Duro regaño de jueces de la JEP a Gobierno por violencia contra exFarc

Foto: Isabella Morales / EL TIEMPO

Es la tercera audiencia del proceso de medidas de protección por asesinatos y otras violencias.

Este miércoles, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizó la tercera audiencia territorial con excombatientes de las Farc, comparecientes ante esa justicia, por las amenazas, homicidios y otras formas de violencia que estos vienen sufriendo tras la firma del Acuerdo de Paz.

Desde las 8:30 a.m., magistrados y magistradas de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad escucharon a voceros del hoy partido Farc que adelantan su reincorporación en el sur del país, región que ha concentrado la mayoría de homicidios contra excombatientes.

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La audiencia de este miércoles, presidida por la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo, también tuvo un enfoque étnico, así como en la anterior, realizada desde Ituango, Antioquia, se enfocó en el tema de género.

Después de escuchar a los representantes de las instituciones públicas (gobernaciones, ministerios de Defensa e Interior, Defensoría del Pueblo, entre otros), los magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento intervinieron.

Inicialmente, la magistrada María del Pilar Valencia manifestó su preocupación por el incremento de riesgos y de la violación de derechos de los reincorporados. Por eso, preguntó a la Fiscalía y a los representantes de la Fuerza Pública por los impactos de las acciones que adelantan y por cómo va el desmantelamiento de organizaciones criminales que afectan a los excombatientes.

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Por su parte, el magistrado Gustavo Salazar señaló su inquietud porque ningún ministro ni viceministro asistió a la audiencia para comprometerse con estrategias concretas. Dijo que la seguridad de los comparecientes no es solo una obligación constitucional, sino especialmente para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

«Los argumentos en relación con que ello no era previsible no son invocables», dijo el magistrado.

La violencia contra los ex Farc es «amplia, continua, generalizada e incesante» y la respuesta ha sido «claramente insuficiente», lo que se refleja en los asesinatos y la «manifiesta imposibilidad de consolidar territorios, lo que me parece de particular y especial gravedad», expresó Salazar.

Dijo que la imposibilidad de consolidar el territorio por parte de la Fuerza Pública no lleva a una reubicación, sino a un desplazamiento.

«Yo realmente le pregunto a las instituciones, de verdad seamos serios en esto, lo que viene a la mesa no es realmente lo que se está haciendo, claramente no está funcionando, porque los asesinatos siguen. En la última semana se han asesinado tres excombatientes en esta región. Si claramente no están funcionando, la respuesta no es contarnos lo que se ha hecho, sino cuáles son las derivas estratégicas, hacia donde va orientada la acción, cuáles son los componentes que deben ser ajustados, cuál es la institucionalidad que debe ser reformada, cuáles son los recursos que deben ser orientados», dijo el magistrado Salazar.

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El magistrado Salazar señaló que tampoco ve una reflexión sobre el concepto de seguridad integral, que va más allá de salvaguardar la vida de los excombatientes. «Son ciudadanos, y en pleno derecho les asiste la protección total, integral, y dentro de esa integralidad está concebida la seguridad que debe garantizar su manutención», señaló. «No veo una estrategia realmente», añadió.

Se manifestó sorprendido porque las acciones del Estado se hayan convertido en interponer recursos frente a las peticiones de quienes son protegidos. Dijo que ni siquiera las instituciones han manifestado qué harán con las Nuevas Áreas de Reincorporación.

Debería hablar la Fiscalía de la mano del Ministerio de Defensa sobre el desmantelamiento. «La inaplicación integral de los acuerdos de paz» se refleja en «una falencia enorme del Estado para consolidar el territorio y brindar seguridad», dijo también el magistrado Gustavo Salazar.

Después, tomó la palabra el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Sección, quien se unió a la preocupación por las respuestas de las entidades. «Cada vez la cadena de delegación es mayor, aquí no asiste ningún responsable de ninguna entidad», dijo Ramelli. Según él, eso le demuestra «el poco interés que tienen por el tema», pues según él «deberían estar las cabezas de las entidades».

«No veo que exista un interés por el tema. Las entidades vienen, hacen un resumen de una cantidad de acciones desarticuladas completamente, pero la realidad es tozuda, es que estamos hablando de más de 100 personas asesinadas, pero no hay ninguna explicación. Todas las entidades dijeron estar haciendo todo, que todo está perfecto, y nadie explica entonces lo que está pasando. Estamos viviendo casi que en un mundo esquizofrénico. Por un lado las entidades consideran que no existe un problema, a ninguna entidad escuché que tuviera un problema, y por el otro más de 105 personas han sido asesinadas» en esa región, añadió Ramelli.

Dijo que se siente frustrado, pues esperaba acciones concretas, un plan estratégico o, por lo menos, el reconocimiento de la existencia de un problema. «Lo que está de por medio es el fracaso del proceso de paz» si no se les da seguridad a quienes entregaron las armas, les dijo a los representantes de las entidades del Estado. «Eso depende de una muy férrea voluntad política y, la verdad, no lo estoy viendo». «No hay una estrategia de Estado, y si no hay una estrategia de Estado, difícilmente la situación va a cambiar en los territorios», les señaló el magistrado.

La magistrada Jaramillo retomó estas afirmaciones, así como las de los excombatientes, cuando afirmaron: «Hemos sobrevivido a la guerra, pero no estamos sobreviviendo a la paz», por lo que se sumó a la preocupación. Por eso preguntó al Ministerio de Defensa por la vigilancia a los antiguos ETCR con qué medios están siguiendo la seguridad de esas regiones.

La Procuraduría se sumó a estas preocupaciones por los pocos avances mostrados por las entidades. Manifestó su preocupación por la falta de información del departamento de Cauca, porque se vio «una falta de respeto a la solemnidad y seriedad frente a la diligencia judicial». Esto, dado que los funcionarios del departamento de Cauca se presentaron de forma tardía, desde un vehículo en movimiento, y sin una presentación preparada.

Carlos Caicedo, consejero presidencial adjunto para la estabilización y la consolidación, reiteró «el compromiso del Gobierno en relación con la seguridad de los excombatientes».

Aunque pareciera que no hay un contexto estratégico y coordinación institucional, por el carácter territorial de la audiencia, según dijo, pidió a la JEP una sesión más extensa para presentar de forma más amplia e integral la política que desarrolla el Gobierno sobre la seguridad de los excombatientes. «El Estado sí le pone seriedad y responsabilidad a este tema. Estamos aquí atendiendo esta situación, hemos tomado atenta nota», agregó. A esto, la magistrada Jaramillo anunció que viene una audiencia nacional en la que no se permitirá delegación y allí verán la articulación.

La audiencia comenzó con intervenciones de expertos, quienes presentaron el contexto de la violencia que sufren los excombatientes. El primero en participar fue Camilo González Posso, director de Indepaz.

González Posso señaló que en la región Sur y Pacífico las violencias que afectan a los excombatientes son expresiones locales de dinámicas más amplias. En el Pacífico, señaló el tema de la ocupación de propiedades colectivas étnicas y zonas de interés forestal en el andén Pacífico, entre Valle, Cauca y Nariño.

Esta costa, señaló, se ha convertido en una región de interés para proyectos agroindustriales de distinto tipo, así como para toda la cadena de producción desde la hoja de coca hasta el clorhidrato de cocaína.

La zona andina recoge sobre todo poblaciones campesinas, indígenas y negras, estas últimas en menor medida que en el corredor Pacífico, donde predominan.

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El director de Indepaz dijo que las estructuras criminales de la región forman parte de estructuras macro a nivel nacional e internacional. «Son estructuras complejas que tienen un componente armado visible y otros articulados en la política» y con fachadas en la economía legal, aseguró Camilo González.

Señaló que en la región, la dejación de armas de las Farc implicó la salida de dos grandes estructuras de esa antigua guerrilla, mientras que el Eln tenía una presencia más limitada.

Aseguró que desde 2017, con la salida de las Farc se dio una disputa armada por el control territorial, y que los llamados «disidentes» no son una reorganización política de las antiguas Farc, sino que articulan redes mafiosas, de narcotráfico y paramilitares, más pequeñas. Su objetivo es el tráfico de drogas y armas, señaló.

En este contexto, los excombatientes, «como gestores de paz», se convierten en blanco de los grupos armados, dijo Camilo González Posso.

Estabilidad de los ETCR, atención a alertas tempranas, mecanismos de diálogo entre las instituciones y fortalecimiento de pedagogías para la paz fueron algunas de las alternativas que González Posso presentó para hacer frente a estas violencias.

A continuación, Camilo Ernesto Ortega García, profesor de la Universidad del Cauca, dijo a la JEP, presentó la situación de la reincorporación en ese departamento, con énfasis en los elementos sociales y económicos.

Cauca concentra el tercer conglomerado más grande de reincorporados, con más de 1.200 personas, después de Meta y Antioquia. Allí hay cuatro antiguos ETCR. Según dijo, no se puede generalizar sobre las condiciones de cada uno de estos, pero señaló tres aspectos: la situación de inseguridad, el compromiso de los acuerdos de paz con la institucionalidad y la situación particular de los territorios.

Dijo que todos los espacios de reincorporación en Cauca se encuentran en situación de riesgo, entre otras razones, por la presencia de grupos armados y economías ilegales. «En el caso del Estrecho Patía, la presencia de nuevos grupos que entran a disputarse el control territorial, así como la generación de propuestas políticas del partido Farc, hace que sean objetivo de atentados», dijo, como ejemplo.

Otros espacios, como el de Caldono, registran presiones por grupos armados, por su ubicación geográfica estratégica, señaló. Además, dijo que más de 130 excombatientes han pedido ser reubicados en Popayán.

El profesor señaló que las precariedades de la situación económica de las personas en reincorporación, con dificultades incluso para suplir necesidades básicas, es uno de los factores que ha aumentado la desconfianza de estos en la implementación del acuerdo de paz. Esto aumenta el riesgo de la población, dijo Ortega García.

Los voceros de Farc hablan

El primer vocero de Farc en hablar fue ‘Pablo Catatumbo’, líder del partido Farc y excomandante del bloque occidental, que actuó en la región. ‘Catatumbo’ agradeció a la JEP haber incluido en estas diligencias al Departamento Nacional de Planeación y al Departamento Administrativo para la Función Pública.

«Acudimos a esta JEP en nuestra condición de alta parte contratante del acuerdo de paz con carácter internacional que firmamos entre el Estado colombiano y nuestra antigua guerrilla», dijo.

Dijo que creen en la palabra que empeñaron ellos y el Estado, para dejar las armas y pasar al debate «político y civilizado», pero que en este esfuerzo, a pesar de que ratifica que seguirán «sin descanso la lucha por construir un futuro para una Colombia mejor», pero que el Estado, ni el Ministerio de Defensa ni el del Interior «están cumpliendo con sus deberes constitucionales», como es proteger la vida de los ciudadanos.

Recordó que 229 excombatientes han sido asesinados, 48 han sido víctimas de intento de homicidio y 17 están desaparecidos. Solo en el Cauca, dijo Catatumbo, son 37 los excombatientes asesinados, otros 27 en Nariño y 22 en Caquetá, además de 18 en Putumayo, y14 en Valle del Cauca. «Esto es muy triste porque todos ellos creyeron en la paz y se comprometieron con el proceso de reincorporación», agregó Catatumbo.

Se preguntó: «¿Qué tal que esos 228 muertos fueran terratenientes? En Colombia habría un caos», dijo. «Pero es gente pobre, son campesinos. Por eso digo, el Gobierno está en la obligación de garantizar la seguridad de todos los colombianos».

En este punto, aunque seguían las intervenciones de voceros regionales de Farc en Cauca y Nariño, el equipo de defensa argumentó que solo hasta el martes conocieron que la audiencia sería pública, y que por este motivo se abstendrían de participar, pues consideran que la figuración pública les representa un riesgo adicional.

Por este motivo, la magistrada Jaramillo decidió cambiar la audiencia a reservada para escuchar las vocerías de Cauca y Nariño. La audiencia se retomó cerca de las 12:00 del mediodía, con la respuesta de las entidades del Estado.


Tomado del portal del diario EL TIEMPO