Dos niños han sido asesinados cada día en lo que va del año

Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / Archivo EL TIEMPO

En el primer semestre del año, a 344 menores les quitaron la vida. El panorama es escalofriante.

Por: María Camilo González

EL TIEMPO

Los aterradores asesinatos de menores que se han presentado este año en el país son apenas la punta del iceberg de un problema de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes que hace rato viene prendiendo las alarmas en Colombia.

El panorama es escalofriante. Durante los primeros seis meses del año, casi dos menores al día (344 en total) han sido asesinados, y por delitos sexuales el Instituto de Medicina Legal ha hecho 10.934 exámenes a menores entre los 0 a los 17 años en los primeros seis meses del año, unos 60 diarios.

Con la mira puesta en este grave problema, este miércoles el gobierno del presidente Iván Duque lanzará una alianza nacional contra la violencia hacia niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de reducir en un 14,3 por ciento la tasa de violencia contra menores a 2022, lo que se traduce en 16.015 niños víctimas menos de algún tipo de maltrato.

Si ese propósito se cumple, esa sería la tasa más baja en los últimos 15 años en el país.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) trazados por las Naciones Unidas señalan que la meta es que esa violencia se reduzca a cero en el 2030 en todo el mundo, un desafío todavía mayor para Colombia.

Para Juliana Pungiluppi, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la violencia contra niños, niñas y adolescentes es un fenómeno complejo y multicausal, «que desbordó la capacidad del Estado para enfrentarla».

Eso tiene que ver, entre otras cosas, con las dificultades para atender, investigar y judicializar los casos oportunamente; la escasez de policías de infancia y adolescencia y de jueces especializados en niñez; la poca cobertura que tiene Medicina Legal para hacer sus exámenes, la falta de prevención de la violencia, e, incluso, la poca articulación que hay entre las entidades del Estado y del Gobierno que manejan y tramitan la información de menores de edad.

Una cifra que resume una de las puntas más graves del flagelo del maltrato infantil es la de la impunidad, que se calcula es del 97 por ciento, pues, según datos de la Fiscalía General de la Nación, entre 2014 y julio de este año, apenas el 3 por ciento de los delitos contra menores han tenido algún tipo de condena.

Mario Gómez, fiscal delegado para la infancia y la adolescencia de la Fiscalía General de la Nación, explicó que uno de los motivos de ello es que los procesos judiciales no les dan todas las garantías ni las herramientas a los menores para que demuestren que su testimonio es cierto.

La grave impunidad

«Lo que ocurre es que cuando los únicos dos testigos de un hecho fueron el agresor y la víctima, y esa última es un niño, que todavía tiene dificultades para ubicarse en tiempo y en espacio, su testimonio puede tener inconsistencias que son aprovechadas por la defensa del victimario», detalló.

Con eso, la mayoría de los casos de algún tipo de violencia sexual pueden quedarse sin resolver o quedan a favor del agresor. A esa impunidad se le suma otra constante y es que los agresores son parte del círculo más cercano del menor.

Las cifras que arroja el Sistema de Salud Pública (Sivigila) del Instituto Nacional de Salud (INS) muestran que los familiares son casi la mitad (48 por ciento) de los agresores de los niños, niñas y adolescentes, y los externos son el 52 por ciento. Eso, en otras palabras, muestra que gran parte de esa violencia empieza desde los hogares.
Para Pungiluppi, una de las principales causas subyacentes a la violencia contra niñas, niños y adolescentes es la naturalización.

«En el sentido común, la violencia no es percibida como un problema. Por esto, la movilización social debe lograr un cambio de paradigma desde todos los sectores. Como sociedad debemos entender que, con nuestras niñas, niños y adolescentes, todo lo que hacemos les queda y no podemos permitir que lo que les quede sea violencia», agregó la funcionaria.

Precisamente, con el fin de promover una mayor articulación no solo de las entidades del Gobierno, sino de la misma sociedad civil, la estrategia que lanzará el Presidente se formuló con base en los lineamientos internacionales de la Gran Alianza Global contra Violencia Infantil, una organización a la que Colombia pudo entrar este año y en la que solo se encuentran cuatro países de América Latina.

En ese sentido, EL TIEMPO pudo conocer en detalle en qué consistirá el trato que busca disminuir la impunidad de delitos contra menores, agilizar la investigación y judicialización de estos casos, y hacer una transformación cultural que deje de naturalizar la violencia.

Principales medidas del plan del Gobierno

Prevención: Si se tiene en cuenta que casi la mitad de la población colombiana ha sufrido, en algún momento de su vida antes de los 18 años, algún tipo de violencia en contra suya y que la mayoría de los agresores han sido familiares o conocidos -según una encuesta del Ministerio de Salud-, se hace urgente generar ambientes seguros para la niñez.

Por eso, en el marco de la alianza, se lanzarán programas clave para que las familias se concienticen de la violencia que puede sufrir un menor y cómo prevenirlo. Uno de ellos es Mi Familia, una iniciativa con la que les harán acompañamiento psicosocial a familias que tengan riesgos asociados con la salud mental.

Sumado a eso habrá otras campañas y capacitaciones con las que les mostrarán a madres comunitarias, padres e instituciones educativas cómo prevenir la violencia contra los menores. Eso irá también acompañado de la estrategia Escuela-Familia, que ya se había anunciado en días pasados.

Impunidad: Si para la recolección de pruebas hay dificultades, la judicialización de los casos tiene unas barreras todavía mayores. Según datos de la Fiscalía, en los últimos cinco años se han registrado 177.855 delitos en contra de menores, de los cuales apenas 6.010 han tenido algún tipo de condena.

Esos resultados tienen que ver, explican las autoridades, con el colapso que tiene la justicia y la falta de jueces especializados que tengan un enfoque de infancia en el análisis de los casos. Por eso, como parte del Grupo Intersectorial se capacitarán a unos jueces por fases para que sepan atender esos casos, que también serán priorizados en los despachos judiciales.

Atención a las víctimas: Quizá uno de los puntos más críticos alrededor de la violencia contra los niños es la atención a los casos cuando se denuncian. Uno de los motivos tiene que ver con la poca cobertura, pues de los 1.103 municipios que tiene el país, solo 91 cuentan con presencia de Medicina Legal para practicar exámenes médicos legales para presuntos delitos sexuales, lo que complica todavía más la obtención de la prueba reina para este tipo de casos. Sumado a eso, Colombia solo cuenta con 670 policías de infancia y adolescencia, que son los encargados de complementar la tarea de la Policía Judicial de la Fiscalía.

Por eso se creará un grupo intersectorial especializado con el que buscan fortalecer la recolección de pruebas a través de la Policía y el CTI, formularán un modelo de investigación específico para delitos contra menores y fortalecerán los dientes que tiene Medicina Legal en el país.

Atención del trauma: Así como la atención y la judicialización son vitales para las víctimas, todo el proceso de superación del trauma se vuelve clave para que ningún tipo de violencia en contra de los menores se repita. Por eso se hará un rediseño del modelo de atención de los centros de protección en los que atienden a los niños, niñas y adolescentes que son maltratados de alguna manera.

Eso, en la práctica, implica el fortalecimiento del acompañamiento psicosocial que se les hace a las víctimas y el de esos centros que acogen a menores que están en peligro.

¿Por qué existe tanta impunidad?

Juliana Pungiluppi, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), explica que para reducir la impunidad es necesario fortalecer los equipos de investigación.

¿Qué se viene para después de la firma de este acuerdo?

El 14 de agosto marcará el compromiso de varios sectores de la sociedad en torno a una causa que no da más espera: sumarse a la erradicación de todas las formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes. El siguiente paso es seguir sumando aliados. Este paso será constante y estará abierto a todas las entidades, sectores e individuos que deseen aportar sus conocimientos, recursos y talentos a este objetivo común de erradicar la violencia contra niñas y niños antes del 2030.

¿Cuántos recursos se necesitan para implementar esta estrategia?

Aún estamos trabajando en el costeo, pero puedo anticiparle que el grueso de las acciones, al menos de parte de las entidades del Gobierno, se enmarcan en presupuestos ya asignados. Lo que hemos identificado en el diálogo entre entidades es que ya contamos con recursos financieros, técnicos y de talento humano para responder, pero debemos organizarlos mejor.

¿Cuál es el diagnóstico que hace el ICBF que explique la alta tasa de impunidad que hay en esos casos?

Tenemos varios cuellos de botella en investigación, judicialización y atención a las víctimas que debemos resolver de forma coordinada para reducir la impunidad en casos de delitos contra niñas, niños y adolescentes. El frente de investigación involucra policía judicial y Medicina Legal, y ambos están sobrecargados y no cuentan con cobertura suficiente. Esto se agrava más aún con la limitada presencia de Medicina Legal, que es la autoridad que practica los exámenes médico-legales, y que solo tiene cobertura en 91 de los 1.103 municipios de Colombia.

María Camila González
REDACCIÓN VIDA


Tomado de portal del diairo EL TIEMPO