Altos mandos y Ministro anunciaron ofensiva contra dos redes señaladas de la violencia en la región.
Un aumento de las recompensas contra los jefes de las disidencias en el Cauca, el fortalecimiento de la inteligencia y de las operaciones contra dos estructuras identificadas como las responsables de la violencia en el departamento, son parte de las decisiones anunciadas este viernes por el ministro de Defensa, Guillermo Botero, tras un consejo de seguridad en Miranda y Popayán.
El nuevo valor de esas recompensas, dijo Botero, se conocerá este sábado.
El funcionario y el alto mando se desplazaron a la zona por instrucciones del presidente Iván Duque tras el asesinato de cinco personas en Corinto y Caloto. El propio jefe de Estado estuvo en la zona el miércoles pasado, luego de la primera masacre de cinco indígenas, entre ellos la reconocida líder de la zona Cristina Bautista, y anunció en su momento el traslado de 2.500 hombres de la Fuerza de Despliegue Rápido a la región.
Botero señaló que esos uniformados llegarán en diciembre y que al tiempo se va a desplegar una ofensiva contra el narcotráfico “que se ha venido enquistando en el departamento y que es la causa de las masacres y los asesinatos”.
Frente al diagnóstico de la causa de la violencia en la región coincidió la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien señaló: “Es verdaderamente doloroso lo que está pasando en el Cauca; una consecuencia de haber bajado la guardia contra el narcotráfico. La lucha criminal de los narcotraficantes por el control de territorios es la causa de esa violencia”.
El ministro Botero sostuvo que la prioridad es atacar las estructuras ‘Dagoberto Ramos’, en la cordillera central, y la ‘Jaime Martínez’, en la occidental. También indicó que el grupo conocido como ‘Carlos Patiño’, que delinquía en el sur del departamento, ha sido debilitado y está casi desmantelado.
Con esa nueva prioridad se incrementarán los ofrecimientos de dinero, entre otros, contra ‘Barbas’ y ‘Mayimbú’. Por este último se ofrecen hasta mil millones de pesos.
“Lo que se está ofreciendo no ha motivado suficientemente a la gente y se van a aumentar las recompensas”, dijo Botero.
Aunque el funcionario reconoció que no ha hablado con las comunidades indígenas del tema, dijo que sí apoyan la idea de la Defensoría del Pueblo de establecer la figura de la carpa blanca.
Este es un espacio donde se reúnen los gobiernos Nacional, local, autoridades y comunidades para atender la problemática de la zona.
Esa podría ser una salida a la oposición de las comunidades que no ven con buenos ojos la llegada de más uniformados. De hecho, ayer Luis Kankui, dirigente kankuamo e integrante de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), sostuvo que la llegada de mas tropa solo va a profundizar el conflicto. “No pasaron 24 horas cuando ya habían asesinado a otras cinco personas en esta región. El conflicto se va a escalar mucho mas”, indicó.
Añadió que la situación se debe enfrentar “con inversión social y una estrategia integral para las comunidades”. Igualmente, pidió la presencia de Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas.
También anunció que las comunidades indígenas se van a sumar a las movilizaciones del 21 de noviembre, que fueron convocadas por centrales obreras y movimientos de estudiantes.
La alerta de la ONU
Naciones Unidas hizo un pronunciamiento sobre la gravedad de lo que enfrentan las comunidades del Cauca y señaló que este año se han documentado 52 asesinatos en el territorio Nasa.
“De las 52 personas asesinadas, 11 eran defensoras de derechos humanos. Además, el pueblo Nasa ha recibido 74 amenazas de muerte y nueve ataques. En total, la Oficina ha recibido informes de 106 asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos en lo que va de 2019”, dijo el organismo.
Y advirtió que “a pesar de los esfuerzos” realizados en el pasado “los pueblos indígenas continúan enfrentándose a grandes riesgos”. Además, pidieron investigaciones exhaustivas “incluyendo las posibles omisiones y corrupción que podrían haber permitido la masacre”.
La tragedia de los cuatro profesionales asesinados
Los disidentes de las Farc que asesinaron a los cuatro contratistas el jueves pensaron que ellos eran integrantes de inteligencia de las Fuerzas Militares que se habían infiltrado en la zona.
Esa es una de la hipótesis de la Fiscalía que investiga el crimen de los civiles, que fueron asesinados con sevicia. Según las evidencias recolectadas en la zona, los contratistas se encontraban en la zona, aledaña a un cultivo ilícito, y manipulaban dos drones que sobrevolaban la zona tomando imágenes.
Esto, según los testigos, habría llevado a que ‘el Indio’ y ‘Barbas’, jefes de las disidencias, enviaran a algunos de sus hombres a pedirles sus identificaciones. Al encontrar que uno de ellos tenía un documento de la Armada que lo acreditaba como militar en retiro, los disidentes se habrían alterado hasta el punto de perpetrar el crimen de los civiles.
Y el hecho de que los hubieran degollado, para los investigadores, está relacionado con un acto de retaliación al pensar que eran agentes encubiertos.
Las autoridades atribuyeron el atroz hecho a la disidencia ‘Dagoberto Ramos’, la misma que habría perpetrado la primera masacre del martes en el corregimiento Tacueyó del municipio de Toribío, en donde fueron asesinados cinco indígenas.
El trabajo que realizaban los cuatro hombres habría sido encomendado por la empresa Fundación Desarrollo de las Ingenierías y las Ciencias de la Salud para la Proyección Social (Fundipros), con sede en Neiva.
El hecho se registró en la vereda Santa Elena, zona rural de Corinto. Una de las víctimas era Carlos Mario López, de 31 años, nacido y residente en Florida (Valle del Cauca), ingeniero agrícola egresado en 2012 de la Universidad Nacional. Estaba vinculado por proyectos a la Fundación desde 2013.
Durante un año estuvo buscando trabajo en Cali, pero lo volvieron a llamar de la firma de propiedad de un docente que conoció en la época universitaria. También murió Roosebelt Saavedra, de 55 años, conductor y amigo de López. Y Diego Hernán Rodríguez Torres, de Miranda (Cauca), quien era suboficial retirado de la Armada y trabajaba como contratista.
Por su parte, Diego Cerguera Picón, de Neiva (Huila), se encontraba en último semestre de ingeniería y este era su primer trabajo.
Tomado del diario EL TIEMPO / Redacción Justicia
