Este año han sido asesinados 13 servidores públicos y 70 han resultado heridos erradicando coca.
Por: Alicia Liliana Méndez
EL TIEMPO
Hace una semana, en total estado de indefensión, fueron rematados en el suelo, propinándoles un tiro en la cabeza, cuatro militares que estaban adelantando labores de erradicación de cultivos de matas de coca en la vereda La Pradera, jurisdicción de Sardinata, en Norte de Santander.
Eran el cabo segundo Helmer Mauricio Ortiz Flórez y los soldados profesionales Óscar Eduardo Mendoza Ávila, Vicente Antonio Medrano Mejía y William Felipe Melchor Galindo, con edades de entre los 24 y los 29 años.
Los uniformados fueron despedidos con honores militares, como héroes, pero sus familiares no entienden cuál fue su pecado para que hombres de las disidencias del otrora frente 33 de las Farc decidieran matarlos.
En lo corrido de este año han sido asesinados en actividades de erradicación forzada 13 servidores públicos: nueve militares, dos policías y dos civiles (estos últimos habían sido contratados para apoyar estas labores). Esta cifra es superior a la de todo el 2019, cuando murieron en estas funciones 12 personas.
En los extensos cultivos de coca, los grupos al margen de la ley han instalado minas antipersona, ubicado tiradores y han emboscado a los uniformados cobrando la vida, según cifras del Ministerio de Defensa, de 135 servidores públicos entre 2009 y 2019. A esto se suma que, en igual periodo, resultaron heridos 665, en su mayoría con amputaciones de las extremidades y lesiones que los dejaron en situación de discapacidad.
(Lea también: Ordenan frenar erradicación forzada en Cauca y priorizar sustitución)
Este año, entre el primero de enero y el 31 de agosto se reportan 70 heridos en dichas operaciones de erradicación.
Para la viceministra de Defensa para las Políticas y Asuntos Internacionales, Diana Abaúnza, la lucha que libra Colombia contra el narcotráfico nos lleva a estar “pagando un alto precio en vidas y en destrucción ambiental. Ese es el verdadero enemigo”.
Señaló que no solo están las víctimas de la Fuerza Pública en actividades de erradicación, ya que también se debe tener en cuenta a los civiles en áreas donde hay cultivos ilícitos: “Son víctimas del consumo de drogas y víctimas por la contaminación que esta renta criminal genera en los territorios”, puntualizó.
De igual forma, la viceministra reiteró que el narcotráfico es la principal amenaza que tiene nuestro país, “porque es el que financia a las organizaciones criminales que asesinan y destruyen”, y aseguró que por ello la Fuerza Pública trabaja para afectar la cadena criminal ligada a esa actividad ilícita. “Cada soldado y policía que lucha contra el narcotráfico es un héroe”, dijo.
(Le puede interesar: Tres muertos y tres heridos deja explosión de campo minado en Putumayo)
Sobre la forma como fueron asesinados los militares en Sardinata, la funcionaria dijo que esta es una muestra de la sevicia de estas redes por proteger su renta criminal. Afirmó que son acciones “sin propósito”, y que las desarrollan porque saben que la Fuerza Pública “los está cercando en esos enclaves productivos de la coca, y por eso actúan de forma desesperada, pero además barbárica, tratando de evitar su avance”.
Dijo que todos estos casos se denuncian públicamente ante instancias internacionales, pero recalcó que hay que tener presente que la competencia para su investigación y sanción corresponde a las autoridades judiciales colombianas, que están cumpliendo con esta tarea. De acuerdo con la viceministra, detrás de estos ataques en la gran mayoría de casos están las disidencias de las Farc, el Eln y el ‘clan del Golfo’, que delinquen en las zonas de alta concentración de cultivos ilícitos.
(Además: Narcocultivos, tras la disputa entre grupos ilegales en Nariño)
Daniel Rico, investigador y consultor en temas de economías criminales, afirmó que la erradicación forzada tiene un costo muy alto e insostenible en “vidas humanas”, y señaló que es una actividad irrelevante si se tiene en cuenta la resiembra, pues puede estar en un 71 por ciento. “Aquí no hay claridad ni sobre las cifras de erradicación ni sobre la resiembra”, señaló Rico, y añadió que los narcos “deben de estar felices” al ver que la Fuerza Pública se utiliza en operaciones de erradicación en vez de estar “controlando vías, tráfico de insumos químicos y otras actividades que realmente afectarían esta actividad ilegal”.
Dijo que en este tema no hay nada que inventar, y recordó que en el segundo gobierno Uribe se hizo una gran intervención (2015) en La Macarena, “donde las fuerzas se unieron en una sola línea para afectar y asfixiar las redes criminales de la zona y a la vez hubo inversión social, vías, trabajo coordinado con líderes sociales que dio excelentes resultados”, destacando que no hubo erradicación forzada.
En el mismo sentido se pronunció Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), al señalar que concentrar la lucha contra el narcotráfico en la erradicación forzada ha cobrado un alto costo en vidas.
“Cualquiera que sea el mecanismo que se busque para erradicar o sustituir los cultivos de coca, se pagará con vidas y con violencia en las comunidades”, señaló Restrepo, y agregó que se deben intensificar las acciones hacia otros eslabones de la cadena de producción.
Especialmente en lo referente al tráfico, frenando la producción con más operaciones para incautar los químicos e insumos. “Se debe empezar por atacar el final de la cadena, los insumos, las redes que transportan, por ejemplo, la gasolina y fortalecer las incautaciones que afectan directamente sus economías criminales”, dijo Restrepo.
Meta de erradicación va en un 53 %
Entre el primero de enero y el 31 de agosto, la Fuerza Pública ha erradicado 69.762 hectáreas sembradas con matas de coca. Para este año, el gobierno Duque fijó la meta de erradicación en 130.000 hectáreas, es decir que ese objetivo se ha cumplido hasta ahora en un 53 por ciento. Según el Sistema de Monitoreo de Naciones Unidas, en Colombia, en 2019, se detectaron 154.000 hectáreas de cultivos de coca, una reducción del 9 por ciento en comparación con el 2018.
En el país se han priorizado los departamentos de Putumayo, Nariño y Antioquia para adelantar la erradicación. De igual forma, en los primeros ocho meses del año se han incautado 300 toneladas de cocaína, un 5 por ciento más que en el mismo periodo de 2019. Esta droga incautada habría alcanzado un valor en el mercado negro de 9.896 millones de dólares. Y las incautaciones de marihuana se han incrementado en un 32 por ciento, al pasar de 257,5 toneladas el año pasado a 340,3 este año.
(Le puede interesar: ONU reporta la caída más alta de narcocultivos en siete años)
‘El glifosato es eficaz en los cultivos ilícitos’: Viceministra de Defensa
¿La pandemia ha tenido incidencia en la erradicación?
Por supuesto que la pandemia ha influido, porque ha sido necesario adoptar protocolos estrictos de bioseguridad para evitar la propagación de covid. Esto significa, por ejemplo, duplicar esfuerzos de movilidad para garantizar el distanciamiento entre los uniformados y cuarentenas previas al desplazamiento a los sitios de erradicación.
¿Cómo van los trámites para que regrese la aspersión aérea?
El Gobierno avanza en el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Corte Constitucional, que hacen relación principalmente a estudios ambientales y de salud. En lo que compete a las responsabilidades del Ministerio de Defensa, la Policía Nacional presentó ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales la modificación del Plan de Manejo Ambiental para la reanudación de la aspersión aérea con glifosato. Este proceso se encuentra pendiente de la celebración de la audiencia pública ambiental, luego de que se concluyeron las reuniones informativas que permitieron socializar ampliamente el proyecto con las comunidades.
¿Han buscado otro herbicida que no sea el glifosato?
A la fecha no se cuenta con evidencia científica que demuestre la misma eficacia contra los cultivos ilícitos de otro herbicida.
¿Por qué es tan importante para el Gobierno la aspersión?
Para el Gobierno Nacional es fundamental poder contar con todas las herramientas posibles en la lucha contra el narcotráfico, pues la amenaza no es menor. Por eso, el Gobierno del presidente Duque incrementó los Grupos Móviles de Erradicación y las capacidades en general para atacar los cultivos ilícitos y toda la red de valor del narcotráfico. Por eso también se lleva a cabo la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y se adelantan proyectos productivos con el fin de lograr la transformación territorial. Necesitamos contar con la aspersión aérea, que, como lo ha explicado el ministro de Defensa, es más eficaz, más económica y más segura para nuestros militares y policías.
Tomado del portal del diairo EL TIEMPO
