El Canciller viajó este lunes a la ONU para explicar las razones que tuvo el Gobierno.
El gobierno del presidente Iván Duque puso en marcha desde ayer una cruzada internacional dirigida a explicarle al mundo las objeciones que hizo a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Este mismo lunes, Duque y su canciller, Carlos Holmes Trujillo, recibieron al cuerpo diplomático acreditado en Colombia y los dos respondieron todos los interrogantes que los embajadores les plantearon sobre el tema.
Duque y Trujillo decidieron dar especial prioridad a ilustrar a los gobiernos extranjeros sobre su decisión, ante la ofensiva iniciada por sus contradictores, que los acusaron de poner “obstáculos” a la paz.
Apenas unas horas después de que el jefe de Estado confirmó, el pasado domingo en la noche, que se negaba a sancionar la ley estatutaria de la JEP y que enviaría al Congreso las objeciones a 6 artículos fundamentales de esta norma, los negociadores del acuerdo de La Habana y un grupo de intelectuales y líderes políticos lo acusaron ante la ONU de desconocer “las normas constitucionales que consagran los principios fundamentales que deben regir el funcionamiento de la JEP”.
Este grupo también envió copias de su denuncia al Consejo de Seguridad de la ONU y a la Corte Penal Internacional (CPI), en la que añadieron que el gobierno de Duque está empeñado en “lesionar gravemente la implementación del acuerdo, la estructura y el funcionamiento de la JEP, así como el sistema diseñado para honrar los derechos de las víctimas”.
Citas en la ONU
El canciller Trujillo, quien lidera la cruzada internacional para explicar al mundo las razones de las objeciones a la ley de la justicia de paz, viajó en la noche de este lunes a Nueva York donde este martes tendrá reuniones con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a quien le compartirá las razones que el gobierno colombiano tiene para plantear reformas a lo acordado en La Habana por el anterior gobierno.
El miércoles Trujillo se reunirá, también en Nueva York, con embajadores de países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, con el mismo propósito.
El presidente Duque también ordenó a sus misiones diplomáticas en todo el mundo que se reúnan con los gobiernos ante los cuales están acreditados para que transmitan las razones de los reparos a esta norma, parte del esquema normativo de la justicia transicional.
Duque no quiere dejar prosperar en la comunidad internacional la idea de que su gobierno le está poniendo “obstáculos” a la paz.
Este lunes, antes de partir para Nueva York, el canciller Trujillo le anticipó a EL TIEMPO lo que les dirá, tanto al secretario general de la ONU como a los miembros del Consejo de Seguridad.
“El Presidente Duque está actuando con el convencimiento de que estamos frente a una oportunidad excepcional, única, si se quiere, para construir un gran consenso institucional de cara a la justicia transicional”, dijo.
El Canciller tiene el propósito de convencer a la comunidad internacional de que las reformas planteadas por el gobierno del presidente Duque, tanto a la JEP como a la reforma constitucional que le dio bases jurídicas al acuerdo de paz con la guerrilla, “es una oportunidad única para construir un consenso institucional y trabajar con base en lo que nos une”.
“Tengo la seguridad de que la comunidad internacional se sentirá muy bien apoyando dicho consenso institucional”, agregó el Canciller.
Trujillo desvirtuó la tesis de sus opositores de que las objeciones de Duque a la ley estatutaria de la justicia transicional han provocado un “choque de trenes” perjudicial para la paz.
Aunque no mencionó a persona o partido político en particular, el Canciller respondió de manera velada a los críticos del Gobierno diciéndoles que “en Colombia no existe la falaz, dañina y artificial división entre amigos y enemigos de la paz, que se proclamó en el pasado con fines políticoelectorales”.
ONU pide celeridad
Entre tanto la Misión de Verificación de la ONU en Colombia emitió en la noche de este lunes una declaración en la que se pronunció en favor “del pleno y libre funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz”, a fin de garantizar los derechos de las víctimas.
También dijo que “lamentamos que, a más de dos años de la firma del Acuerdo Final, la JEP aún no cuente con un Ley Estatutaria, marco jurídico sólido que garantice su operación en pleno ejercicio de autonomía e independencia, principios claves de la ONU”.
Esta instancia de Naciones Unidas destacada en Colombia no ahorró argumentos para expresarse en favor del fortalecimiento de la jurisdicción especial de justicia que tendrá como misión juzgar a los autores de delitos de guerra y de lesa humanidad cometidos con ocasión del conflicto armado.
“Ratificamos –dijo– nuestra expectativa de que la JEP reciba el apoyo político y práctico para su funcionamiento de todas las autoridades del país. Este respaldo –añadió– dependerá en gran medida de que los derechos de las víctimas sean la prioridad y el centro de la construcción de paz”.
El embajador de Alemania en Colombia, Peter Ptassek, dijo poco después de escuchar al presidente Iván Duque, en su reunión con el cuerpo diplomático, que su país mantiene su apoyo al acuerdo de paz.
Tomado del portal del diario El Tiempo
