Uno de cada tres restaurantes del país ya cerró debido a las pérdidas económicas por la pandemia.
Tres meses después de que el Gobierno Nacional anunció las diferentes medidas para evitar la propagación de l covid-19, uno de los sectores más afectados por el cierre de establecimientos ha sido el de la gastronomía.
Según cifras de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés), a la fecha se han tenido que cerrar 27.600 locales, es decir, un 30 por ciento de la industria, pues muchos de estos establecimientos no han podido llegar a acuerdos con sus arrendatarios o se les dificulta el proceso con las inmobiliarias.
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Uno de los rostros de esta situación es el de Jorge Gutiérrez, un joven barranquillero inquieto con los negocios y que en estos momentos ve amenazado su patrimonio debido a los pleitos que se han desatado con sus arrendatarios por no poder pagar los montos del alquiler de los locales donde funcionan sus negocios.
Gutiérrez es gerente de Moto Rent, empresa que renta motos a turistas con sedes en Medellín y Bogotá. Además, tiene un bar en el centro histórico de Santa Marta.
En Medellín aceptaron bajarle el arriendo al 50 por ciento, “pero como somos una empresa de turismo y con las fronteras cerradas estamos pasando penas. Sobreviviendo al mínimo”.
Este mes, la inmobiliaria dijo que no más y, aún con la cuarentena viva, volvió a subir el canon de arriendo al precio completo “o nos teníamos que ir”.
En Bogotá estaba estrenando local cuando la cuarentena se les vino encima. “La inmobiliaria junto con la propietaria nos condonó el primer mes, el segundo mes al 50 por ciento y el tercer mes también”.
Donde la situación se ha agravado es en Santa Marta. Allí tiene el bar El Bololó, pero asegura que la dueña del local no entró en ningún acuerdo: “De hecho, nos respondió que al único acuerdo que llegaba era que de no pagar todo se lo deberíamos dar en retroactivo”.
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“Tengo varios días sin dormir, por las preocupaciones, no sé en qué va a terminar todo esto”, dice Jorge, que vive en Barranquilla.
Para Henrique Gómez París, director de Acodrés, la situación se ha puesto en conocimiento del Gobierno Nacional, donde advierten que la muerte lenta de estos establecimientos representará a futuro serios problemas para el país.
“Solo el 7 por ciento de los propietarios han conseguido acceder a acuerdos con sus inquilinos, es muy poco en una industria con 90.000 establecimientos, un arriendo puede representar hasta el 15 por ciento de gastos de un establecimiento gastronómico”, señala Gómez París.
La industria gastronómica del país cuenta con 73.000 negocios informales y 17.000 formales. En la formalidad, de acuerdo con Acodrés, se encuentran los cánones de arrendamiento más altos, que pueden llegar a los 120 millones de pesos mensuales, como es el caso de muchos negocios asentados en el centro histórico de Cartagena.
Trabajar a pérdida
Según el numeral 3 del artículo 5 que aparece en el decreto 749, “los establecimientos y locales gastronómicos permanecerán cerrados y solo podrán ofrecer sus productos a través de comercio electrónico, por entrega a domicilio o como entrega para llevar”.
Henrique Gómez señala que la venta por domicilios solo genera un 12 por ciento de las ventas regularmente, lo cual no ha sido útil para los negocios. Solo en los establecimientos formales se habla de un billón seiscientos mil millones de pesos en pérdidas, solo en estos tres meses.
“Qué objetivo tiene para un empresario alentar al domicilio si no le da. Estamos llamando a los arrendatarios a mejorar los acuerdos, pues esta situación nos compete a todos. ¿Cómo planean una reactivación de la economía a futuro con negocios cerrados?”, se pregunta el director de Acodrés.
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Tal es el caso de Carambolo, un establecimiento que prefirió cerrar su negocio, pues teme que la venta a través de domicilios no solo afecte sus ganancias, sino su servicio.
“Nuestra decisión fue cerrar Carambolo y dejar en la mente de nuestros comensales, al menos, el recuerdo hermoso de lo que fue”. Así lo señala Lola Serna, empresaria de una familia que se ha destacado en la industria de la gastronomía en una de las zonas más notables en Cali: el barrio Granada.
La empresaria dice que por el coronavirus y la falta de clientes tuvo que decidir no abrir más las puertas en este establecimiento de 22 años de historia en el norte de Cali. Debido a los costos del arriendo del local con pagos de servicios y los de los empleados, el lugar no va más.
“Carambolo no nació como un restaurante de domicilios y girar en esa dirección implicaba cumplir otros protocolos, normas, decretos. No podíamos garantizar, con domicilios, la calidad habitual de nuestra comida”, dice la empresaria al señalar que se ponía en riesgo la reputación misma de Carambolo.
Es que los domicilios solo habrían representado el 10 por ciento de los gastos del lugar y aunque hace una década el restaurante estuvo en medio de una difícil situación económica por obras de pavimentación en esa zona, Carambolo continuó y salió adelante. Pero hoy, el panorama es más complicado, según la empresaria.
Por ahora, la parte formal, el 20 por ciento de la industria gastronómica, que normalmente registraba una producción de 9,1 billones de pesos, ve cómo poco a poco mueren las ganancias por cuenta de la pandemia.
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Acodrés hace un llamado al Gobierno Nacional para flexibilizar algunas medidas y también generar un acuerdo que permita a los arrendatarios llegar a tratos que no dejen morir negocios que durante muchos años han procurado mantenerse a flote.
Tomado del portal del diario EL TIEMPO
