El 41% de trabajadores ahora ganan menos y el 9,1% perdieron su puesto.
Si bien la pandemia ha hecho repuntar el desempleo en el país, hay varias señales que indican que las personas que pudieron conservar su trabajo también están sufriendo los efectos de la crisis a través de un deterioro de sus condiciones por reducciones de sus salarios, más horas diarias de labores y hasta la pérdida o modificación de sus beneficios.
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Una muestra de eso es que, según los últimos datos del Dane agosto, el 40,8% de las personas ocupadas respondieron que debido a la pandemia han tenido una reducción de su actividad económica y de sus ingresos; el 9,1% dijo que perdió su trabajo y el 3,3% contestó que le suspendieron sin remuneración su contrato.
Algo similar se vio en la Encuesta de Conciliación de Vida Laboral y Personal, presentada por la Andi y el Ministerio del Trabajo, en la que el 32% de los consultados respondió que enfrenta una reducción de ingresos, mientras que sus gastos se han aumentado en 46%, pues han tenido que comprar computadores adicionales, aumentar sus planes de datos de internet para cubrir actividades laborales y académicas en el hogar o adecuación de espacios, entre otros. Y esa es una preocupación, teniendo en cuenta que según el Dane, el 47,8% de los ocupados ganaron hasta un salario mínimo en el primer semestre del 2019.
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A la reducción de sus ingresos o salarios se le suma que los empleados han tenido que trabajar más tiempo desde sus hogares. Según la encuesta de la Andi y Mintrabajo, el 53,2% de los hombres y 61% de las mujeres estaban dedicando más de ocho horas al día, comparado con lo que sucedía antes de la crisis, pues apenas el 3,5% y el 5%, respectivamente, respondió afirmativamente a ese punto. Y para el caso de las mujeres hay que sumarle que sus cargas de trabajo doméstico van en aumento.
Otro aspecto es que si bien en los primeros meses de la pandemia las empresas optaron por enviar a sus empleados a vacaciones y suspender los contratos para ajustar sus operaciones, según un informe que hizo el Dane con base la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila), esos cartuchos ya se están acabando.
Para el caso de los periodos de descanso, por ejemplo, en abril y mayo alrededor de 4,2 millones de empleados tuvieron que pedirlo en esos meses, pero en julio ese número solo llegó a 536.901. Y en el caso de los contratos suspendidos, que incluyen también las licencias no remuneradas, entre abril y mayo hubo más de un millón de estas novedades, y en julio este número llegó a 296.384.
Ese fue el caso de una trabajadora del sector de alojamiento y turismo, quien prefiere no revelar su nombre y que en abril le suspendieron su contrato sin remuneración, a excepción del pago de su seguridad social. “Duré seis meses con el contrato suspendido, pero seguía asistiendo a reuniones y dedicando horas diarias a la empresa. Ahora que volvimos a trabajar, me ofrecieron el 70% de mi salario inicial y acepté”, contó.
Otro punto que también podría estar en riesgo por la situación económica son los beneficios, que podrían modificarse o eliminarse.
Para Camilo Borda, gerente general de BigPass Edenred, desde su organización no han identificado que se hayan borrado los beneficios de alimentos o de dotación, pero “hay algunos casos puntuales que vimos que durante las restricciones, como el beneficio de combustible, que estuvo limitado por efecto de la no movilidad”, dijo, y agregó que para las dotaciones vieron algunos ejemplos en los que las empresas decidieron postergar este beneficio.
Ante situaciones como las de la empleada que le suspendieron su contrato y siguió trabajando, o las personas que asumen los gastos extra de servicios públicos o equipos, expertos consultados subrayan que la situación de emergencia por cuenta de la pandemia no puede ser una excusa para precarizar las condiciones laborales.
En ese sentido, Stefano Farné, director del Observatorio Laboral de la U. Externado, manifestó que “frente a una crisis siempre es mejor un ajuste vía salarios que a través del empleo (despidos). Ahora bien, esta reducción en los salarios debería ser temporal, ojalá concertada con los sindicatos para darle respaldo social, y debería establecer un reembolso a los trabajadores una vez la empresa vuelva a tener ganancias. La suspensión y las licencias no remuneradas deberán incluir algún subsidio del Estado si se retrasan por cierto tiempo”.
ALERTAN POR PEORES CONDICIONES EN CONTRATOS
A la bolsa de aspectos que pueden estar afectando las condiciones de trabajo de los empleos en Colombia, también entra una preocupación adicional y es una precarización de las condiciones de aquellos trabajadores que ganan lo mismo o menos que el salario mínimo.
Este diario pudo conocer un estudio que hizo Cuso International, con el apoyo del Gobierno de Canadá, en el que advierten que a través de la reglamentación del piso de protección social que estaba incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, desde el próximo año 54.000 trabajadores estarían en riesgo de que cuando sus vinculaciones laborales terminen, estas se reemplacen con la nueva modalidad para reducir costos.
De acuerdo con Alejandro Matos, director de Cuso International en Colombia, “el estudio buscar alertar que los empresarios pueden cambiar las condiciones de los trabajadores, lo que afectaría a personas de estratos bajos que ganan menos del salario mínimo, trabajan menos de 30 horas semanales y que aportan a seguridad social”.
La otra advertencia que lanzaron en el informe es que todavía no esté regulado en Colombia el trabajo de cero horas, pues en otros países estas condiciones han hecho que los trabajadores no reciban beneficios como pagos a la seguridad social, primas o vacaciones. “Esta modalidad contractual abriría la puerta para que los empleadores prefieran reducir los costos laborales y se viva un retroceso del trabajo decente en el país”, destacó Matos.
Finalmente, Adriana Rodríguez, investigadora principal del estudio, dijo que para evitar que esta situación represente una precarización de los empleos más vulnerables, será clave fortalecer la institucionalidad y buscar medidas para fomentar el trabajo en los grupos más vulnerables, como las mujeres y los jóvenes.
María Camila González Olarte
Tomado del portal del diario Portafolio
