El beneficio, que solo cubre a los cesantes que estaban en la formalidad, puso en evidencia la disparidad entre las regiones en materia de garantías laborales
Por: Adriana Carolina Leal Acosta
La República
Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar y Santander son los departamentos en los que más se han entregado subsidios de desempleo durante la pandemia, según reportó Asocajas, el gremio de las cajas de compensación familiar.
En concreto, de 101.485 ayudas, por $342.000 millones, que se habían dado al 12 de junio, último reporte regionalizado de la entidad; 32.938 se localizaron en Cundinamarca; 19.909 en Antioquia; 9.147 en el Valle del Cauca; 5.839 en Bolívar y 5.276 en Santander (ver gráfico).
De modo que, 72% de los subsidios dirigidos a las personas que perdieron su empleo como consecuencia del covid-19 estuvo concentrado en solo cinco de los 32 departamentos que componen el territorio nacional.
Esto sucedió porque esas ayudas, que son financiadas exclusivamente por los fondos de las cajas de compensación y no por el Gobierno Nacional, están dirigidos a desempleados que en los últimos cinco años hubiesen trabajado al menos 12 meses, de manera continua o no, de manera formal.
Lo anterior, según los académicos, pone en evidencia, una vez más, las disparidades del mercado laboral colombiano, situación que se puede comprobar al revisar que solo 50,4% de los trabajadores locales estaban cotizando a pensión entre diciembre de 2019 y febrero 2020, cifra que corresponde al último reporte de informalidad disponible del Dane.
De hecho, ese análisis sobre informalidad no se ha realizado durante los meses de cuarentena, de modo que la cifra de cotizantes podría haber disminuido dramáticamente, gracias al incremento histórico del desempleo en abril y mayo.
“El subsidio de desempleo está enmarcado en la adscripción al sistema de servicios complementarios del sistema de seguridad social, cuyo ámbito de cobertura está vinculado a los trabajadores formales que amparan a 35% de la población ocupada, lo que limita la cobertura en medio de la contingencia de desempleo en el contexto laboral”, señaló Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario.
Pero además, teniendo solamente la cifra de nuevos desempleados que se estima ha dejado la pandemia este año, se habría excluido a la mitad del subsidio, que corresponde a los informales, teniendo en cuenta el informe de mercado laboral de mayo.
Adicional a esto, según cálculos de Adrián Garlati, consultor del Banco Mundial y profesor de la Universidad Javeriana, la mitad de los trabajadores en Colombia devengan menos del salario mínimo, lo que hace que, necesariamente, queden excluidos de la formalidad, pues no pueden cotizar ni ser contratados legalmente en esas condiciones.
De hecho, “la mayoría de trabajadores por cuenta propia gana menos del salario mínimo. Específicamente la proporción era de 73% en febrero y pensamos que aumentó a 84% en abril, eso significa que sus posibilidades de formalizarse son mínimas o nulas”, concluyó.
Los cesantes que trabajaban por prestación de servicios, en el limbo
Otra de las observaciones de los académicos es que los desempleados que laboraban con contrato de prestación de servicios no pueden acogerse a los subsidios de las cajas de compensación, pues los empleadores no hacen el pago de los parafiscales.
“Una persona con este tipo de contrato puede pagar sus parafiscales, pero es demasiado costoso, ya que debe primero asumir el pago de salud y pensión”, explicó Jaramillo, quien calcula que en el país hay alrededor de ocho o nueve millones de trabajadores con ese tipo de contrato, del total de 11 millones que el Dane contabiliza como cuenta propia, ya que las personas con contrato de prestación de servicios son consideradas como trabajadores por cuenta propia por el Dane.
Cabe recordar que las cajas de compensación anunciaron que entregaran estos subsidios, correspondientes a dos salarios mínimos pagados en tres sumas mensuales más la afiliación a salud y pensión por el mismo tiempo; a alrededor de 200.000 personas, lo que ha sido presupuestado en $500.000 millones.
Sin embargo, teniendo en cuenta que más de 239.000 postulantes cumplen con los requisitos, se quedarían por fuera 39.000 personas para quienes no alcanzaría el presupuesto de las cajas de compensación, y que según fuentes cercanas al Ministerio del Trabajo, podrían recibir un subsidio similar al de Ingreso Solidario, de $160.000 al mes.
“Este beneficio ha sido posible gracias a los aportes empresariales al Sistema
de compensación familiar. Sin duda, este esfuerzo constituye el aporte más importante que ha hecho el sector privado no solo por el volumen de los recursos asignados, sino también en el beneficio que representa para la población trabajadora preservar un nivel de ingresos que los aleje de condiciones de pobreza”, señaló Adriana Guillén, presidenta de Asocajas.
Tomado del portal del diario La República
