Flip, preocupada por imputación en caso de audio que advertía censura

Fiscalía procesará a exfuncionaria por audios de Juan Pablo Bieri sobre programa Los puros criollos.

Más de un año después de que se filtraron grabaciones en las que le entonces gerente de RTVC, Juan Pablo Bieri, daba la orden de sacar del aire el programa ‘Los Puros Criollos’, se conoció que la Fiscalía General de la Nación imputará a la periodista Diana Díaz, que filtró esos audios, el delito de utilización de asunto sometido a secreto o reserva (artículo 419 del Código Penal).

Según el ente acusador, ella violó la cláusula de confidencialidad que tenía su contrato y por eso van a imputarle el cargo, tras una denuncia de Bieri en su contra. Este delito tiene como sanción una multa y la pérdida del empleo o cargo público.

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De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que defiende a Díaz, ella fue denunciada por Juan Pablo Bieri en marzo de 2019. La organización expresó que «tras un año de inactividad de la investigación penal, esta se retomó recientemente y desde entonces se ha caracterizado por adoptar medidas intimidatorias agresivas e invasivas».

La FLIP relató que el 5 de octubre, Díaz fue interrogada sobre la reunión del 6 de diciembre de 2018, en la cual Juan Pablo Bieri habló sobre el programa ‘Los Puros Criollos’, y cómo se divulgó el audio, presionando su incriminación. Y el 14 de octubre la periodista fue citada a audiencia de imputación de cargos.

En los audios, divulgados en enero de 2019, se escucha cómo Bieri habla con Diana Díaz (en ese momento directora de Señal Colombia y quien renunció), Martín Pimiento (asesor jurídico de gerencia) y Alejandra Cendales (asesora del gerente) sobre Santiago Rivas, presentador de ‘Los Puros Criollos’, a quien descalifica. También se escucha la intención de Bieri de sacar ese programa de la parrilla o cambiarle de horario para finalmente terminarlo.

“La serie se acaba… Y si se vuelve a hacer ‘Los puros criollos’, se hace con otra persona. No hay posibilidad de que él (Santiago Rivas) lo vuelva a hacer. No hay posibilidad de que vuelva a trabajar con esta gerencia, con esta empresa, en ninguna coproducción o producción”, fueron algunas de las afirmaciones de Bieri en el audio.

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Respecto del anuncio de la Fiscalía de imputarle cargos a Díaz, el director de la FLIP, Jonathan Bock, dijo que esa investigación penal «se vale de mecanismos ilegítimos y desproporcionados».

A través de sus redes sociales, Bock añadió que estos actos de la Fiscalía se entienden con la intención de «intimidar a la fuente que se ha expuesto por denunciar irregularidades y a la FLIP por querer defenderla», en referencia también a una inspección que ordenó el ente acusador a la sede de la FLIP.

«La eventual realización de la inspección de la sede de la Fundación afectaría el derecho a la intimidad, a la reserva de la fuente y a la defensa de derechos por parte la FLIP, esto es el cumplimiento de su mandato», concluyó Bock.

De hecho, la FLIP le envió este lunes una carta al fiscal general de la Nación Francisco Barbosa en la que le manifiestan que la organización está muy preocupada por «el ambiente de miedo y autocensura que puede generar el inicio o avance de investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación en contra de periodistas, fuentes, medios de comunicación y colectivos».  La carta añade que imputar cargos a alguien «que se atrevió a denunciar irregularidades es actuar contrario a estándares internacionales sobre protección de denunciantes».

La organización expresó también su preocupación porque el 8 de octubre la Fiscalía requirió a la FLIP informar una fecha para la realización de una inspección judicial en sus instalaciones, así como informar si Díaz estuvo allí, a qué dependencias fue y cuántas veces, y pidió allegar una copia de la grabación obtenida y publicada por dicha organización el 23 de enero de 2019 sobre Bieri.

Además, el 15 de octubre la Fiscalía citó a tres integrantes de la FLIP para atender una entrevista presencial en el proceso penal contra Díaz. Al respecto, la FLIP recalcó que está constitucionalmente prohibido citar a un periodista a rendir testimonio o entrevista en relación con información suministrada por sus fuentes.

Para la FLIP, que solicitó una reunión con el fiscal general Barbosa para hablar de estos temas, es inaceptable «utilizar el andamiaje institucional, mediante el uso de medidas investigativas, judiciales y administrativas, para constreñir de manera directa o indirecta a las organizaciones civiles que están orientadas a hacer efectivas las garantías constitucionales», y dijo que estas cosas forjan un ambiente de autocensura.

Frente a este caso también se han pronunciado el exrelator para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, quien expresó que la CIDH, en su informe sobre Corrupción y Derechos Humanos, estableció que «quienes denuncian violaciones a los derechos humanos (en este caso censura) deben estar protegidos de retaliación penal o administrativa; sin importar que lo motiva a denunciar».

También habló de este proceso José Miguel Vivanco, director de la organización Human Rights Watch, quien dijo que la imputación a Díaz es «un grave error y contraría estándares internacionales sobre protección de denunciantes».


Tomado del portal del diario EL TIEMPO