El rey emérito Juan Carlos I está cada vez más contra las cuerdas

Foto: Paco Campos, Efe

El gobierno español propuso una reforma para evitar que un jefe de Estado goce de inmunidad.

Por: Juanita Samper Ospina

EL TIEMPO

Después de evitar por largo tiempo un pronunciamiento sobre la situación judicial del rey emérito Juan Carlos I, el Gobierno español decidió abordar el asunto.

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El presidente Pedro Sánchez aseguró que las informaciones que salieron a la luz pública esta semana son “inquietantes y perturbadoras” y propuso reformar la Constitución para evitar que un jefe de Estado –el rey– goce de inmunidad.

Juan Carlos I está siendo investigado por las autoridades judiciales de España y Suiza. La causa surgió después de saberse que el monarca había donado cerca de 65 millones de euros a su amiga íntima alemana Corinna Larsen.

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Ese dinero lo habría obtenido de comisiones recibidas por su intervención en el proyecto de construcción de la línea férrea para un tren de alta velocidad entre Medina y La Meca (Arabia Saudí) por parte de empresas españolas y habría sido depositado en una cuenta en Suiza. El rey no declaró esos ingresos al fisco de España, sino que procedió a entregárselos a Larsen.

De acuerdo con la Constitución, el rey emérito, como jefe de Estado, gozaba de inmunidad mientras regía. El Tribunal Supremo lo investiga por supuestos actos cometidos después de su abdicación, en 2014. Para suprimir el aforamiento de los monarcas, sería necesaria una reforma constitucional y, en todo caso, no obraría de manera retroactiva. Se trataría de una medida hacia el futuro.

Según informaciones del diario ‘El País’, Larsen aseguró durante la investigación suiza que los casi 65 millones de euros le fueron donados por el rey en 2012 “no para deshacerse del dinero”, sino “por gratitud y por amor” y para asegurar su “futuro y el de sus hijos”. Además, sostuvo que entonces Juan Carlos I “todavía tenía la esperanza” de recuperarla.

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La examiga íntima del rey es investigada por la justicia suiza por presunto lavado de capitales, algo que la podría llevar a la cárcel, con una pena de al menos cinco años.

El testimonio de Larsen ante la Fiscalía helvética, hasta ahora desconocido, se produjo el 19 de diciembre de 2018 en Ginebra. Pero la justicia española, oficialmente, no ha recibido esa declaración, por la negativa de Larsen. La ley suiza permite que los investigados impidan el envío de sus declaraciones a otros países.

Mientras tanto, el Tribunal Supremo español continúa con la investigación al rey Juan Carlos I por los presuntos delitos de lavado de dinero y fraude fiscal.

El presidente Sánchez fue categórico en su declaración del jueves: “La Constitución española tiene que evolucionar conforme a las exigencias de ejemplaridad y conducta política de las sociedades”.

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Por su parte, la vicepresidenta Carmen Calvo marcó la diferencia entre pasado y presente: “Como gobierno estamos en el trabajo constante de que funcionen las instituciones, y la monarquía parlamentaria en la figura del rey Felipe VI está haciendo su trabajo constitucional de manera absolutamente correcta”. Agregó luego que los problemas “son situaciones que vienen del pasado y afectan al ex jefe de Estado”.

Nunca antes un gobierno español había puesto en entredicho al rey Juan Carlos I, que hasta hace poco era uno de los personajes más admirados del país.

El gobierno de Sánchez apunta a una defensa de la monarquía y estima que su subsistencia dependerá de una reforma constitucional que elimine la figura de la inviolabilidad del jefe de Estado.

Tras la dictadura del general Francisco Franco durante 40 años, sobrevino en 1974 el régimen democrático y una Constitución que establece la monarquía parlamentaria como eje del Estado.

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Los partidos que sacaron adelante la carta magna fueron principalmente el Partido Socialista Obrero Español (Psoe), del que hoy es secretario general el propio Sánchez, y el conservador Alianza Popular, reconvertido luego en el Partido Popular (PP).

Ambas agrupaciones son, pues, monárquicas y no parecen dispuestas a que el modelo cambie. Sin embargo, para Sánchez merece un retoque. Pero una reforma de esta naturaleza requiere un complejo y largo proceso en el orden parlamentario, que deberá contar con unas mayorías difíciles de lograr en la actualidad.

Primeros pasos del debate

Pablo Iglesias, líder del partido de extrema izquierda Unidas Podemos y vicepresidente segundo del gobierno de Sánchez, manifestó su sentimiento antimonárquico al declarar que “resulta complicado ignorar que la monarquía es una institución hereditaria en la que la legitimidad descansa precisamente en la filiación”.

Admitió, no obstante, que “la actual correlación de fuerzas en la política española y los procedimientos que fija” su “ordenamiento jurídico hacen que un debate de esta naturaleza difícilmente pueda traducirse en cambios a corto plazo”.

Iglesias aplaudió la posición asumida por Sánchez por su “valentía y sentido de Estado” y aseguró luego que, a raíz de esto, “crece en la sociedad española un debate sobre la utilidad de la monarquía”.

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Por su parte, el PP, de oposición, consideró que el debate carece de sentido y le pidió a Sánchez una defensa clara de la monarquía y que aclare que no pretende la abdicación del rey Felipe VI ni está en el proceso de convocar a un referéndum contra él.

Asimismo, el líder del PP, Pablo Casado, calificó duramente las declaraciones de Iglesias: “Esto no va contra el rey, va contra el régimen del 78…, esto va contra la unidad nacional, el Estado de derecho, contra todo lo que nosotros queremos, el futuro de mis hijos”. Y salió en defensa de Felipe VI: “Es una persona intachable, profesional y patriota que defiende como nadie los intereses de todos los españoles”.

Para Vox, partido de extrema derecha, la propuesta de Sánchez busca derribar la monarquía y oculta el deseo de ser, además de presidente de gobierno, jefe de Estado.

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Ciudadanos, partido de centro en la oposición, no llegó al mismo extremo, aunque aseguró que España no se encuentra en el momento adecuado para debatir sobre la monarquía y reformar la Constitución, con el fin de limitar la inviolabilidad del rey. Y aseguró que se utiliza este caso “para criticar uno de los pilares” de la Constitución española. “La monarquía parlamentaria debe encontrarse fuera de toda duda”, agregó.

Por su parte, el rey Felipe VI intenta mostrar la mejor cara de la monarquía: en los últimos días ha visitado varias regiones de España, en solidaridad con los afectados por el coronavirus, y ha adelantado campañas para recoger fondos destinados a los más vulnerables por la pandemia. También quiere alentar el turismo nacional, ante una probable disminución de los visitantes extranjeros en los próximos meses, por temor a los contagios.

Lo cierto es que hasta ahora la monarquía solo había sido discutida por los partidos republicanos, que son minoría en el Parlamento.

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Pero la creciente gravedad sobre las implicaciones del rey emérito en presuntos asuntos turbios debilita al régimen monárquico y crea incomodidades para el rey Felipe VI, quien el pasado 15 de marzo renunció a la herencia de su padre y le retiró la asignación económica anual que recibía del Estado y que equivalía a unos 200.000 euros. “Fue un cortafuegos para evitar el contagio de la institución” de la monarquía, le dijo a la AFP Abel Hernández, periodista especialista en la Casa Real.

El Gobierno dejó en manos de Felipe VI las medidas que crea convenientes para mejorar la situación. Y según se ha afirmado, ellas pueden ir desde la expulsión de su padre del Palacio de la Zarzuela, donde reside, hasta una invitación a salir del país.

JUANITA SAMPER OSPINA
Corresponsal de EL TIEMPO
MADRID


Tomado del diairo EL TIEMPO