Mañana juez decidirá si concede la libertad al expresidente.
Cerca de 12 horas duró ayer la audiencia que adelantó la juez 30 de Bogotá, en la que se decide la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y la etapa en que queda su proceso al cambiar de sistema.
Uribe es investigado por soborno y fraude procesal, y al renunciar a su fuero de senador, su proceso pasó de la Corte Suprema de Justicia a la justicia ordinaria.
El fiscal Gabriel Ramón Jaimes Durán, encargado del caso, lanzó duras criticas contra la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con Jaimes Durán, “no es lo mismo y no se puede decir que es lo mismo la indagatoria y la imputación de cargos“, tras señalar que en el primero apenas se está investigando y en el segundo ya hay todo un trabajo investigativo que ha permitido llegar a conclusiones sobre la presunta responsabilidad del procesado.
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Afectaciones al debido proceso
El Fiscal señaló que al revisar el caso han encontrado circunstancias que permiten concluir que la forma de vinculación realizada afecta el debido proceso y se registran vulneraciones al ordenamiento legal.
Aclaró que en la indagatoria realizada en la Sala de Instrucción se hace referencia a un hecho penal pero que hay omisiones que dificultan el derecho a la defensa.
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Corte no fue rigurosa
Para el representante del ente acusador, más allá de las diferencias entre la imputación y la indagatoria, se detectó que la diligencia realizada en la Corte “no contiene con rigor los hechos jurídicamente relevantes, y menos de una manera organizada y concatenada que nos permita calificar el desarrollo de esa diligencia como una forma clara y sucinta de transmisión de una información suficiente para que el indagado y su defensa activen sus derechos, en particular el derecho a defenderse”.
Indicó que entre las omisiones se encuentra que no se dijo con claridad el alcance de los señalamientos en cuanto a la autoría o participación de Uribe Vélez en los hechos investigados.
“Nunca se le puso de presente al procesado ni el carácter de imputación como determinación, ni su modalidad ni circunstancias. Razones que sirvieron de acopio al momento de resolver la situación jurídica del procesado para imponerle medida de aseguramiento”, dijo el fiscal.
No hay exposición clara de los delitos imputados
“Tal aspecto resulta de gran trascendencia desde la perspectiva del debido proceso en exigencia constitucional y legal desde el derecho a la defensa”, sostuvo el fiscal, y añadió que en la indagatoria “hay una mínima precisión frente a los delitos que se le enrostraron” al investigado “lo que contraviene la legalidad y dificulta el derecho a la defensa”.
Dijo que por ejemplo no se le puso en conocimiento a Uribe Vélez la posibilidad de confesión o sentencia anticipada o alguno de los mecanismos para la terminación anticipada de los procesos.
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Igualmente criticó que la indagatoria fue desordenada y que no hubo claridad sobre la calidad de delito por el que estaba siendo investigado.
¿Se dilató el derecho a la defensa?
Además dijo que la indagatoria se realizó el 8 de octubre de 2019, y desde allí se debió garantizar un tiempo razonable pare el derecho a la defensa, pero por el cambio de sistema eso no ha sido posible.
Y aunque no pidió ninguna nulidad sí advirtió que esas situaciones detectadas podrían generar un riesgo en ese sentido.
Precisó que el documento de más de 1.500 páginas en el que se resolvió la situación jurídica no se puede considerar una imputación de cargos al no cumplir con el requisito de “contenido respecto de un relato claro y sucinto de los hechos para ser transmitidos de forma puntual para que el receptor de las mismas quede vinculado al proceso”.
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El fiscal Jaimes señaló que el sistema judicial debe responder a las víctimas y su petición de verdad y justicia, pero que esto no puede afectar el debido proceso y poner en riesgo al proceso de nulidades futuras.
Y concluyó que el proceso debe seguir en la etapa de investigación y dejar sin efecto el acto de definición de la situación jurídica otorgando la libertad a Uribe.
“La investigación no parte de cero”, añadió el funcionario tras indicar que no habrá impunidad y que seguirán examinando las evidencias que en su momento recolectó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.
“No habrá impunidad, habrá justicia y habrá derecho“, señaló.
Tomado del portal del diario EL TIEMPO
