La pandemia no solo desnudó la vulnerabilidad de sectores sociales y económicos, sino de la salud, reavivando las voces de quienes reclaman un cambio de la ley que regula la seguridad social.
Por: Javier González Penagos
EL ESPECTADOR
Entre mofa y crítica, popularmente se dice que Colombia es el país de las leyes. Si bien hay un sinnúmero de ellas, entre las más célebres hay una que —dado el calibre de temas que regula— no deja de ser renombrada: la Ley 100. Impulsada por el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, la norma fue aprobada en 1993 e ideó todo el sistema de seguridad social que rige al país en materia de salud, riesgos laborales y pensiones, bajo las premisas de calidad de vida y dignidad humana.
Aunque desde entonces la ley no ha estado exenta de críticas y observaciones, la emergencia causada por el nuevo coronavirus terminó agrupando los reparos y uniendo a quienes han reclamado una “revisión de fondo”. El tema ya escaló al Congreso, donde, en un hecho inusual, parece haber un consenso entre todas las bancadas frente a la necesidad de cambios.
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En línea con lo que han advertido analistas, hoy los parlamentarios coinciden en que la norma ha cumplido con la universalidad y el cubrimiento en salud, pero alegan que hay serios líos en calidad, prevención y sostenibilidad del sistema, factores decisivos en plena atención del COVID-19.
Desde la oposición, Juan Luis Castro, médico y senador de la Alianza Verde, asegura que, aunque no es necesario cambiar todo el contenido de la ley —dado que aumentó la cobertura y monetizó el sistema—, sí se debe revaluar el componente de prevención y promoción de salud. “Es ínfima la inversión en este componente. Mientras que en otros países es del 2 % o 3 % del presupuesto en salud, aquí es apenas del 0,06 %”.
Para Castro, además de quitarles el manejo de esos recursos a las EPS y asignarle esa función al Ministerio de Salud, “pues mucha de esa plata se la roban o la usan para cuadrar cuentas”, es menester que cambie la forma en que se contrata el talento humano, dado que el 80 % es empleado vía prestación de servicios. “Las EPS pagan lo que les da la gana. Hay que poner orden. La salud pública es un tema de seguridad nacional”.
Desde la misma orilla hay otros congresistas que alegan que la norma no admite reformas y debe ser derogada del todo. El líder de la oposición, el senador Gustavo Petro (Decentes), ha señalado que, tras la pandemia, “la Ley 100 tiene que desaparecer”, dado el enfoque neoliberal de la salud y la “innecesaria intermediación” de las EPS en el manejo de recursos. En ello coinciden los parlamentarios Victoria Sandino (FARC) y Jorge Gómez (Polo), integrantes de la Comisión Séptima del Congreso, encargada, entre otras, de la seguridad social.
“Lo peor de la Ley 100 es que convirtió la salud en mercancía, con EPS que no hacen sino robar. Hay que eliminarla, hacerle una reforma estructural al sistema, que debe ser 100 % público”, dice Sandino, mientras que Gómez advierte que el aseguramiento y la intermediación financiera son una barrera. “El sistema no está funcionando. Hay que empujar el subsidio a la oferta y no a la demanda. En Cámara ya aprobamos en primer debate un proyecto para cambiar la naturaleza de las EPS, para que sean gestores y no intermediadores”.
Pese a ser más moderados, los independientes también reclaman cambios. Incluso, un grupo de liberales envió una carta al presidente del Senado, Lidio García —también liberal—, en la que le piden convocar a voceros de partidos para que, entre otras, se debata la Ley 100. En la misiva alegan que “no funciona en esta ni en otras circunstancias”, critican la labor de las EPS y proponen que se subsidie la oferta en hospitales de nivel 2, 3 y 4 para “no quebrarlos”.
A su turno, el representante José Correa —liberal e integrante de la Comisión Séptima—, dice que cada vez es más crítico “el empeoramiento progresivo de la cartera y de las condiciones del personal de la salud, así como su contratación y tercerización”.
En Cambio Radical —cuya cuota en el Gobierno es el ministro de Salud, Fernando Ruiz—, el senador Carlos Fernando Motoa sostiene que esta semana radicarían un proyecto que mantendría un esquema mixto (y no 100 % público), equipararía el régimen contributivo con el subsidiado, promocionaría la planta de especialistas y reivindicaría la profesión médica. “No es una reforma, solo una iniciativa para corregir aspectos. No podemos eliminar todas las EPS, sería un desastre, hay que hacer mayor vigilancia sobre los recursos y su destinación”, explicó.
Aunque Motoa dice que el 66 % de las deudas de los hospitales corresponden a cartera morosa, defiende que es una problemática que está corrigiendo la Ley de punto final, ideada para saldar los pendientes financieros. En los partidos de gobierno, hasta el propio Uribe dijo en 2016 que la ley “es susceptible de mejoras”. Según Jairo Cristancho, representante del Centro Democrático y presidente de la Comisión Séptima, el 99 % de los colombianos están asegurados y afiliados, lo que les garantiza atención en igualdad de condiciones. Aunque reconoce que hay problemas de corrupción en las EPS, señala que “no podemos sacarlas de tajo, sino a las de mala calidad”.
Por su parte, el senador conservador Efraín Cepeda destaca aspectos de la ley, pero reprocha el manejo de los giros directos, en particular, para IPS. “Las EPS están acumulando recursos porque no hay eventos qué atender. Su función debe ser más técnica que administrando plata, que también debe ser para IPS”. En La U, el médico Roy Barreras aboga por rescatar la red pública hospitalaria y recuperar el aparato para prevenir la enfermedad, más que atenderla. Adicionalmente, pide al Gobierno garantizar el subsidio a la oferta y no a la demanda. “Eso significa reconocer la capacidad instalada y girarles directamente recursos a los hospitales para pagar sus deudas, contratar personal extra y formalizar a los trabajadores. Sí, la cobertura aumentó con la Ley 100, pero con base en el deterioro y la pauperización de la calidad y los empleados”.
Las posturas están decantadas y al fin hay consenso entre los congresistas. Sin embargo, hay quienes alegan que, en medio de la atención del coronavirus, no hay condiciones para hacer reformas. Es decir, no sería favorable cambiar las reglas de juego del sistema en plena crisis. Otros advierten que una mejor atención implica, precisamente, tomar medidas desde ya. Esta disyuntiva parece ser la primera de muchas alrededor del tema.
Tomado de diario EL ESPECTADOR
