Iván Duque recibiría este beneficio con el fin de sacar adelante una política pública de reducción en los gastos de funcionamiento.
Con la radicación ayer del Plan Nacional de Desarrollo (PND) ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’, el Gobierno le pasó la pelota al Congreso, que tendrá esta ley como primer punto de su agenda durante los próximos tres meses.
El proyecto, radicado ayer por la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Gloria Amparo Alonso, traza la hoja de ruta del cuatrienio del presidente Iván Duque y, en general, buscar darle un remezón a diferentes políticas públicas del Estado.
En el articulado radicado, el PND contempla cambios de forma y fondo, entre otros, en sectores como ciencia, tecnología e innovación; tecnologías de la información y la comunicación (TIC), transporte, salud, minas y energía, educación y hacienda pública.
Si bien en el documento entregado ayer no se menciona, este diario conoció el articulado del proyecto de ley y en este se da vía libre a que Duque tenga facultades extraordinarias por seis meses, con las cuales podría crear entidades u organismos de la Rama Ejecutiva; cambiar la adscripción de los organismos y entes descentralizados; reasignar funciones y competencias; y hacer ajustes presupuestales para darle recursos a entidades fusionadas o reestructuradas.
El documento entregado ayer, no obstante, sí confirma que dichas facultades le dan el poder al jefe de Estado de simplificar o suprimir trámites innecesarios de las entidades del Estado colombiano de forma ‘exprés’ y de adelantar una política de ajuste del gasto público.
NOVEDADES DEL PLAN
De otro lado, sobre el sector transporte, la hoja de ruta contempla abrirles la puerta a nuevas fuentes de financiación, tanto para las obras de infraestructura como para solventar los ‘huecos’ de los sistemas masivos de transporte.
Para estos últimos, se fijaría una nueva contribución por el servicio de parqueadero en las ciudades, sumado a que el país estrenaría los cargos por congestión, es decir, ‘peajes urbanos’ para acceder a zonas puntuales de las ciudades, y los ciudadanos podrían también pagar parte de estos recursos vía cobros por valorización.
Por su parte, para proyectos nacionales se contemplaría también el pago de valorización de quienes actualmente se ven beneficios por las vías 4G, pero el PND va más allá de la consecución de recursos para dicho rubro. Buscando no repetir el pasado, el Gobierno blindaría los dineros de las concesiones en caso de que estas sean terminadas anticipadamente, como sucedió con Odebrecht.
Así, una vez hecha la reversión del contrato, la Agencia Nacional de Infraestructura tendría vía libre para destinar los aportes que reciba a otros contratos, de tal modo que se garantice la continuidad de las obras y no suceda como en la Ruta del Sol II, que lleva dos años paralizada.
Paralelo a este cambio, la Nación podría cofinanciar, vía asociaciones público – privadas, proyectos para desarrollar sistemas de servicio público de transporte, como futuras líneas del metro de Bogotá o de trenes de cercanías.
La economía naranja, bandera de Duque, no se queda atrás. El PND le permitiría al Gobierno crear un modelo de emisiones de acciones naranja de hasta $20.000 millones para pequeñas y medianas empresas, y esta cifra subiría cada año con la inflación.
En el caso minero-energético, el plan trae varias novedades. Por ejemplo, el país ahora tendría requisitos diferenciales para el otorgamiento de contratos de concesión a los mineros de pequeña escala, y los contratos de concesión avalados en el primer Código Nacional Minero de 1998 podrán ser ampliados hasta por otros 30 años.
De igual forma, el Gobierno podría dar incentivos tributarios a quienes inviertan en generación de energía con fuentes no convencionales, quienes pagarían la mitad de su impuesto de renta durante 15 años.
TEMAS VARIOS
El sector agropecuario no se queda por fuera de los cambios, ya que se plantea la creación de la cédula rural, con la cual se busca formalizar, aumentar la inclusión financiera y controlar la entrega de subsidios, entre otras. A este se suma Hacienda, si se tiene en cuenta que el PND le daría vía libre a las entidades estatales de cualquier orden o rama vender directamente algunas participaciones accionarias, con el fin de inyectarle recursos al fisco.
Asimismo, se le daría aval al Gobierno para que asuma como deuda públicas los pagos que tiene que hacer por sentencias judiciales en su contra, de tal modo que estas puedan ser pagadas vía servicio de deuda o con emisión de TES.
Todo el Plan de Desarrollo está enmarcado en la consecución de recursos en los próximos cuatro años, y las metas trazadas podría ser ajustadas a medio camino, en caso de que no coincidan con la disponibilidad fiscal del Estado. Vale recordar que esta hoja de ruta contempla inversiones de más de $1.000 billones, es decir, más que todo el PIB de Colombia.
CONTRATOS DE COBERTURAS PETROLERAS
En materia de crudo, el funcionamiento del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles tendría un artículo que le permitiría al Estado celebrar contratos de cobertura financiera sobre los precios del petróleo, confirmando así la idea ventilada desde el gobierno anterior de que se paguen seguros en caso de que el precio del crudo baje más de lo calculado. Esta figura, que es usada en países como México, permite que los gobiernos protejan los ingresos fiscales que reciben cada año por la renta petrolera, pero que depende en gran parte de que los precios del crudo no sean afectados por la volatilidad. Es decir, por el pago de este seguro, el Gobierno asegura que si baja el precio, igual reciba los recursos cada año.
Tomado del portal del diario Portafolio
