Desde 2014 hasta julio de este año han sido capturados 395.345 ciudadanos por estos delitos.
Por: Milena Sarralde Duque
EL TIEMPO
Entre el 2014 y el 2018, cada día, 194 personas fueron capturadas en promedio por delitos relacionados con drogas. En ese periodo, en total, la Policía efectuó 354.872 capturas por hechos de tráfico, fabricación o porte estupefacientes. Y a julio de este año iban 40.473 capturas por los mismos delitos (unas 190 por día).
Las capturas por delitos de drogas representan un 27 por ciento de todas las detenciones que efectúan las autoridades; en otras palabras, esto significa que una de cada cuatro detenciones que se producen en el país es por drogas.
Estas estadísticas hacen parte de un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en el que se analiza el problema de la ‘Distribución de drogas ilegales y su consumo en Colombia’, y que llama la atención porque –asegura– las estrategias del Estado se han concentrado en atender el microtráfico y el consumo desde un enfoque policivo, medidas que si bien son necesarias, no son suficientes. “Las acciones de prevención y reducción de daños se han mantenido al margen de las agendas de Gobierno”, se lee en el documento.
De hecho, después del hurto, el porte, consumo, fabricación y tráfico de estupefacientes es el delito más perseguido, de cuerdo con las cifras de Ideas para la Paz.
El documento expone también que entre 2012 y 2018 fueron aprehendidos 50.742 menores de edad por este delito, niños que en muchos casos “son usados por las estructuras criminales como campaneros”, para alertar a las redes de microtráfico.
La investigación también advierte que a pesar del número de capturados cada año, y que el 94 por ciento de esas detenciones se dan en flagrancia (durante la supuesta comisión del delito), la mayoría de esas personas son dejadas en libertad por falta de pruebas que los vinculen con redes de microtráfico.
Por eso no todos los detenidos terminan en centros penitenciarios o con casa por cárcel. Al 31 de julio, según cifras del Inpec, había 41.679 personas privadas de la libertad por estos hechos y de ellas unas 21.000 tenían condenas.
La investigación concluye que la persecución y sanción en los casos de microtráfico se está concentrado “en los eslabones más débiles” de la cadena, es decir en los jíbaros o en los consumidores, pues sólo “una fracción muy pequeña de las personas que están en la cárcel por narcotráfico está relacionada con delitos graves como el concierto para delinquir, el homicidio y el porte de armas”.
Además, entre los detenidos, la mayoría portaba un poco más de la dosis mínima (más de 20 gramos de marihuana o más de un gramo de coca), no una cantidad importante de droga.
Con esto, el estudio plantea que “las intervenciones del Estado se han dirigido a las manifestaciones más visibles del fenómeno –es decir, a las dinámicas urbanas de comercialización local y consumo problemático–, a través del aumento de penas, el uso recurrente de los procedimientos en flagrancia por parte de la policía de vigilancia y la imputación de delitos simples”.
La consecuencia de atacar a los eslabones más débiles, y no a los grandes narcos es que quienes son capturados son fácilmente reemplazados y por lo tanto es difícil desarticular estos mercados ilegales, que mueven unos $ 6 billones al año. Mientras los resultados visibles son las detenciones y las drogas incautadas, estas medidas no tienen “efectos de largo plazo en los mercados de distribución, ni mucho menos en el consumo”, dice la FIP.
El informe también señala las dificultades para combatir los expendios. En el caso de Bogotá, en donde en el 2018 se encontraron 217 zonas de expendio de drogas, el 70 por ciento de esos puntos están en ese mismo lugar desde el 2010, lo que muestra que “un porcentaje significativo de las zonas impactadas por la distribución de drogas ilegales tienden a permanecer en el tiempo, con procesos de dispersión y fragmentación”.
El informe también evalúa el decreto del 2018 con el que el Gobierno reglamentó los artículos del Código Nacional de Policía que permiten incautar y destruir sustancias ilícitas, incluso las dosis personales.
Entre el 31 de enero del 2017 y el 26 de febrero del 2019, dice la FIP, se registraron 1.7 millones de comparendos por todo tipo de comportamientos contrarios a la convivencia de los cuales 548.003 están relacionados con el porte y consumo y porte de sustancias lícitas y prohibidas en el espacio público.
Pero de ese número, asegura la FIP, en el 80 por ciento no hay información sobre cuál fue la droga o sustancia sobre la que se estaba aplicando el comparendo. Eso significa que no es posible saber si se trataba de una sustancia ilegal.
Atención al consumo
En el 2016 el Departamento Nacional de Planeación concluyó que Colombia dejó de ser un país exclusivamente productor y pasó a ser también consumidor. Así, dice la FIP, el último estudio sobre el consumo de drogas en el país, que es del 2013, arrojó un aumento en la población que consumió algún tipo de sustancia en el último año, pasando de 1.4 por ciento en 1996, al 3,6 por ciento en el 2013.
Y el estudio de consumo de sustancias psicoactivas en la población escolar en el 2016 mostró un aumento en la prevalencia en último año del consumo de marihuana (al pasar del 6.9 % en el 2011 a 7.8 % en el 2016) y en la cocaína, al pasar del 2.4 % a 2.6 % en el mismo periodos.
Aunque estas cifras muestran que el consumo aumentó, la FIP asegura que no se puede decir que esté desbordado o que constituya una epidemia, como sí sucede en Estados Unidos, pues en el país el consumo problemático afecta al 2 por ciento de la población.
Lo que sí preocupa, dice la investigación, es que sólo una de cada 1.000 personas que tiene un consumo problemático de drogas puede ser atendida por el Estado.
Y de los 32 departamentos, sólo 24 cuentan con servicios de atención en salud para personas consumidoras, y la gran mayoría de las 400 instituciones de tratamiento son privadas. Otra dificultad que señala la FIP es que solo el 15 por ciento del gasto en la lucha contra las drogas está destinado a reducir la demanda, pues la mayoría del prusupuesto se concentra en las medidas policiales.
Ante este balance, EL TIEMPO consultó al Ministerio de Justicia y a la Policía para conocer su opinión, pero no obtuvo respuesta.
‘Es importante sacar este problema de las sombras’: Viceministro de Salud
El viceministro de Salud Iván Darío González habló con EL TIEMPO sobre lo que esta cartera está haciendo para mejorar la atención en salud de las personas que consumen drogas.
El informe de la FIP plantea que en la lucha contra las drogas se ha privilegiado un enfoque policivo en lugar de un enfoque preventivo ¿Qué se debe hacer al respecto?
Yo creo que esta es la ventaja de que actualmente se tengan tres ejes de Gobierno en esta materia. Desde la legalidad se está mirando la lucha contra las drogas y el narcotráfico, pero desde la equidad creamos esta política contra el consumo en la que estamos reconociendo un problema de consumo en nuestros niños y adolescentes, y lo estamos abordadando con un enfoque de derechos humanos, salud pública y género. Pero también desde la promoción, prevención, rehabilitación, atención, así como con acciones intersectoriales. Por eso estamos ubicando al sector educativo, al ICBF, la Policía y hemos visitado más de 12 ciudadanos. Ya tenemos también 19 acuerdos territoriales firmados y hemos capacitado a 5.000 personas.
El informe plantea un déficit en la atención de las personas que tienen consumos problemáticos…
El 24 de septiembre, en el hospital de Bucaramanga, vamos a hacer un lanzamiento de la política solo en rehabilitación en el manejo de la farmacodependencia, porque nos parece que es muy relevante trabajar en esta materia.
La FIP asegura que hay poco presupuesto para atender el consumo…
Parte de la debilidad que tenemos es por eso. En lo que hemos venido trabajando es en decretar la salud mental y el consumo como prioridades de salud pública para impulsar proyectos como el del hospital mental de Risaralda, al que le dimos recursos para la unidad de salud mental. Y estamos trabajando en Santa Marta, y metiéndonos en Valledupar. También acabamos de darle una unidad móvil al hospital de Filandia, Quindío, con una unidad de farmacodependencia. Es importante sacar este problema de las sombras y volverlo prioridad para poder tratarlo desde un énfasis técnico. El país tiene que ir cerrando brechas entendiendo cómo se para el problema desde la atención y la rehabilitación.
‘Se crearon incentivos perversos para aumentar resultados en la Policía en la lucha contra las drogas’
Juan Carlos Garzón, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, habló con EL TIEMPO sobre las principales conclusiones del informe.
¿Qué implica que cada año haya más de 63.000 capturas en promedio, pero que la mayoría queden libres?
Lo primero que me sorprendió cuando empezamos a ver las cifras es que hay una relación entre la percepción de seguridad y el tema del consumo de drogas, algo que vimos en los datos de Bogotá, Cali y Medellín. Esto se traduce en una presión para dar respuestas y la herramienta que ha usado el Estado de manera primordial, con la que es fácil mostrar resultados, es la acción policial, y en este caso, las capturas. Es fácil decirle al ciudadano que la tercera parte de capturas son por delitos relacionados con ese tema que a él le preocupa: las drogas. El problema es que eso no necesariamente tiene un impacto positivo en la dinámica.
Lo segundo es que se han creado incentivos perversos para la Policía y una presión por mostrar resultados. La manera más fácil es con delitos en flagrancia, viéndolos sin una investigación, algo que sucede en la vía pública, y que en la mayoría de casos implica pequeñas dosis, que pueden estar un poco más arriba de la dosis permitida y que generalmente son de marihuana. Esto ha creado un incentivo perverso de mostrar resultados pero con acciones de muy bajo impacto.
Finalmente la mayoría de estas capturas no llegan a ningún proceso efectivo, pues la carga probatoria es muy débil, y ante esa realidad, tanto la Fiscalía como la Rama Judicial han tenido que pedir que se enfoquen en delitos que tengan alto impacto, que dejen de llevar al sistema a personas que en la cadena criminal no tienen un peso que ayude a disminuir delitos o la violencia.
¿Hay un aumento del mercado y del consumo que puedan ser calificados como preocupantes?
Lo que demuestra el informe es que tenemos cifras desactualizadas. No hay cifras actuales sobre el consumo y la última referencia es del 2013. Estamos tarde en términos de tener mejor información sobre el consumo. Y sobre el crecimiento o no del mercado estamos a ciegas porque los diagnósticos locales se quedan cortos en entender las dinámicas del mercado.
¿Qué podría hacer el Gobierno para cambiar la balanza que plantea la FIP y pasar de las medidas policivas a las preventivas?
Primero, hay que liberar el presupuesto. Es decir, buena parte de los recursos se deben poder dirigir al tema de prevención. La mayoría de la reducción del daño la ha financiado la cooperación internacional, no necesariamente el Estado. Esto es muy interesante porque en países como en Estados Unidos lo que ha ocurrido es una tendencia a equilibrar los presupuestos, equilibrar el presupuesto de la lucha contra las drogas con el de prevención. Lo segundo es trabajar con las administraciones locales para fortalecer las capacidades locales. Los alcaldes deben tener esa articulación entre medidas de carácter preventivo y más represivo. Sería muy importante que al hablar de este tema no sólo estén policías, sino también funcionarios de salud e integración social. Lo tercero es entender que esto no se puede resolver sin la participación de las comunidades, las organizaciones comunitarias, los padres de familia.
Milena Sarralde Duque
Subeditora de Justicia
Tomado del diario EL TIEMPO
