Según la MOE, desde octubre han sido eliminados 65 líderes que participaban en actividades proselitistas de cara a los comicios
Una alerta sobre el incremento de la violencia a medida que se acercan las elecciones prendió la Misión de Observación Electoral (MOE).
Según un informe divulgado ayer, mayo fue el más violento desde que inició el calendario electoral, 27 de octubre de 2018.
Según los registros de la MOE, organización entre enero y mayo de 2015 se habían presentado 15 agresiones contra precandidatos, mientras que en lo corrido de 2019 se han registrado 24 agresiones, incluyendo cinco asesinatos.
Desde el 25 de octubre de 2014 hasta el 25 de octubre de 2015 hubo 191 hechos de violencia contra líderes sociales y comunales, incluyendo 22 asesinatos, 19 de ellos contra dirigentes políticos.
“De esta forma se evidencia que, pese a que el país debería estar en proceso de consolidación de la paz en todo su territorio, la violencia política no solo se está presentando con más antelación, también de forma más frecuente y letal”, aseguró la MOE.
Sumada a la violencia por motivos electorales, la MOE asegura que desde el 27 de octubre de 2018 hasta el 27 de mayo de 2019, se han registrado los casos de 228 líderes políticos, sociales y/o comunales víctimas de violencia a nivel nacional. De estos, 65 (29%) fueron asesinados.
La MOE aseguró que “llama la atención sobre los casos de asesinato y atentados a precandidatos a las alcaldías, puesto que ya van cinco precandidatos asesinados en este periodo de tiempo. Las agresiones se han presentado en 111 municipios (9,8% del total nacional) en 22 departamentos (70%) del país”.
Estaba previsto
La directora de la MOE, Alejandra Barrios, afirmó que “la violencia política en mayo estaba prevista desde principio de año, pues se había advertido en su momento sobre el riesgo de que en momentos clave del calendario electoral, como las consultas partidistas en mayo, la inscripción de candidatos en julio, o las elecciones mismas en octubre coincidieran con incrementos en la violencia, como se ha observado en años anteriores”.
La MOE le hizo un llamado al Gobierno nacional para buscar una ruta de acción articulada de las autoridades, “específicamente dirigida a prevenir y mitigar la violencia contra líderes políticos, pues el Plan de Acción Oportuna del actual Gobierno se enfoca en líderes sociales, comunales y periodistas, sacando a los precandidatos y líderes políticos, quienes conforme avance el proceso electoral y se aumente su exposición, serán más afectados por la violencia”.
El jueves, el procurador general Fernando Carrillo juzgó que se han multiplicado “los factores de riesgo que enfrentan los líderes sociales y defensores de derechos humanos en época electoral”.
“Estamos a menos de seis meses de un debate electoral y la violencia contra los líderes sociales se recrudece en estas épocas. Aquí hay un elemento, no marginal sino vertebral, para el análisis de lo que representa en adelante su protección”, dijo.
Carrillo señaló que el combustible de todo este exterminio han sido las economías ilegales y el narcotráfico, más en un departamento que está de tercero en la lista de producción de narcóticos en el país.
“De ahí la importancia de la movilización que todavía espera este país para inmovilizar a los victimarios de los líderes sociales, que sigue siendo una tarea pendiente más en una zona y en un departamento como este donde hay carencias y las dificultades históricas en la garantía de los derechos humanos”, puntualizó.
Seguridad
En abril, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) publicó un informe en el que contabilizó “42 hechos de violencia electoral, que dejaron un total de 80 víctimas” entre el 27 de octubre de 2018 y el 30 de marzo de 2019, “excluyendo los hechos perpetrados contra líderes sociales”.
Según dicho estudio, los sectores políticos más victimizados son aquellos que se encuentran en crecimiento, es decir, los sectores alineados con el gobierno y los partidos de oposición. Contra partidos de gobierno se registraron 17 hechos (21,25%) y en contra de los independientes 12 (15%); por su parte, los partidos de oposición encabezaron la tendencia con 25 casos, que suman el 31,25% de todos los hechos registrados.
El Gobierno ha asegurado en múltiples ocasiones su compromiso con la seguridad en las elecciones, de hecho, anunció en febrero la firma de un convenio que permite el fortalecimiento de la transparencia, acceso a la información y seguridad de autoridades electorales.
“Este acuerdo pretende que tengamos un muro de contención entre la MOE y el Gobierno para garantizar la transparencia en las elecciones”, dijo en su momento la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.
La Ministra explicó que el tema de la seguridad es importante en la “estrategia que vamos a construir. Con la MOE hemos querido explorar acciones e invitamos a los ciudadanos a denunciar los delitos”.
Sicarios
Yann Basset, director del Observatorio de Procesos Electorales, de la Universidad del Rosario, consideró que “algunos sectores se resisten a la implementación del proceso de paz en el país, por eso este recrudecimiento de la violencia tanto contra líderes sociales como contra personas que ejercen el ejercicio político. Es importante hacer un balance de las regiones donde se presenta el fenómeno y reevaluar las acciones del Estado en ese territorio que lleven a la paz”.
A su turno, el analista Ariel Ávila, subdirector de Pares, sostuvo que “en muchas regiones del país la violencia es un mecanismo de competencia electoral. Aquí no se trata tanto de actores armados. Solo en pocos casos se trata del Eln o el Clan del Golfo. En su mayoría son sicarios contratados por los competidores políticos de quienes son amenazados, desplazados o asesinados”.
Para Ávila, “esta violencia es diferente a la que ejercía la guerrilla antes de la desmovilización. Ellos quemaban urnas, no dejaban votar la gente, eso ha mejorado mucho. Pero la violencia política por competencia electoral es la que nunca ha acabado y la que actualmente se tiene”.
Tomado del portal del diario El Nuevo Siglo
