de su bancada?
El Gobierno sigue confundiendo politiquería con gobernabilidad. Transcurrido un año, su balance en el Congreso sigue siendo más bien improductivo. Tanto así que sus principales proyectos de ley no han tenido éxito. En un periodo presidencial de cuatro años, las elecciones locales ponen fin, por lo general, a la luna de miel inicial de un gobierno que, creo, enfrentará dificultades para sacar adelante la ley de financiamiento tal como se lo ha propuesto, máxime si su propósito es mantener incólume el texto que fue aprobado.
Se ha filtrado que usted viene pensando una salida para la situación judicial que afronta el expresidente y senador Álvaro Uribe ante la Corte Suprema. Sería una salida política. ¿Me puede explicar en qué consistiría?
Como sé que abrir este debate me va a generar varios dolores de cabeza, e incluso alguna estigmatización, quiero decir primero que no tengo un interés personal distinto que el de buscar que esta sociedad supere sus fracturas, blinde sus instituciones y pueda trabajar para el interés común.
¿Y entonces?
Este es un debate institucional que trasciende el caso y la persona del doctor Uribe Vélez. No quiero presuponer con esta idea que el expresidente Uribe va a ser condenado. Quiero plantear un debate de naturaleza institucional.
¿En qué sentido plantea eso?
Judicializar a un expresidente de la república no es un asunto menor, es algo que en Colombia nunca había ocurrido en el pasado. La figura de la institución presidencial ha representado el dique de contención contra los peores fenómenos que hemos tenido que enfrentar como sociedad. Ha sido la institución presidencial de donde han surgido la voluntad y la capacidad para enfrentar tal vez algunas de las amenazas criminales más graves que haya tenido que padecer alguna sociedad en la historia. El Congreso es fácilmente cooptable, y la Rama Judicial cumple, pero como una función distinta. En una sociedad tan desigual, con tantas fracturas sociales, desde el momento en que se desacraliza la figura y se lleva ante los estrados, y posiblemente a la cárcel también, a un expresidente de la República, se vuelve después costumbre o deporte defenestrar presidentes. Lo hemos visto en países vecinos. Lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto en Perú y en Brasil recientemente.
El reciente brote de violencia y de manifestaciones populares en Ecuador también obedece, digamos, a la costumbre que se creó en el pueblo ecuatoriano de resolver sus diferencias y sus insatisfacciones tumbando a los presidentes, marchando sobre la capital y forzando su renuncia. Tanto así que la única manera que encontraron los ecuatorianos de mantener un semblante de estabilidad fue en un gobierno populista como el de Correa. Entonces me preocupan mucho los efectos que el caso Uribe pueda tener sobre la institución presidencial en sí.
Esa es su preocupación. ¿Pero cuál es la propuesta concretamente?
Con esta entrevista quiero abrir un debate público. La discusión surge porque, en mi opinión, el caso del expresidente Uribe tiene dos facetas. Una primera es el asunto de la supuesta manipulación de testigos y una segunda, que esos testimonios versarían sobre hechos que tendrían que ver con acontecimientos que podrían ser ligados al difuso y amplio concepto de conflicto armado que se definió en los acuerdos de paz y en el marco de la JEP.
¿Tenemos, en resumen, a un presidente en un limbo jurídico?
Sí. Yo fui ponente del acto legislativo de la JEP en el que de manera enfática dejamos claro que los presidentes no pueden ser llamados en responsabilidad por ese organismo. Por consiguiente, un expresidente investigado por hechos de esa naturaleza tendría que enfrentarlos ante la jurisdicción ordinaria con todo su rigor, lo cual crea un desbalance. Yo creo que los expresidentes, ante situaciones así, deberían contar con un régimen especial que les extienda, por ejemplo, retroactivamente, el fuero. Y digo por ejemplo, pues porque es una idea que estoy planteando, sin que sea definitiva.
Y que va a levantar mucha ampolla, imagino. ¿Con quién lo ha conversado?
Con diferentes sectores políticos, obviamente que no hacen parte del Centro Democrático. Lo he conversado con miembros del Partido Liberal, del partido de ‘la U’, con académicos, con empresarios. No podemos tener una JEP que otorga penas alternativas, un régimen especial para los miembros de las Farc, a los militares que hayan cometido crímenes en el marco del conflicto, a paramilitares y empresarios, y tener a un expresidente enfrentando procesos y penas en la jurisdicción ordinaria.
¿Pero extender el fuero en qué lo protege?
Quiero resumir la idea así: impunidad, no; privilegio de jurisdicción, sí. La JEP es en sí un privilegio de jurisdicción para actores del conflicto y para quienes tangencialmente tengan relación con la amplia definición de conflicto. Creo que extender el fuero para casos relacionados con el conflicto le permite a un expresidente asumir su defensa desde el Congreso de la República, en ejercicio del fuero constitucional. Esto tiene de largo como de ancho. Hay elementos jurídicos y también elementos políticos. Cualquier juicio que se haga a un expresidente de la república tiene, obviamente, elementos jurídicos, pero también una carga política indiscutible. Para eso son los fueros presidenciales, para que se puedan dirimir al mismo tiempo la responsabilidad penal y la responsabilidad política.
¿Usted ha hablado de eso con él?
Le mencioné el asunto en una ocasión, que buscáramos una salida a la situación que él estaba enfrentando, por el bien del país y por el bien de la institución presidencial. Él obviamente señala que no podría participar en ninguna medida que pueda ser interpretada por los colombianos como algo que lo beneficie, y le dije que yo era perfectamente consciente de eso, que eso no puede nacer de él ni de su partido.
Le caerán a esa propuesta diciendo que lo que está buscando es la impunidad. ¿En el futuro, los presidentes de Colombia podrían delinquir con la tranquilidad de la impunidad?
No es impunidad. Consiste en llenar un vacío institucional, un desbalance, una situación no prevista.
¿Pero no es una forma también de decir: ‘Aquí en Colombia todo el mundo puede ser juzgado, menos su presidente, o su expresidente’?
No creo que esta iniciativa se deba referir a todas las actuaciones de los expresidentes. Me parecería intolerable que se extendiera a graves casos de corrupción, por ejemplo. Me quiero ceñir a hechos que se refieran a la muy amplia definición de conflicto armado que establecimos en los acuerdos de paz. Un exjefe de Estado lleva en sus hombros un valor simbólico y representa la más alta dignidad de un país ante el mundo. Por eso, siempre debe pensarse en un régimen de cierta excepcionalidad que proteja la institución. En Estados Unidos tienen clara la importancia de la institución presidencial, recordemos el perdón de Ford a Nixon.
Hay sectores que opinan que esta ‘salida’ para Uribe también lo sería para el expresidente Juan Manuel Santos. ¿Es así?
Como dije en un principio, no quisiera personalizar esta iniciativa. La veo como una medida que suple un vacío para todos los presidentes, los pasados y los futuros. No conozco el caso puntual del doctor Santos, al que se pueden referir esas personas, que piensan que eso podría beneficiarlo.
Bueno. Ya veremos cómo cae esta propuesta en el ambiente político y en el de la opinión pública. Termino preguntándole: si a usted el presidente Duque lo llamara hoy y le dijera: ‘Oiga, senador, deme un consejo para mejorar estas relaciones entre el Gobierno y el Congreso’, ¿qué le recomendaría?
La ley de financiamiento hay que votarla de nuevo superando sus defectos; al fin y al cabo, todos estamos montados en un mismo barco. Yo le diría al presidente Duque que aprovechemos el momento para revisar las mortificantes exenciones tributarias, que pueden sumar cerca de 14 billones de pesos y no son nada distinto a prerrogativas de algunos frente al impuesto. Así podríamos, por ejemplo, superar el déficit de cerca de 18 billones de pesos del año entrante. Así podríamos aliviar, también, la carga que pesa sobre los asalariados y las empresas.
¿Cree que esta ley de financiamiento es imprescindible?
Sí, para mandar un mensaje de estabilidad en la economía del país. Muchas decisiones de inversión se han tomado sobre la base de esa ley. La gran apuesta del país es atraer inversión local y extranjera el año entrante, en un panorama de la economía global que no luce claro. Por eso es tan importante mandar mensajes de estabilidad y, por parte del Presidente, de gobernabilidad. Yo le recomendaría al presidente Duque, un hombre inteligente y decente, que separe dos hechos que son completamente distintos. Una cosa es repartir prebendas, otra es gobernar eficazmente.
María Isabel Rueda
Especial para EL TIEMPO
Tomado del diario EL TIEMPO
