A esa fecha, tres de las medidas comprendidas ahí, le costarían a la Nación más de $2 billones.
Por: Valerie Cifuentes M.
Portafolio
Luego de que la Ley de Financiamiento de 2018 se cayera por vicios de trámite, el Gobierno Nacional tuvo que presentar a finales de 2019 su nueva reforma tributaria, que denominó Ley de Crecimiento Económico y en la que, en medio de un contexto social complejo por el que atravesaba el país por esas fechas, incluyó un ‘paquete’ social con cuatro medidas.
Como ya es conocido por muchos, entre estas se encuentran la compensación del IVA a la población más vulnerable, los tres días sin este tributo al año, la reducción de aportes de salud de los pensionados de menores ingresos y la promoción del empleo juvenil.
De acuerdo con José Ignacio López, director de investigaciones de Corficolombiana, “en orden de magnitud el que más cuesta inmediatamente es el de la devolución del IVA, que puede llegar a más o menos 0,1% del PIB ($1 billón)”.
Para el experto, entre las otras dos medidas (tres días sin IVA al año y reducción de aportes de salud de los pensionados con menores ingresos) suman más o menos $600.000 millones, es decir, 0,06% del PIB. “Estas tres acciones sumadas, dan una cifra alrededor de $1,6 billones del PIB (…) Ese es el orden de magnitud, es algo que está entre $1,6 y $2 billones y va teniendo un efecto fiscal que es creciente y toma su máxima tensión en 2022, hacia aproximadamente $2,3 billones”, dijo.
En esta misma línea, Alejandro Reyes, economista de Bbva Research, comentó que de las cuatro medidas, las más grandes son la compensación del IVA y la reducción de aportes de los pensionados con menores ingresos. “De las otras dos, estimar un impacto se hace más difícil”, dijo.
Para Reyes, el costo fiscal también dependerá mucho de los parámetros que se definan. Por ejemplo, en la compensación del IVA a los más vulnerables, será importante saber el monto que se espera dar a la población en mención.
“Nuestros números nos dan 0,2% del PIB de esas dos medidas fiscales de gasto social para 2020 y 0,4% del PIB para 2021 (que a hoy serían casi $4 billones), porque son graduales y van creciendo”, resaltó el analista de Bbva Research.
Además, destacó que el impacto de estas dos medidas sociales para “2020 podría ser más pequeña porque la mayoría de estas van a arrancar a mitad de año. Sin embargo, ya en 2021 se vería un impacto bastante mayor y en 2022, sería el golpe más fuerte. En todo caso no debería ser más allá del 0,4% del PIB de nuestras estimaciones (…) Ahí ya quedaría como un gasto no adicional, sino como uno permanente en el que tenemos que buscar cómo lo vamos a financiar de ahí en adelante”. Sumado a lo anterior, Reyes dijo que en 2020 el Gobierno va a tener ingresos suficientes para hacer frente a estas medidas. En este punto señaló que las utilidades de Ecopetrol de 2019 y las del Banco de la República en el mismo periodo, le ayudarán al Ejecutivo en sus cuentas.
Pero, para 2021, las rebajas en gravámenes corporativos, deducción de ICA y del IVA sobre la renta aprobadas en la tributaria, “tendrán un costo fiscal grande”, lo que sumado a los pagos de temas sociales, hará que ese año sea más complicado y “va a requerir probablemente una nueva acción del Gobierno, eso es o una reforma tributaria, una reforma de gasto o una venta de activos”.
Por su parte, López aseguró que “lo que hemos dicho en Corficolombiana es que de aquí a 2022 el Gobierno ha hecho cuentas muy optimistas en términos de crecimiento de la economía y lo que puede generar el fortalecimiento de la Dian y la factura electrónica, y nos parece que eventualmente lo que va a tener que hacer es algún tipo de recortes de otro tipo de programas para lograr su meta fiscal y llevar a cabo estos nuevos gastos sociales”.
Para el Director de Investigaciones de Corficolombiana, hay una discusión de si las medidas son buenas o no. “Yo creo que para medir si una política social es buena hay que tener algún tipo de criterio, si uno piensa en el de equidad, por ejemplo, se vería que la única que tiene buen sustento es la devolución del IVA, porque hace que sea menos regresivo como instrumento de recaudo”.
Cabe mencionar que de acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda, el conjunto de las medidas de gasto social le costarán a la Nación $1,2 billones durante 2020 (0,1% del PIB), dato que para los siguientes tres años (2023) incrementaría hasta $3,2 billones (0,2% del PIB).
Respecto a cuándo se presentaría otra reforma tributaria, el analista de Corficolombiana dijo que será una tarea del siguiente Gobierno, dado que ahora no hay clima político para ello. Sin embargo, el experto de Bbva Research aseguró que dependerá en parte si el Ejecutivo logra vender activos este año, lo cual daría espera a 2022 o, si no, sería un tema que se podría plantear para 2021.
Tomado de diairo Portafolio
