Nuevo escándalo en Inteligencia militar: 11 oficiales y un general salieron del Ejército

Foto: Según el Ministerio, tras el escándalo de "chuzadas" el Ejército fortaleció la herramienta SICEI (Sistema de Control Estratégico Institucional). Archivo

Así lo anunció el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, justo antes de que la revista Semana publicara nuevos hallazgos de «perfilamientos» a periodistas, políticos y representantes de oenegés. En algunos casos se habría perseguido también a fuentes de varios periodistas.

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, confirmó que este viernes que 11 oficiales del Ejército fueron apartados de su cargo y un brigadier general solicitó el retiro voluntario por el escándalo de “chuzadas” orquestadas desde Inteligencia del Ejército. “Respetuosos de los procesos de investigación y, en aras de garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia, el Ejército Nacional ratifica que tomará acciones inmediatas frente a las decisiones que vayan adoptando los entes judiciales y de control”, dijo el alto funcionario este primero de mayo desde la Escuela Superior de Guerra.

(En contexto: El nuevo escándalo de chuzadas que opaca al Ejército)

En su edición de este fin de semana, Semana hará públicos otros apartes de esta investigación. Según la publicación periodística, luego de que el entonces corresponsal del New York Times en Colombia, Nicholas Casey, diera a conocer las directivas del Ejército que significarían el regreso de los «falsos positivos», el comunicador se volvió un objetivo para Inteligencia Militar. Además de él, una serie de comunicadores, políticos y defensores de derechos humanos fueron objeto de lo que la institución castrense denominó «tareas especiales».

Entre las víctimas, dice Semana, están el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco; el corresponsal de la National Public Radio, John Otis; el del Wall Street Journal, Juan Forero; el fotógrafo Stephen Ferry; las periodistas de Time, Lynsey Addario y de Noticias Caracol, María Alejandra Villamizar, la directora de RCN Radio, Yolanda Ruiz; el director de Univisión, Daniel Coronell; el subdirector de Noticias Uno, Ignacio Gómez; la editora de la Unidad de Datos de El Tiempo, Ginna Morelo; así como periodistas de La Liga Contra el Silencio; miembros del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y de sindicatos como la Confederación General de Trabajadores (CGT); entre muchos otros. En varios casos, las «tareas especiales» fueron más allá de perfilamientos y el Ejército, asegura la publicación periodística, incluso intentó averiguar quiénes eran las fuentes de los comunicadores.

Asimismo, en los más de 130 perfilamientos que denuncia Semana hay carpetas de figuras políticas de la oposición como los senadores Gustavo Bolívar, Angélica Lozano y Antonio Sanguino. Pero, según la publicación periodística, también fue objeto de estos seguimientos el exviceministro de Defensa Jorge Mario Eastman. El nombre llama la atención porque según La Silla Vacía Eastman intermedió en Semana para que se engavetara la investigación por las directrices que regresarían la política de «falsos positivos», artículo que finalmente publicó The New York Times.

Según dijo la revista Semana en enero de este año, durante 2019 desde el Ejército se habría ordenado realizar múltiples interceptaciones de comunicaciones sin ningún tipo de orden ni justificación legal. Entre las víctimas de estas acciones estarían Roy Barreras, senador del Partido de la U; Camilo Romero, exgobernador de Nariño, y Cristina Lombana, magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. Las interceptaciones ilegales se habrían realizado desde dos guarniciones: una en Catam y la otra en el Cantón de Comunicaciones de Facatativá.

Según dijo el ministro Trujillo este viernes, por estos hechos el Comando General de las Fuerzas Militares tiene abierta una investigación disciplinaria y a su vez ordenó la apertura de un proceso en la Inspección del Ejército. Asimismo, oficiaron a la Procuraduría y a la Fiscalía para que hagan lo propio. “La Fuerza Pública tiene y tendrá el respaldo de los colombianos en tanto siga actuando con transparencia, que es la fuente de su legitimidad. Esa transparencia incluye estar siempre dispuesta como institución a colaborar con las autoridades”, dijo el ministro. El ministro dijo que por ahora no darían a conocer los nombres de los oficiales que fueron relevados ni del general que pidió la baja. “Respetuosos de los procesos de investigación y, en aras de garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia, el Ejército Nacional ratifica que tomará acciones inmediatas frente a las decisiones que vayan adoptando los entes judiciales y de control”, señaló en su declaración. Además, dijo que “los colombianos pueden estar seguros las decisiones adoptadas no afectan el desarrollo de las operaciones militares, y por el contrario buscan garantizar fortalecer la institucionalidad y garantizar la seguridad y tranquilidad en todas las regiones del país”.

Luego de que estallara el escándalo, desde el 13 de enero el ministro, en compañía del comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, y del entrante comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, anunciaron una auditoría al sistema de inteligencia para descartar conductas al margen de la ley. Ese proceso, aseguró este viernes el general Navarro, lo dan por finalizado hoy, tras  “una participación activa de más de un centenar de expertos de inteligencia militar con acompañamiento de validadores nacionales e internacionales”.

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El alto oficial agregó que en el proceso de mejoramiento “se hizo especial énfasis en la revisión de técnicas, tácticas y procedimientos para la adecuación de protocolos más estrictos que garanticen la seguridad de la información. Importante el fortalecimiento del talento humano que nos va a permitir seleccionar los hombres y mujeres más idóneos al servicio de la patria. Se han implementado, en este comité de revisión numerosas medidas de control tanto humanas como técnicas que minimicen la posibilidad de actuaciones indebidas que afecten el buen nombre de la institución, los derechos de los ciudadanos o que sean contrarias a la ley de inteligencia».


Tomado del portal del diario EL ESPECTADOR