Un balance de la violencia desatada en los últimos años en Colombia.
Según un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), el aumento de combates, masacres, desplazamientos, asesinatos selectivos y demás hechos violentos en los últimos meses, están relacionados con el fortalecimiento del ‘clan del Golfo’, el Eln y las disidencias de las Farc.
Actualmente, el ‘clan del Golfo’ es la estructura armada ilegal más grande de Colombia. Con más de 4.000 combatientes distribuidos en 211 municipios a nivel nacional, este grupo –heredero del paramilitarismo– controla cerca del 45 % de la droga que sale del país. Así lo señala Pares, que advierte que este no es el único grupo armado organizado (GAO) que se ha fortalecido desde la firma del acuerdo de paz.
“Los grupos post-Farc o disidencias, el Eln y los GAO casi han doblado su presencia armada territorial en los últimos dos años”, señala el informe Seguridad en tiempos de pandemia, que fue publicado esta semana por la Fundación, y en el que también se evidencian las responsabilidades que tienen estos grupos con la violencia recrudecida en los últimos meses, a pesar, incluso, de las restricciones por la pandemia.
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Con datos igualmente alarmantes, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) es el segundo grupo armado más fuerte en Colombia. Según el documento, está conformado por más de 3.000 guerrilleros y pasó de estar en 99 municipios, en el año 2018, a 167 municipios en la actualidad. Incluso hay evidencias de que el Eln tiene presencia en territorios venezolanos, debido a que opera en departamentos fronterizos como Arauca y Norte de Santander.
Desde el 2016 “hemos visto que estos grupos han incrementado de manera exponencial su presencia en distintos municipios del país”, sostiene el investigador Alejandro Restrepo, para describir el preocupante aumento de las disidencias de las Farc, también llamadas grupos armados post-Farc (GAPF), y que no son grupos homogéneos ni totalmente articulados, pero que sí están vinculados a los asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las Farc.
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Según Pares, de los 81 asesinatos selectivos registrados entre marzo y junio de 2020, 23 han sido identificados como autoría de estos grupos. Así como también, durante el periodo de cuarentena nacional se han registrado 64 afectaciones a derechos humanos y 69 acciones bélicas relacionadas con los GAPF, siendo Cauca, Antioquia, Nariño y Putumayo los territorios más afectados.
El experto resalta que las disidencias no están del todo compuestas por excombatientes de la extinta guerrilla. De hecho, “el 94 % de excombatientes en proceso de reincorporación se mantienen en dicho proceso luego de la firma del acuerdo de paz”, señala el informe. Lo que quiere decir que los GAPF están siendo conformados mayoritariamente por excombatientes que nunca se acogieron al proceso, y también se están dando reclutamientos forzados de la población civil, junto con la vinculación de personas de otros grupos armados ilegales.
En un reciente evento, realizado por el gobierno nacional sobre la implementación de los acuerdos de paz, los voceros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestaron su preocupación por la violencia que persiste en el país. “Condenamos la violencia cometida por grupos armados ilegales que ha continuado sin cesar, incluso en medio de una crisis sanitaria mundial. Los asesinatos y amenazas contra líderes sociales, excombatientes y mujeres y jóvenes son una amenaza para la paz”, señaló Rosemary DiCarlo, secretaria general adjunta de Asuntos Políticos de la ONU.
A su vez, el representante especial del secretario general de las Naciones Unidas y jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, indicó que: “Las causas subyacentes de la violencia son la presencia de economías ilícitas y de grupos armados ilegales, limitada presencia institucional y reducidas oportunidades de desarrollo en las regiones más alejadas del país”. Por lo que “la presencia integral del Estado es necesaria para consolidar la confianza, la gobernabilidad, y el Estado social de derecho”.
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Tras el desarme de las Farc, los grupos armados ilegales se están disputando el control de los territorios abandonados que son claves para el control de economías ilícitas como el narcotráfico. Según el informe de Pares, estos enfrentamientos, que dejan a la población civil en medio, han derivado en los desplazamientos, desapariciones, asesinatos y masacres que han aumentado en los últimos meses.
Tomado del diario EL TIEMPO
