El mandatario derogó un decreto que creaba procedimientos de mayor transparencia en el trámite.
Argumentando que la elección del Fiscal General de la Nación solo debe realizarse de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Constitución Política, el presidente Iván Duque tumbó el decreto 450 del 2016, que permitía, entre otras cosas, mayor transparencia para la elección de dicha entidad.
La decisión es polémica porque se toma en momentos en los que el Gobierno debe postular a sus tres candidatos para reemplazar a Néstor Humberto Martínez, quien renunció a mediados de mayo pasado.
Para el Gobierno, la elección del Fiscal “debe ser ejercida en los estrictos y precisos términos de lo consagrado en la Constitución Política y la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, conforme a la regla especial de procedimiento allí prevista, sin que por vía reglamentaria pueda ser modificada ni sometida a reglas distintas de elección establecidas para la designación de otro tipo de servidores públicos”, dice el decreto que derogó el del 2016, firmado por el expresidente Juan Manuel Santos.
Con la nueva norma, el Presidente omite los pasos establecidos en el 2016, que además de la convocatoria pública, imponía procedimientos que en su momento fueron exigidos por ONG y centros jurídicos, que consideraban que de esta manera se garantizaba un procedimiento más transparente en la elección del segundo funcionario público más importante del país.
El decreto derogado por orden del presidente Duque establecía, por ejemplo, que los aspirantes a la terna, que es enviada por el Ejecutivo a la Corte Suprema, debían inscribirse a través de una convocatoria pública.
Argumentando que la elección del Fiscal General de la Nación solo debe realizarse de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Constitución Política, el presidente Iván Duque tumbó el decreto 450 del 2016, que permitía, entre otras cosas, mayor transparencia para la elección de dicha entidad.
La decisión es polémica porque se toma en momentos en los que el Gobierno debe postular a sus tres candidatos para reemplazar a Néstor Humberto Martínez, quien renunció a mediados de mayo pasado.
Para el Gobierno, la elección del Fiscal “debe ser ejercida en los estrictos y precisos términos de lo consagrado en la Constitución Política y la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, conforme a la regla especial de procedimiento allí prevista, sin que por vía reglamentaria pueda ser modificada ni sometida a reglas distintas de elección establecidas para la designación de otro tipo de servidores públicos”, dice el decreto que derogó el del 2016, firmado por el expresidente Juan Manuel Santos.
Con la nueva norma, el Presidente omite los pasos establecidos en el 2016, que además de la convocatoria pública, imponía procedimientos que en su momento fueron exigidos por ONG y centros jurídicos, que consideraban que de esta manera se garantizaba un procedimiento más transparente en la elección del segundo funcionario público más importante del país.
El decreto derogado por orden del presidente Duque establecía, por ejemplo, que los aspirantes a la terna, que es enviada por el Ejecutivo a la Corte Suprema, debían inscribirse a través de una convocatoria pública.
Además, que esas listas serían públicas, de tal manera que la ciudadanía pudiera pronunciarse y expresar eventuales reservas sobre los candidatos. También establecía una entrevista previa cuyas reglas de juego serían divulgadas previamente para garantizar “equidad y transparencia”.
El gobierno del presidente Duque considera que por vía de un decreto no se podía modificar la Constitución, si bien la norma derogada no variaba de fondo el procedimiento para elegir fiscal. Esto es, que el presidente terna candidatos que cumplen los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y que este último tribunal, en sala plena, elige por mayoría absoluta.
Tomado del diario EL TIEMPO
