El secuestro no será amnistiable

Foto: MinInterior

En último debate la plenaria del Senado de la República aprobó el proyecto de acto legislativo, promovido por el Gobierno, que establece que los delitos de secuestro y aquellos asociados con el narcotráfico no serán sujetos de amnistía e indulto.

El ponente, el senador Santiago Valencia, del Centro Democrático, manifestó que el proyecto busca mantener la naturaleza jurídica del delito político y su excepcionalidad, excluyendo el secuestro, las conductas relacionadas con narcotráfico. Así mismo, dar cumplimiento a las obligaciones internacionales de Colombia respecto a estos delitos.

Afirmó que la iniciativa envía un mensaje “absolutamente claro” al Eln. “Tienen que dejar de narcotraficar y secuestrar si quieren realmente llegar a un acuerdo con el Estado colombiano. No podemos permitir que se utilice esto como arma de negociación o presión política, atentando contra los ciudadanos”, dijo.

Señaló que con el acto legislativo se acaba “el mal ejemplo para que en el futuro personas que hoy están alzadas en armas, que están atentando contra el Estado de Derecho y atentando contra la vida, honra y bienes de los colombiano, sigan utilizando el narcotráfico como un método para financiarse y el secuestro como un método inhumano para ejercer presión en la guerra”.

Ante los cuestionamientos de congresistas del Partido Liberal, sobre si la iniciativa afectaría los acuerdos de paz con las Farc, Valencia manifestó que solo podrá ser aplicada en posteriores procesos de paz, pues solo se hará efectiva expresamente para conductas que tengan lugar después de su entrada en vigencia. “En ningún caso afectará las disposiciones de acuerdos de paz anteriores y solo aplicará a conductas con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo”, dijo Valencia leyendo un aparte del articulado.

“La reforma tampoco afectará o generará inseguridad a los desmovilizados de las Farc en virtud del pacto que suscribieron con el Estado para dejar sus armas, ya que se excluye su aplicación al Acuerdo Final”, señaló el Ministerio de Justicia mediante un pronunciamiento.

La senadora Paola Holguín, también del Centro Democrático, afirmó que “este proyecto obedece a unas necesidades jurídicas y técnicas. Colombia necesita desarrollar el alcance del delito político, que se viene desbordando a partir de decisiones que han determinado como conexos a este delitos muy graves que no pueden ser amnistiables ni indultables”.

El senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, le realizó críticas a la iniciativa. “Este proyecto puede ser bienintencionado pero en el fondo me parece absurdo”, dijo.

En relación sobre el Eln, manifestó: “aquí hay una organización que se ciñe aún a la definición de conflictos internos, establecida en los convenios de Ginebra, que han sido ratificados por el Estado colombiano desde 1960, una organización de unos señores que se portan como unos bandidos y que no amerita a nada distinto a que les caiga todo el peso de la ley, pero qué tal que el día de mañana, en ocho años, en siete años, llegue una dirigencia distinta que entienda los errores cometidos, los horribles crímenes, y los repudie y decida negociar. Estaríamos en la imposibilidad absoluta de hacerlo porque en los años que duró la vigencia de esta norma estos señores se financiaron con el narcotráfico como lo hacen todas las organizaciones al margen de la ley de este país”.

El proyecto, que será sancionado por el presidente Iván Duque, adiciona un inciso y un parágrafo al numeral 17 del Artículo 150 la Constitución para determinar que los grupos criminales que se dedican al narcotráfico no sean beneficiados con amnistías o indultos y que esta conducta no sea conexa con el delito político.

De acuerdo con el texto del proyecto, los motivos de la propuesta para excluir los delitos de secuestro como conexo al delito político y por ende, sacarlos de la órbita de la amnistía e indulto, se fundamentan en que “hay sustento constitucional que da prueba de su viabilidad jurídica”, debido a que la Corte Constitucional ha encontrado que el secuestro (establecido en la sentencia C- 069 de 1994), “es un atentado directo contra la esencia del hombre y vulnera de forma grave la personalidad de las víctimas, de sus familiares y allegados”.

El proyecto fue radicado, en agosto de 2018, por la exministra de Justicia Gloria Borrero y su colega del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, acompañadas por los representantes Álvaro Hernán Prada y Edward Rodríguez, ambos del Centro Democrático.


Tomado del diario El Nuevo Siglo