Piden impedimento de magistrado. Y advierten que Corte no puede decidir que Uribe siga detenido.
La sesión de este lunes, en la que la Sala Plena de la Corte Suprema retomará la discusión sobre el sistema penal en el que se debe llevar el proceso en contra de Álvaro Uribe –por presunto soborno en actuación penal y fraude procesal– se reiniciará en medio de dos polémicas.
La primera se generó después de que voces dentro del uribismo pidieron que el magistrado Hugo Quintero Bernate se apartara de esa discusión. Según manifiestan, ha expresado opiniones y tomado posturas respecto al expresidente –que también se refirió a él– y, por ende, “no sería un juez imparcial”.(Lo invitamosd a leer: Alerta en el uribismo por decisión de Corte en caso del expresidente).
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Ya, de manera voluntaria, se declaró impedido el magistrado Luis Hernández, tras señalar que integró la sala de casación penal que –junto a José Luis Barceló y Fernando Castro Caballero– abrieron la investigación contra Uribe.
Pero el segundo debate jurídico parece más de fondo.
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Tal como lo anticipó EL TIEMPO, la ponencia del magistrado Gerson Chaverra señala que luego de que Álvaro Uribe renunció a su curul y el expediente pasó a la Fiscalía, este se debe regir bajo la Ley 906.
Así lo estaba solicitando tanto la defensa del exmandatario (para pedir su libertad inmediata) como la Fiscalía y la Procuraduría, a pesar de que el senador Iván Cepeda, víctima dentro del caso, insistía en que debía seguir bajo la Ley 600, a través de la cual se le formularon cargos e impuso medida de aseguramiento, con detención domiciliaria.
El agregado
Sin embargo, un agregado en la ponencia de Chaverra, que aún está bajo discusión, prendió las alarmas del uribismo. Fuentes de la Corte confirmaron que, además de dirimir el supuesto conflicto, Chaverra señala que el proceso debe pasar a la Fiscalía en la etapa procesal en la que se encontraba en la Corte.
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En la práctica, esto significaría que Uribe, que ya completa 61 días en domiciliaria, seguiría detenido. Y la formulación de cargos quedaría equiparada con una imputación.
El abogado Rafael Nieto, militante del uribismo y experto constitucionalista, fue el primero en reaccionar. Empezó por advertir que no entendía por qué la juez de garantías ante quien se llevó el supuesto conflicto de competencias lo envió a la Corte si no había tal conflicto.
En todo caso, para Nieto es claro que si la Corte va más allá, violaría derechos de Álvaro Uribe Vélez, tocando los límites del prevaricato. Según Nieto, el Estatuto de Administración de Justicia, en su artículo 18, es claro en que la Corte solo debe manifestar qué ley rige.
Por eso advierte que si van más allá, le violarían a Uribe el debido proceso: “La Corte no puede decidir sobre lo que no tiene competencia y la Ley Estatutaria es clara”.
(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)
Y agregó que si esto llegase a pasar, dejarían ver un “ánimo de persecución política y violación de derechos fundamentales y procesales de Uribe”. El abogado Marlon Díaz coincidió en que la Corte solo debe pronunciarse sobre la competencia.
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Y allegados al expresidente agregaron: “Cuando fue a la inversa, que pasaron de Ley 906 a 600, caso de León Fredy Muñoz y Jesús Santrich, si iniciaron los procesos de cero. Pero en este caso, de 600 a 906, sí quieren definir que está imputado”.
La Corte Suprema tiene la palabra.
Tomado del diario EL TIEMPO
