El grupo armado que confina a familias del Cauca a guerra sin cuartel

Foto: Juan Pablo Rueda. Archivo EL TIEMPO

Carteles mexicanos estarían financiando a disidencia de Farc. Hay zozobra en Suárez.

Carteles mexicanos estarían financiando las operaciones de disidentes de las Farc que se hacen llamar el grupo ‘Jaime Martínez’ en Cauca.

Esta columna cuenta con más de 400 hombres, según fuentes de la Policía y del Ejército, que se han venido concentrando especialmente en zonas del norte del Cauca y corredores estratégicos de las 170.000 hectáreas del Naya, territorio aún en la memoria de campesinos, entre líderes comunitarios, indígenas y afrodescendientes, por la masacre en la más cruenta Semana Santa de hace dos décadas; un recorrido de asesinatos por parte de 200 paramilitares en aquel abril de 2001.

El ‘Jaime Martínez’ es el que estaría creando zozobra en el norte del Cauca a miembros de consejos comunitarios tanto del Naya como de otros municipios, entre ellos Suárez, donde siguen los enfrentamientos entre estos disidentes y el Ejército que han provocado el confinamiento de 400 habitantes que buscan un refugio seguro y temen regresar a sus parcelas, en las veredas Bella Vista, El Naranjal, bajo La Esmeralda y Los Mangos. Cerca de un centenar de ellos se encuentran, por ejemplo, en el salón comunal de Bella Vista.

Pero, además, el grupo ‘Jaime Martínez’ les declaró una guerra sin cuartel a reductos del Eln, ‘los Pelusos’ enviados desde Norte de Santander y el frente ‘Óliver Sinisterra’ que lideraba el extinto ‘Guacho’ y hoy busca recuperar el control en el paso que comunica el Valle del Cauca con Cauca, a través de Suárez, Timba y Jamundí para traficar armas y estupefacientes.

Como lo reconocen dirigentes de la Asociación Nacional Indígena del Norte del Cauca (Acín), del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), esta disputa por el territorio se debe a las más de 17.000 hectáreas de cultivos ilícitos, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). De hecho, este organismo reportó en 2018 que el Cauca, el quinto departamento con más cultivos de coca y marihuana en el país, tenía 17.117 hectáreas, 1.157 más que en 2017, cuando se contabilizaron 15.960.

En la disputa también se incluye el grupo disidente con el nombre de columna móvil ‘Dagoberto Ramos’, por el cual la Acín y el Cric denunciaron amenazas, la semana pasada, contra líderes indígenas. De acuerdo con un comunicado de la Acín, “en concreto, se refiere a una respuesta militar contra los coordinadores Albeiro Camayo, en la regional de guardia indígena de la zona norte Ovéimar Tenorio, y Héctor Casamachín del resguardo Huellas, Caloto«.

El informe de la Acín anota que “con un discurso, supuestamente revolucionario y socialista, este grupo armado pretende disfrazar sus intereses económicos sobre el narcotráfico y el control de los cultivos de uso ilícito que han ayudado a propagar en los territorios indígenas, campesinos y afrodescendientes del norte del Cauca. Estas amenazas de muerte que seguimos recibiendo por nuestra labor autónoma de control territorial no responden a ningún proyecto político revolucionario, sino a la mezquina ambición del narcotráfico”.

Ante la grave situación se mantienen las recompensas por hasta 170 millones de pesos que, recientemente, informó la Gobernación del Cauca para lograr la captura de cabecillas de organizaciones armadas ilegales, entre ellos: Léyder Johany Noscué Bototo, con el alias de Majin Boo, por el que se ofrecen hasta 30 millones de pesos y quien comanda a los miembros del ‘Jaime Martínez’, junto con Israel Méndez Quitumbo, cabecilla del grupo ‘Dagoberto Ramos’. La recompensa por su captura también va hasta los 30 millones. En este mismo grupo, por un hombre al que le dicen Barbas, identificado como Gerardo Ignacio Herrera, la recompensa es de otros 30 millones por ser otro cabecilla del ‘Dagoberto Ramos’.

Así mismo, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) alertó este lunes del confinamiento en Cauca por combates entre el Ejército y disidencias de las Farc. La organización señaló en un comunicado que los enfrentamientos armados han causado el confinamiento de 200 familias en la zona rural del norte del Cauca. La Ocha habla de 500 afectados, y otros estamentos en Cauca, de 400.

El alcalde de Suárez, Hernando Ramírez, insistió en que el Ejército está retomando el control de los territorios de la zona rural de esta localidad para que las familias en situación de desplazamiento retornen a sus hogares.

La minería ilegal es otro de los detonantes de amenazas, atentados y asesinatos en Cauca. Así lo reconocen líderes de Santander de Quilichao, municipio también en el norte del departamento, donde en mayo pasado, cuando se realizaba una reunión entre dirigentes, como la reconocida Francia Márquez, Carlos Rosero, Víctor Moreno, Clemencia Carabalí, Sofía Garzón, todos ellos fueron blanco de una granada y disparos.

La misma Francia Márquez denunció la semana pasada que el líder Luis Armando Vargas Balanta, del Consejo Comunitario La Toma, en Suárez, fue amenazado de muerte. “Recibió una llamada en la que, nuevamente, lo amenazan y le dicen que le dan 48 horas para que salga del territorio”, señaló la líder afro, ganadora el año pasado de lo que es considerado el premio Nobel del medioambiente: Goldman Environmental Prize.

La prensa tampoco se ha escapado de las intimidaciones. A las amenazas denunciadas en Cali contra los periodistas de esta ciudad Eduardo Manzano, de ‘Noticias Caracol’; Miguel Palta, del noticiero regional ’90 Minutos’, y Fransuá Martínez, de Blu Radio, junto con los camarógrafos Alexánder Cárdenas y Arlex Piedrahíta por los cubrimientos relacionados con municipios caucanos con cultivos ilícitos, se sumó otra la semana pasada contra un equipo de periodistas de ‘Proclama del Cauca’.

El director de este medio, Alfonso Luna Geller, dijo que se recibió una llamada de un hombre que dijo ser jefe de una disidencia. “Se detuvo el vehículo en el que nos movilizábamos (cinco periodistas y dos escoltas), quienes, gracias al altavoz del celular, escucharon y grabaron las intimidaciones de que éramos víctimas”, expresó el directivo, quien además añadió que se desplazaban a una reunión entre la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y delegados del Cric.

Por su parte, consejeros de la Organización Nacional Indígena (Onic) rechazaron todas estas amenazas a la población y recordaron la ola de asesinatos de líderes indígenas. En lo corrido del año van 18 muertos, y en 2018 mataron a 58 líderes, entre indígenas y afros. Para la Onic, cada vez es más evidente el exterminio de los suyos.

La Defensoría del Pueblo, por ahora, busca llevar ayudas humanitarias a la comunidad de áreas rurales en Suárez, al tiempo que mantiene la alerta por hombres armados en zonas del Naya. Allí, en el primer semestre de 2018 fueron secuestrados cuatro líderes del Consejo Comunitario del Alto Naya, entre ellos Íber Angulo, cuyo paradero aún es desconocido, luego de ser arrebatado por hombres armados a una misión humanitaria de la Defensoría que en mayo de ese 2018 trató de sacarlo en lancha de López de Micay, donde vivía, con rumbo a Buenaventura.


Tomado del diario EL TIEMPO