El presidente de Fenalco dijo este miércoles en Neiva, que de 424 nuevos proyectos de ley radicados en el Congreso, 210 afectan la libre empresa.
El Congreso de la República se estaría convirtiendo en un obstáculo para la transformación del país. Además de volver trizas muchos de los proyectos de reformas estructurales presentados por el Ejecutivo y que se requieren para solucionar problemas fiscales, económicos y sociales, ha servido de tribuna para que políticos de izquierda, centro y derecha ganen adeptos con iniciativas que dicen defender a los ciudadanos, cuando en realidad estos resultan perjudicados porque el país pierde competitividad.
Hay consenso en que el populismo enquistado en el Congreso es en parte el responsable de que las reformas estructurales, esas que duelen, pero sanan, continúen aplazadas. Los ajustes en el campo tributario, de salud, educación y de tierras, entre otros, lideran la lista de pendientes.
En salud, el gobierno anterior se vio obligado a hacer una minirreforma a punta de decretos, pues no hubo ambiente en el Congreso para tramitar una ley. Los empresarios consideran que, en cambio, proyectos de corte populista como la prima extralegal han encontrado eco en el Legislativo, generando incertidumbre porque esto encarece las nóminas. Igual sucede con diversas propuestas para reducir costos financieros para los usuarios.
De igual forma, otras iniciativas urgentes han tenido que ser aplazadas porque no encuentran apoyo. El caso más relevante es la de las pensiones. El problema es viejo, pero ningún Gobierno se ha atrevido a proponer una solución, debido al costo político que representa y a la oposición en el Congreso.
El actual Gobierno ha dicho que radicaría un proyecto en noviembre. Sin embargo, solo si se aplica ‘el deber ser’ sería posible desactivar la bomba fiscal que el país ha venido gestando en los últimos 25 años. Por ahora, todo parece indicar que la propuesta oficial será liviana, es decir, que no tocará temas como el aumento de la edad de jubilación y la tasa de reemplazo.
Rosario Córdoba, presidente del Consejo Privado de Competitividad, ha dicho que un país que busca avanzar en equidad no puede permitirse que solo uno de cuatro adultos mayores reciba pensión contributiva, ni que sean los trabajadores de mayores ingresos quienes logren obtener este beneficio. No existe un subsidio más regresivo a cargo del presupuesto nacional que el del actual sistema pensional… El costo fiscal que pagamos todos los ciudadanos, de esta generación y las futuras sigue aumentando conforme se aplace la reforma”.
Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) afirmó que “en el país se ha venido desatando un populismo legislativo de altas proporciones. Algunos congresistas tienen como estrategia adoptar políticas de ese tipo que son insostenibles pero que suenan bien ante el electorado”. El dirigente asegura que las iniciativas que plantean mejores salarios para la gente “no necesariamente construyen equidad”.
Entre tanto, el exministro Rodolfo Segovia, dijo en una reciente columna publicada en este diario, que las reformas electoral, judicial y anticorrupción siguen “atoradas” en el Congreso. “El poder Legislativo chantajea al Ejecutivo…”.
La Ley de Financiamiento que el Gobierno actual tramitó en el Congreso con el fin de obtener $14 billones y el Legislativo le pegó una trasquilada de $7 billones. Desde la tribuna populista a cualquier persona le suena bien que el Congreso se oponga a la aprobación de tributos por casi $7 billones. Sin embargo, la realidad es otra: esa peluqueada le está saliendo cara al país, pues el propio Congreso de la República ha dicho que el presupuesto general de la Nación, para el 2020, está desfinanciado en $14 billones. Esta cifra es la misma que maneja el Ministerio de Hacienda, que incluso planteó la necesidad de ampliar el endeudamiento. El problema es de tal magnitud que ya se habla de la necesidad de una nueva reforma tributaria en el 2021.
Desde hace décadas están haciendo fila proyectos de reforma estructural como la ley de tierras, que garantizaría el desarrollo del campo, el cual permanece estancado debido a la falta de seguridad jurídica y la carencia de atractivos para la inversión.
Y ¿qué decir de la reforma laboral? El propio Ministerio de Trabajo tiene claro que el país debe actualizar cuanto antes sus normas en materia de contratación de personal, para adaptarlas a las necesidades de la Cuarta Revolución Industrial.
Así mismo, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, hizo recientemente un llamado al Gobierno y a los congresistas para que tomen en serio el establecimiento de los contratos laborales por horas.
Pero el populismo legislativo no se está aplicando en Colombia solo para frenar reformas estructurales. También se ha expresado mediante la imposición de restricciones a algunos sectores. El centro de Estudios Anif asegura que en los últimos cinco años se han ventilado propuestas populistas relacionadas con la idea de forzar la prestación de servicios gratuitos a los usuarios del sector financiero, lo que pone en riesgo la modernización de la actividad y la implementación de herramientas digitales. “Recientemente, el Congreso intentó debilitar la calidad de los reportes que generan las centrales de riesgo en Colombia”.
En conclusión, hay consenso en que el país necesita reformas, pero la gente no quiere asumir costos.
DERECHO A MODIFICAR
En su defensa, dirigentes consultados por Portafolio aseguraron que el Congreso está en todo su derecho de modificar los proyectos que el Gobierno presenta a su consideración, y que como representantes de la sociedad que los eligió, están en la obligación de defender a la comunidad.
Sin embargo, diferentes centros de estudios económicos han planteado que esa defensa de los ciudadanos puede resultar engañosa, porque lo que el Congreso formula como remedio, la mayoría de veces resulta más dañino que la enfermedad. Pero “esas son las reglas de juego y hay que respetarlas”.
Édmer Tovar Martínez
Editor de Portafolio
Tomado del portal del diario Portafolio
