Para Alejandra Barrios el máximo reto del Estado en su conjunto es que no puede haber territorios donde los mandatarios electos terminen siendo administrados por cualquiera de las economías ilegales
“El máximo reto del Estado en su conjunto es que no puede haber territorios en este país que pese a tener alcaldes y concejos electos, terminen siendo administrados por mafias de cualquiera de las economías ilegales”.
Así lo manifestó Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), que hoy presenta su Mapa de Riesgo de cara a los comicios de autoridades locales, el 27 de este mes.
EL NUEVO SIGLO: ¿Qué municipios tienen mayor riesgo electoral?
ALEJANDRA BARRIOS: Este es un mapa que muestra de manera específica los municipios en los que consideramos debe haber un cubrimiento y acompañamiento de todas las autoridades, de manera particular a los que tienen riesgo extremo.
Dentro de las regiones que se destacan está todo el andén Pacífico. Tenemos muchísima preocupación frente a municipios que están en el Chocó, Alto y Medio Baudó. Aquí hay un tema con el Eln. En elecciones anteriores cuando no han declarado cese unilateral del fuego sí han afectado el proceso electoral. Así que desde la MOE hacemos un llamado a esta organización para que declare el cese unilateral del fuego en los municipios donde hace presencia. Pedimos que permita que los ciudadanos vayan a votar y los candidatos puedan hacer proselitismo electoral.
El riesgo también persiste en la zona del Catatumbo y la frontera con Venezuela, Norte de Santander y Arauca. Así mismo, permanecen en alerta roja, el Bajo Cauca antioqueño, la frontera entre Córdoba y Antioquia.
ENS: ¿Cuáles son los factores que afectan a los municipios?
AB: En este mapa no señalamos nada distinto a lo que hemos venido viendo frente a tres factores específicos.
El primero de ellos tiene que ver con el tema de violencia política que está relacionado con las economías ilegales.
Por otro lado, creemos que es importante bajar los índices de pugnacidad. Debemos evitar lo que pasó en las elecciones de 2015, donde en 71 de los municipios, debido a que las campañas no están de acuerdo con los resultados, terminemos con quema de puestos, registradurías, asonadas y disturbios, es fundamental trabajar en esos hechos.
Además, debemos trabajar en los hechos de violencia política que pueden estar directamente relacionados con las diferencias ideológicas que se pueden presentar en algunos departamentos y algunas candidaturas.
Algunos ejemplos, son organizaciones como los conservadores o el Centro Democrático que no pueden hacer proselitismo en Arauca o partidos como La UP, Colombia Humana o los Verdes que ven difícil su campaña en zonas como la frontera del departamento de Antioquia con Córdoba.
ENS: ¿En materia de delitos electorales cuál es el balance?
AB: Nosotros apoyamos la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral (CNE) frente a la trashumancia electoral, anularon cerca de 900.000 cédulas e hicieron una revisión de trashumancia histórica en los municipios.
Hay que destacar que también van a brindar las garantías, fundamentales para la MOE, para que quienes por alguna razón les fue anulada la cédula puedan a través de un mail o de la página del CNE dar las pruebas necesarias para que demuestren que la inscripción de la cédula es válida.
Por otro lado, en materia de delitos electorales tenemos el tema de participación en política de funcionarios públicos que hoy está al orden del día, un tema que hemos insistido con Procuraduría. Los funcionarios no pueden poner al servicio los bienes del municipio para favorecer a ningún candidato. Por último, en este gran tema advertimos que hay unos fenómenos de destrucción de propaganda electoral.
ENS: ¿Cuál es la tercera alerta?
AB: Tiene que ver con las redes sociales. Estas deben ser un mecanismo de información del debate público de las ideas y las propuestas, y no ser utilizadas para promover el discurso del odio.
Sobre estos tres temas estamos viendo todo el análisis de riesgo electoral. Lo que esperamos es que con estos niveles de riesgo podamos hacer una acción conjunta entre los ciudadanos y las autoridades, las campañas políticas y sus candidatos y con una responsabilidad fuertísima de los partidos políticos frente a las elecciones del próximo 27 de octubre.
ENS: ¿Es cierto que las mafias se pueden tomar el proceso, como dice el Gobierno?
AB: A nosotros nos preocupa que en la medida en que es muy difícil hacer seguimiento del origen, monto y destino de los recursos, los recursos de las economías ilegales de los grupos armados que administran puedan terminar no solo ahora sino una vez elegidos los alcaldes o gobernadores.
El máximo reto del Estado en su conjunto es que no puede haber territorios en este país que pese a tener alcaldes y concejos electos, terminen siendo administrados por mafias de cualquiera de las economías ilegales.
Ese es un gran riesgo, porque no se ve solo a lo largo de este proceso electoral, sino que las amenazas pueden empezar a llegar una vez se tengan los alcaldes elegidos y los concejos elegidos en el nivel municipal.
Ahí es donde consideramos importante que las autoridades estén atentas a hacer ese seguimiento y brindar apoyo a los alcaldes y los concejos para brindarles la seguridad necesaria para que no sea a través de las amenazas y de la intimidación que se pueda terminar ejerciendo presión sobre los que resultaron elegidos.
ENS: ¿Cuentas Claras se convirtió en un rey de burlas?
AB: Alrededor del 3% de los candidatos han presentado algún tipo de información que no es exhaustiva. El CNE ha brindado todas las herramientas para obligar a las organizaciones políticas para que sus candidatos brinden la información de manera semanal sobre los recursos que se gastan en la campaña.
Es increíble que veamos que hay candidatos a las gobernaciones y las alcaldías que tienen reportado cero gastos y cero ingresos. Es como si después de dos meses de campaña no se hubiera gastado plata.
Hay que mirar con juicio no solo las capitales y las gobernaciones sino aquellos municipios estratégicos para saber cuáles son los recursos que se están moviendo. Porque aquellos candidatos que están cumpliendo las reglas de juego, que son cuidadosos en sus recursos se ven afectados por aquellos que usan recursos no reportados que terminan después cuadrándose en las cuentas de campaña.
Ese tema no solo acarrea multas sino es un tema que la Fiscalía debe investigar para ver si esos recursos provienen de fuentes lícitas o no. Si un candidato no hace reporte de sus gastos, la Fiscalía o el CNE podría ver inmediatamente lo que está pasando y aquí estamos hablando de más del 90% de los candidatos del país.
Tomado del portal del diario EL NUEVO SIGLO
