Fiscalía reveló audios que comprometen general Jorge Romero con corrupción y posible obstrucción
Acuerdos para cobrar el 10 por ciento del valor de los contratos, colectas entre unidades militares para justificar licitaciones por productos que no fueron entregados, nuevos generales involucrados en casos de corrupción y hasta una estrategia para entorpecer la investigación de la Fiscalía.
Esa cadena de hechos fue revelada ayer durante la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá en la cual la Fiscalía pidió que el capturado general Jorge Romero Pinzón sea asegurado en centro carcelario entre tanto avanza el juicio en su contra por actos de corrupción. El oficial se declaró inocente.
En la audiencia, la Fiscalía señaló que la red de corrupción a la que habría pertenecido el general Romero, llamado a calificar servicios hace menos de un mes, seguía funcionando hasta hace 20 días.
Para el ente acusador, con la captura de nueve personas, entre militares, exmilitares y contratistas, el 23 de julio se pudieron frenar las acciones irregulares de la red que habría logrado adjudicar con trampas contratos por 3.296 millones de pesos.
Uno de los testigos señaló que en algunos casos, el contratista “prestaba la plata” antes de la adjudicación de los contratos y luego se realizaba todo el proceso licitatorio en el que resultaba ganador quien había anticipado el giro de los recursos.
Esto, dijo la Fiscalía, sucedía con contratos entregados a la empresa de Samir Fernando García y Ana Lucía Posada, capturados en la primera fase de la operación y quienes no solo ganaban contratos para el suministro de alimentos, sino que en realidad no entregaban los elementos contratados.
La fiscal añadió que por la línea de mando en la Cuarta Brigada de Medellín, el general Romero era quien daba el direccionamiento de los contratos.
‘El hombre de la tula’
En una de las conversaciones destapadas por la Fiscalía durante la audiencia se menciona que Samir Fernando García llevaba ocho años recibiendo contratos en la brigada.
“Era el man de confianza de todos los comandantes porque era el que soltaba la plata (…) era el de la caja menor”, se escucha en una conversación entre alias Charry y el sargento Jorge Luis Echavarría García, ayudante del general Romero.
“Desde la época de mi general Mejía, ese man se la pasaba allá porque era el que manejaba la tula”, se escucha en la grabación interceptada gracias a una orden judicial.
La Fiscalía señaló que se detectaron contratos de alimentación y de suministro de bienes como colchones y almohadas para los uniformados que ni siquiera se cumplieron. Y que los batallones terminaban haciendo actividades para intentar justificar el cumplimiento de esos contratos.
En una llamada del 29 de diciembre de 2018 se escucha a Samir Fernando y su socia Claribel Cubillos cuando mencionan un contrato en el cual aparece mencionado otro general que aún no ha sido judicializado. En la llamada hablan de sacar la plata para el general Rodríguez, sin decir su nombre.
Cubillos le dice a Samir que estuvo revisando las cuentas y que de los 590 millones de pesos, hay que sacar lo de la Unión Temporal “más otros 50 millones”, y que restando unos recursos les quedan “556 millones de pesos, y nos toca dividirnos y restarle lo del general Rodríguez y lo de la gente de acá”.
La fiscal del caso señaló que se está rastreando ese nuevo contrato que no se realizó en la Cuarta Brigada y se está ejecutando actualmente.
En otro aparte de una grabación hablan el suboficial Wilson Manuel Villota y el ayudante del general Romero, y mencionan un episodio en el que supuestamente, el alto oficial mandó cien millones de pesos en efectivo para pagar las deudas de la división, y agregan que a pesar de eso, “el general Salgado había dejado botado a mi general (Romero) cuando él les colaboró”.
Intentó obstruir la justicia
El general Romero, dijo la Fiscalía, puso en riesgo la investigación “desde el primer día que supo de este proceso”.
Añadió que el oficial, aún activo en el Ejército, fue notificado de la investigación en su contra y se detectó que un hombre de su confianza sacó documentos claves que “los hundirían a todos”.
“Esto no es un invento de la Fiscalía, está documentado en una llamada en poder de la Fiscalia”, indicó la funcionaria.
El sargento Echavarría habla por teléfono de una reunión con el alto oficial, quien estaría “muy tocado” y que se enteró de que varios subalternos estaban declarando en su contra.
Agrega el sargento que si en realidad dieron las declaraciones, el general “los clava, los clava, el man está indignado”.
El interlocutor, el sargento Wilson Manuel Villota, dice que si lo hubiera querido entregar habría entregado la caja que tiene en la casa.
Y más adelante dice que por orden del general, “todo se sacó de la brigada, todo salió sin problema”.
La Fiscalía señaló que los investigadores siguen trabajando en la búsqueda de esos elementos de los que se habla.
“Capi, dígale al mayor que ya se sacaron esas planillas, que no se preocupe por esas planillas que ya se sacaron de los archivos, pero pasito, chito, que nadie escuche, no vaya a decir nada”, se escucha a una mujer.
En una conversación, el mismo general Romero Pinzón habla con el sargento Echavarría y le pide el teléfono de uno de los testigos para hablar con él.
Además, añadió la Fiscalía, el oficial estuvo monitoreando los movimientos de los testigos e, incluso, de los investigadores, “haciendo seguimientos a las personas que estamos cumpliendo con este deber constitucional”.
El ente acusador señaló que se trabaja en una nueva línea de investigación por el delito de obstrucción a la justicia contra el alto oficial. La Fiscalía sostuvo que ante el riesgo de que el oficial interfiera con la justicia, tendría que permanecer privado de la libertad.
“En las formas de aseguramiento, la Fiscalía considera que la única posible y pertinente es la de la detención en centro penitenciario. En la detención domiciliaria puede tener acceso a reuniones, llamadas telefónicas y conocimiento de los testigos de la Fiscalía”, dijo la fiscal del caso.
La audiencia continuará el lunes a las 8:30 a. m., y se conocerá la decisión sobre la medida de aseguramiento; por el momento, el general permanecerá en una unidad militar.
Filtración de información
Durante la audiencia, la Fiscalía dijo que un uniformado les contó a los investigadores que su superior le había dado instrucciones para que entregara información del caso al ayudante del general Romero Pinzón.
El coronel Jesús Armando del Río, actual comandante del Batallón de Servicios número 4, afirmó que el general Juvenal Díaz Mateus, comandante de la Cuarta Brigada y “subalterno jerárquico del general Romero Pinzón entre el 15 y 16 de febrero de 2019”, ordenó entregar “copia de todos los soportes de la información que obtuvo la policía judicial en esta investigación”.
No se descartan más capturas de militares por corrupción
Tras las denuncias sobre supuestos actos de corrupción en el Ejército han salido de la institución 5 generales en el último mes.
Al general Jorge Romero Pinzón, quien fue el primero en ser llamado a calificar servicios el 18 de julio, se sumaron los generales Adelmo Fajardo Hernández, segundo comandante del Ejército; Juan Vicente Trujillo, comandante de la División de Asalto Aéreo del Ejército; Francisco Javier Cruz, jefe del departamento de Implementación y Estabilización, y César Augusto Parra León, jefe del departamento conjunto de Planificación y Transformación.
Dos semanas antes había salido del Ejército el coronel Elkin Alfonso Argote, quien se desempeñaba como jefe del Estado Mayor del Comando de Reclutamiento.
El uniformado fue sorprendido por la Fiscalía junto a Miguel Antonio Bastidas Bravo, alias Gárgola, considerado el jefe de la estructura criminal ‘la Constru’, cuando se desarrolló el operativo para capturar al capo en el municipio de Soacha, Cundinamarca.
El ente investigador señaló al oficial de proteger al narco durante sus desplazamientos y movilizarlo en su carro oficial para evitar la captura.
Y a comienzos de julio fueron capturados 12 suboficiales señalados de hacer parte de una red que cobraba entre cuatro y cinco millones de pesos para facilitar traslados de uniformados.
Fuentes de la Fiscalía señalaron que en las investigaciones se ha contado con el apoyo y la alerta del mismo Ejército, que por labores de contrainteligencia ha evidenciado irregularidades en las tropas.
Y el Ministerio de Defensa no descarta nuevas capturas de uniformados, teniendo en cuenta que más de 50 militares han sido retirados de las fuerzas por sospechas sobre la transparencia de su comportamiento, y las evidencias de esos casos ya fueron entregadas a la Fiscalía para que avancen las investigaciones penales. Esa cartera ha insistido en que las capturas han sido producto de las labores de control de las mismas fuerzas militares.
En la Procuraduría también avanzan varias investigaciones disciplinarias en las que uniformados serán llamados a dar explicaciones sobre sus actuaciones.
Tomado del diario EL TIEMPO
