Un informe motivado de la Superindustria recomendó sancionar a 23 personas y 18 empresas.
Por: Sebastian Londoño Vélez
Portafolio
Por lo menos 98 procesos de contratación pública, adjudicados entre el 2014 y el 2017, habrían sido ganados de forma irregular por 18 empresas y 23 personas naturales, a las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionaría por varios miles de millones de pesos.
Luego de casi 10 meses de investigaciones, la Delegatura para la Protección de la Competencia de la SIC pudo establecer que los cargos que se les imputaron a este grupo de ciudadanos y compañías, por presunta violación a la libre competencia, sí estarían fundamentados, e incluso irían más allá de lo inicialmente pensado.
Así lo determinó ese grupo de investigadores en un informe motivado, en el cual le recomendó al superintendente, Andrés Barreto, sancionar a las firmas Tecnigrup; Colombia Ferreléctrica; Wilzor; Tecnología Modular; Americana de Inflables y Suministros; Almacén el Deportista; Artes Gráficas Litoempastar; Comercializadora Integral BDT; Comercializadora Sumitec Karch; Delgado y Vergara; Diviser; Industrias Offiline; Inversiones Rime; Inversiones y Contratos ND; Grupo Empresarial Sportech; Suministros Maybe; Sistered y Distribuidora Bombicol.
PRIMEROS INDICIOS
Sin embargo, para desenredar la pita que llegó a concluir que este grupo de empresas se habría cartelizado para ganar procesos de selección de decenas de entidades, la Súper empezó investigando una denuncia hecha por la Fiscalía.
El ente investigador sería una de las entidades más afectadas, por cuenta –inicialmente– de Ricardo Méndez Mora, un empresario que controlaba las firmas Ferreléctrica, Tecnigrup y Wilzor, las cuales, según la SIC, “participaron en diferentes procesos de selección contractual coordinadamente y aparentando competencia, lo cual, a juicio de esta Delegatura, es una práctica tendiente a limitar la libre competencia en los procesos de contratación estatales”.
Los funcionarios encontraron en chats de WhatsApp, correos electrónicos y por el testimonio de varios empleados, que Méndez les tiraba línea a los empleados de esas empresas, sobre a cuáles procesos presentarse y cuáles no. Con esta táctica, se habrían hecho pasar en diversas ocasiones como firmas competidoras entre sí, “cuando en realidad actuaron de forma coordinada”.
Igualmente, una vez la maquinaria de contratación comenzaba a correr, las tres compañías le habrían hecho seguimiento conjunto a estos procesos, de tal modo que el presunto esquema de carrusel no tuviera fallas y prosperara, tanto para el ganador como para los ‘perdedores’.
Para esto, según la SIC, las tres empresas participaban en los procesos de selección, llevando a que la inscripción colectiva le permitiera a una de ellas salir favorecida; esto “aumentó ilegítimamente la probabilidad de que esos agentes del mercado resultaran elegidos en el sorteo y, de manera consecuente, disminuyó efectivamente la de los demás oferentes”, dijo la Súper.
En su defensa, Méndez aseguró que nunca fungió ningún cargo administrativo en esas firmas, lo cual para la SIC fue irrelevante, ya que sus investigadores lograron determinar que, a pesar de esto, el directivo “tenía la aptitud de influenciar la política comercial de las empresas”.
Todo lo anterior se suma al hecho que –tal y como lo reveló la Superintendencia de Industria y Comercio en el informe motivado de la Delegatura– Méndez y los empleados de las empresas Ferreléctrica, Wilzor y Tecnigrup se habrían comunicado con los demás proponentes de los procesos para conocer su postura y propuesta, y así coordinar si pujaban o no, y hasta dónde lo harían.
REPARTICIÓN DE LA BOLSA
Precisamente esta prueba fue clave para que la SIC encontrara que el modus operandi de este cartel se habría replicado en otras ciudades y jurisdicciones, diferentes a Bogotá, a través de un mecanismo denominado ‘repartición de la bolsa’.
En total fueron 14 las entidades que la Súper analizó como posibles afectadas por el cartel de los contratos estatales: Fiscalía, Policía, Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Inpec, Medicina Legal, Invima, la Rama Judicial, el Sena, la Aerocivil, las gobernaciones de Cundinamarca y Antioquia, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Consejo Superior de la Judicatura, e incluso el Departamento Administrativo de la Presidencia.
La operación mayor de presunta cartelización, por la cual estas personas y empresas estarían a un paso ser sancionadas, se habría ejecutado en dos fases, según la Superindustria. Primero, las firmas involucradas habrían hecho acuerdos para determinar cuál iba a beneficiarse en cada proceso, y habrían fijado la remuneración que los demás oferentes recibirán por no pujar. Posterior a ello, “se habrían ejecutado las prestaciones acordadas a favor de los ‘perdedores’”, mediante consignaciones o entregas de dinero en efectivo, que en muchas ocasiones se habrían mimetizado con pagos por contratos de prestación de servicios, que nunca habrían existido.
La Súper tiene evidencia clara sobre tres contratos en los que este mecanismo de colusión se habría fraguado a la perfección, e igualmente determinó que en cerca de 100 también habría ocurrido lo mismo, que puntualmente se habría llevado a cabo en procesos de selección abreviada.
La llamada ‘repartición de la bolsa’ habría sido el método de compensación de quien ganara el contrato para las demás firmas que no pujaron en cada uno de los procesos de selección.
Este engranaje será ahora estudiado por Barreto y su equipo de trabajo, que tendrá la última palabra sobre este presunto cartel de contratos con el Estado.
PERSONAS NATURALES
Además de las empresas previamente mencionadas, la Superindustria recomendó declarar responsable y sancionar a las personas naturales:
Ana María Méndez, Luis Miguel Perilla, William Caicedo, Miriam Salazar, Reinaldo Buitrago, Armando Idárraga, Oscar Tobón, Lady Rocío Briceño, José Raúl Cruz, María Floralba Pérez, Carlos Arturo Sánchez, Juan Rafael Ruiz, Rodolfo Méndez, Néstor Jaime Cardona, Carlos Alexánder Paredes, Luz Marina Mejía, Ernesto Antonio Bohórquez, Luis Fernando Arroyave, Ricardo Méndez, Adriana María Ochoa de Hurtado, María Eugenia Ojeda, Luis Fernando Ramírez y María Teresa Gil. Este grupo de personas tendrá que responder por presuntas violaciones a la libre competencia.
Tomado del portal del diario Portafolio
