Con una aplastante mayoría de 110 votos a favor y 44 en contra, el bloque parlamentario a favor del Acuerdo de Paz le propinó el más contundente golpe al presidente en lo que va de su administración. Ni la presencia un momento del fiscal general en la plenaria logró convencer a los indecisos.
La derrota estaba cantada desde que Cambio Radical y los partidos de la U y Liberal se sumaron a la oposición para negar las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Con una contundente votación de 110 a favor y 44 en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes acogió anoche la ponencia mayoritaria, en la que le advertía al presidente Iván Duque que sus reparos no eran el camino político para reformar el sistema de justicia transicional. En sus argumentos se afirmaba que las objeciones no eran por inconveniencia, sino por asuntos constitucionales, sobre los que la Corte Constitucional ya se había pronunciado.
“Viva la paz”, se oyó gritar en el Salón Elíptico en el momento en el que el secretario general de la Cámara, Jorge Humberto Mantilla, leía el resultado. “Dejamos claro que estas objeciones no proceden, que el Gobierno lo que hizo fue objetar una sentencia de la Corte Constitucional, que aprobarlas sería una violación a la división de poderes y que aquí hay una fuerza grande, amplia, diversa y lista para defender la construcción de la paz”, señaló la representante de la Alianza Verde Juanita Goebertus, quien asumió el liderazgo en la defensa de los textos de La Habana.
Desde la otra orilla, el representante del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada, quien lideró la defensa del Gobierno a las objeciones, reiteró que los motivos del presidente Duque se enmarcaban en el ámbito político y que, en ningún momento, pretendían desconocer el fallo del alto tribunal. “Esta es una gran oportunidad para que no quede media Colombia por fuera, para que todos sintamos la obligación de buscar la manera de quitar esta polarización por la que atraviesa el país”, dijo el congresista del uribismo.
Fueron cuatro horas de sesión, donde más que debate, lo que hubo fue un fuerte pulso de mecánica legislativa en la que el Gobierno, a través del Centro Democrático, buscó la manera de dilatar la votación. Por eso, se arrancó por un bloque de impedimentos que fueron rechazados en su mayoría —excepto los de los cinco representantes del partido FARC—, y hubo un intento, liderado por el representante José Jaime Uscátegui, hijo del general condenado por la masacre de Mapiripán Jaime Humberto Uscátegui, para que quienes apoyaron la mesa de diálogos en Cuba se apartaran de la discusión.
Pero estos intentos por ganar tiempo y desacomodar las mayorías fueron inútiles. La conducción de la plenaria por parte del representante liberal Alejandro Carlos Chacón, presidente de la Cámara, no permitió mayores discusiones ni tampoco les dio rienda suelta a los conocidos discursos “veintejulieros”: las intervenciones fueron por tiempo limitado y en representación de las bancadas. El único incidente corrió por cuenta del representante uribista Edward Rodríguez, quien minutos antes de la votación solicitó la palabra para reconocer la derrota y pedir la renuncia de la ministra de Justicia, Gloria María Borrero.
“¿Error nuestro? Quizás (…) es tiempo de que reconozcamos que no hubo diálogo con Cambio Radical, que ustedes citaron a la ministra (de Justicia) y no fue. Debimos tener más diálogo con el Partido Conservador, con la U, los liberales y con ustedes, la oposición. Trabajemos en lo que nos une, en esa Colombia grande y pasemos la página. Ministra, hoy yo sí le digo: acá nos falta diálogo con el Congreso, transparencia con el Congreso, decirle las cosas por su nombre y, por eso, tenga ese gesto de grandeza y hable con el presidente Duque, a ver si pasamos la página y con su renuncia resolvemos este gran problema”, dijo.
De nada valieron las presiones del embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker, o las advertencias del propio fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien se vistió de jefe de debate de las objeciones y, de bancada en bancada, quiso convencer a los congresistas de respaldar los reparos del Gobierno. De hecho, en horas de la tarde, avanzada la discusión, Martínez se apareció en la plenaria de la Cámara y hay quienes aseguran que le pidió a Chacón que le concediera unos cuantos minutos para intervenir, pero este, por considerarlo inconveniente, no accedió. Sin embargo, el presidente de la Cámara aclaró que el fiscal, como cualquier miembro de los órganos de control, tiene libertad y derecho para hacer presencia en el Congreso. “Nunca le he pedido que se retire ni de este debate ni de cualquier otro”, enfatizó.
Tampoco convenció la presencia en el recinto de medio Gobierno Nacional. Hasta el Salón Elíptico llegaron el alto consejero para Asuntos Políticos, Jaime Amín; el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos; el alto consejero para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, y la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. Pero ni esta última, siendo la jefa de la cartera política, ni los otros, alzaron en algún momento la mano para pedir la palabra y tratar de defender los argumentos del presidente Iván Duque.
Más allá de lo sucedido, es claro que el trámite de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP va a mitad de camino y que ahora, en el paso siguiente y definitivo en el Senado, el Gobierno se medirá para saber si tiene o no el respaldo suficiente para liderar las reformas constitucionales que anunció el jefe de Estado el pasado 10 de marzo, para modificar el sistema de justicia transicional, además de otras iniciativas claves, como el mismo Plan Nacional de Desarrollo e incluso la ya prometida reforma pensional. La discusión en la Cámara alta solo se surtirá después de Semana Santa, cuando ya se haya realizado la audiencia pública en la que se escucharán las voces de las víctimas. Pero sea lo que sea, la ventaja la sigue teniendo el bloque de parlamentarios por la paz que hoy cuenta con las mayorías en el Capitolio.
Tomado del diario El Espectador
