Minjusticia dice que documento de panel de abogados que dijo ‘no’ a esa propuesta, no lo obliga.
Las recomendaciones de la Comisión Asesora de Política Criminal, en la que los expertos explican las razones legales de cumplimiento de convenios internacionales y aun económicas por las que no es posible establecer la cadena perpetua para los violadores, son un concepto y no obligan al Gobierno Nacional.
Así lo manifestó este jueves el Ministerio de Justicia en una comunicación en la cual señala que el documento revelado por este diario no ha sido presentado a la ministra Margarita Cabello y que esa cartera está atenta a recibirlo y discutirlo oficialmente.
Aunque fuentes le dijeron a EL TIEMPO que la exministra Borrero entregó el documento personalmente el 30 de mayo al presidente de la república, Iván Duque, y a su sucesora, cuyo nombramiento estaba recién anunciado, la ministra Cabello Blanco insistió en que aún no conoce el texto.
Los diez expertos realizaron el estudio a petición del Ministerio de Justicia durante la administración de la entonces ministra Gloría María Borrero, y concluyeron: “No se recomienda, en consecuencia, la implementación de la cadena o prisión perpetua en Colombia. Este tipo de penas no solo producen una importante pérdida de legitimidad de los sistemas penal y judicial, en la medida en que les exige a los jueces resultados contra la criminalidad que claramente no pueden cumplir sin políticas públicas adicionales”.
Tras la publicación del informe, el ministerio señaló que el estudio “de este organismo asesor independiente no compromete la toma de decisiones por parte del Ministerio de Justicia; sin embargo, hará parte del análisis jurídico sobre cada tema”.
Igualmente, esa cartera sostuvo que la comisión no forma parte del Gobierno y que su intervención se da en el marco de la apertura a sectores como la academia para enriquecer el debate sobre temas de interés.
En su comunicación añaden que el Ejecutivo insistirá en la aprobación de un proyecto de acto legislativo que hace trámite en el Congreso y establece que los delitos sexuales contra menores de edad deben ser de competencia exclusiva de la justicia ordinaria.
El proyecto, que generó polémica en su momento, pues algunos sectores cuestionaron que afectaría lo negociado en La Habana, fue aprobado en cuarto debate e iniciará este mes su segunda vuelta en el Senado. En la iniciativa no se incluyen aumentos de penas para los abusadores, pero sí plantea que ese tipo de delitos no podrían recibir otros beneficios en futuras negociaciones de paz.
La senadora de ‘la U’ Maritza Martínez, quien ha liderado en el Congreso la iniciativa para que haya cadena perpetua para violadores de niños, afirmó que su colectividad ya tiene listo un proyecto de acto legislativo con este propósito y será presentado después del 20 de julio. Dijo que es necesario tener ese debate.
Tomado del diario EL TIEMPO
