Tras masacre, Gobierno trasladó a 2.500 militares a la zona. Comunidades piden medidas sociales.
“Traer más militares nos ayuda a menguar la situación, porque los armados se van a sentir presionados y muy seguramente terminarán desplazándose a otras regiones. Mientras estén en su juego del gato y el ratón, nosotros podemos tener un respiro”.
Esa fue la opinión que le dio a EL TIEMPO un jefe ancestral del resguardo indígena de Tacueyó, ubicado en la zona rural de Toribío, Cauca, sobre el anuncio del Gobierno de enviar militares hasta esa convulsionada región como una reacción a la masacre que disidentes de las Farc perpetraron en ese territorio, hace dos días.
El líder asegura que si bien los integrantes del Ejército no pueden entrar a su comunidad ancestral, porque históricamente se han declarado neutrales ante el conflicto, sí podrán estar alrededor de ella para impedir que los grupos ilegales intenten penetrar sus territorios.
Mientras para algunos líderes étnicos la militarización puede ser una ayuda temporal, otros plantean que el problema de fondo en Cauca exige otras medidas a largo plazo para contener el narcotráfico: resolver sus problemas sociales y la violencia que los azota.
Y es que, según las autoridades de la región, la masacre del martes, en la que murieron cuatro integrantes de la guardia indígena y una autoridad ancestral, fue protagonizada por ‘Barbas’, jefe del autodenominado frente ‘Dagoberto Mejía’ de las disidencias.
El ataque se dio en un puesto territorial que había montado la guardia sobre la vía principal de Tacueyó, cuando los indígenas detuvieron las cuatro camionetas y una moto en la que se desplazaban ‘Barbas’ y sus hombres, armados con fusiles. Los guardias indígenas les pidieron que se fueran, pero la reacción de los disidentes fue disparar.
La masacre llevó a que el presidente Iván Duque viajara este miércoles a Santander de Quilichao, donde encabezó un consejo de seguridad junto con la cúpula de las Fuerzas Militares y el director de la Policía Nacional.
Desde allí anunció que antes de 40 días entrará a operar en el departamento la Fuerza de Despliegue Rápido n.° 4 (Fudra 4), integrada por 2.500 militares, la cual tendrá tres objetivos específicos: ejercer control territorial, cerrar las rutas del narcotráfico y desmantelar las redes criminales.
El Presidente también dijo que “los responsables de este crimen son estructuras del narcotráfico, disidentes, residuales, que lo que han querido es mantener el negocio del narcotráfico y buscar con las armas acallar las expresiones de las comunidades”.
Ante el reto que plantea la presencia de narcotraficantes en la zona, el Presidente le encargó a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, mejorar los medios de comunicación de las comunidades con la entrega de radioteléfonos y equipos satelitales que faciliten un llamado de urgencia.
Para muchos líderes ancestrales, los problemas sociales que se viven en la zona no se solucionan únicamente con la llegada de más militares.
Aída Quilcué, consejera de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), aseguró que son sistemáticos los ataques en su contra. Añadió que han acudido a todas las instancias para pedir que se frene la violencia, “pero la única respuesta es la militarización, cuando la misma Fuerza Pública ha matado a nuestros personeros. Necesitamos que se apliquen los acuerdos pactados en La Habana”.
Además, las autoridades indígenas también reclaman que se cumpla lo pactado en materia de restitución de tierras y sustitución de cultivos ilícitos.
Por su parte, Hermes Pete, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), explicó que las comunidades están evaluando los temas planteados por el Gobierno Nacional, pero que lo más importante es que el Gobierno brinde “la garantía de la vida a los pueblos indígenas”.
¿Cómo protegerlos?
El antropólogo Fabián Sanabria señaló que para avanzar en la protección de los pueblos ancestrales se debería buscar conciliar la justicia constitucional y el derecho indígena, estrategia para la que se podría acudir a antropólogos. Con esto, señaló, se podría “trabajar de manera coordinada para enfrentar a los criminales”.
Diana Quigua, investigadora del área étnica de Dejusticia, habló del papel de la guardia indígena en esos territorios. “Es un cuerpo humanitario que porta un bastón de mando como símbolo de autoridad, y que representa la autonomía de los pueblos indígenas declarados neutrales frente al conflicto –por lo que no llevan armas– y que defiende su territorio”.
Señaló que lo que sucede en Cauca “evidencia las debilidades del Estado en un enfoque étnico y para brindar políticas de protección, donde deberían establecerse unas medidas que se adapten a como viven los pueblos en sus territorios y cómo se enfrentan día a día con los criminales que tienen intereses en esas zonas”.
Tomado del diario EL TIEMPO
