Este año, unas 128.000 hectáreas han sido consumidas por el fuego en el país.
Por: Tatiana Pardo Ibarra
EL TIEMPO
Seguramente usted habrá visto por estos días las imágenes del icónico cerro de Cristo Rey, en Cali, en llamas, o del Vía Parque Isla de Salamanca ardiendo. O las impactantes fotos de animales quemados y deshidratados. En esta segunda temporada seca –que empezó el 15 de junio y culminó el lunes pasado–, en el país se registraron 836 incendios (en 2018 fueron 311), de los cuales 820 fueron liquidados, 7 controlados y 9 todavía permanecen activos.
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Eduardo José González, dice que 256 municipios, en 17 departamentos, se vieron afectados por las conflagraciones. Tolima, Cundinamarca, Huila, Cauca y Nariño fueron los que más sufrieron el impacto de las llamas, que este año han destruido al menos 128.000 hectáreas, es decir, un área equivalente a las tres cuartas partes de Bogotá, incluida su zona rural.
“Hemos movilizado más de 8.100 miembros operativos del Sistema Integrado de Gestión del Riesgo, 98 máquinas de apoyo para la extinción de los incendios, 8.340 herramientas manuales, e invertimos de 2.000 millones de pesos en 17 operaciones aéreas, para las que fueron necesarios más de 594.227 galones de agua”, reportó.
En lo que va del 2019 se han presentado 2.217 incendios forestales, para un aumento del 16 por ciento frente al 2016, cuando se tenían los mayores registros: 1.867 conflagraciones. En 2017 fueron 1.036 y el año pasado, 1.340.
Aunque varios de esos eventos tuvieron origen en el intenso verano, las autoridades coinciden en que la mayor parte de los casos fueron provocados. “La mayoría de las conflagraciones fueron producidas por la mano del hombre”, dice el director de Gestión del Riesgo.
Y el general Nicacio Martínez, comandante del Ejército –fuerza que en varias regiones del país ha tenido que hacerles frente a esas emergencias–, le dijo a EL TIEMPO que “desafortunadamente, casi el 99 por ciento de los incendios en Colombia son provocados”.
La expansión de la frontera agrícola y ganadera y la destrucción de áreas de reserva para urbanizarlas son, según los expertos, dos de los grandes motores de esa actividad criminal, que la legislación castiga con penas superiores a los 10 años de prisión. Pese a esto, la impunidad campea en este frente.
El capitán Andrés Miranda, director nacional de Bomberos, asegura que “la judicialización de pirómanos y criminales es un tema que se dificulta mucho porque en los bosques o zonas rurales donde actúan” usualmente hay dificultades para legalizar las eventuales capturas y sacar adelante los casos.
Fuentes judiciales aseguran que frente a la cantidad de delitos que afectan la seguridad y la convivencia, como el hurto o el homicidio, los incendios que desaparecen los bosques muchas veces pasan a los últimos lugares en la lista de prioridades.
La Fiscalía le dijo a este diario que abrió investigación por más de 200 incendios forestales ocurridos en el cerro de Las Tres Cruces, también en Cali, que consumieron cerca de 320 hectáreas de bosque seco tropical y han puesto en peligro a diferentes especies de aves, pequeños mamíferos, insectos y reptiles.
“Los móviles y autores son investigados por los delitos de daño a los recursos naturales, en la modalidad de incendio autónomo, e invasión de áreas de especial importancia ecológica”, señaló la Fiscalía. Los móviles de este ecocidio están en investigación, pero las autoridades buscan conexiones con la construcción de lujosas casaquintas en las faldas de este cerro tutelar de la capital del Valle.
En las quemas del parque Isla de Salamanca, en la costa Caribe, también se ha denunciado la intención de invadir y levantar edificaciones en zona de reserva natural, pero hasta ahora no se conoce de avances en las investigaciones. Y en Medellín, tres adolescentes fueron detenidos tras el incendio del cerro Las Tres Cruces. Un juez los dejó libres porque no pueden ser procesados penalmente.
Este año, la Fiscalía realizó 12 operativos en la Amazonia colombiana encaminados a combatir la depredación del frágil ecosistema, que concentra el 70 por ciento de la pérdida de bosque nacional.
El informe del ente investigador destaca tres intervenciones en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete –declarado por la Unesco patrimonio mixto de la humanidad– el 25 y el 26 de abril, el 26 de junio y el 14 de agosto. Esas acciones, informó, arrojaron 81 personas judicializadas por invasión de área de especial importancia ecológica, daño ambiental e incendio dentro del área protegida. Se inhabilitaron 6 vías y se destruyeron 7 motosierras y 5 guadañas.
En el paquete de 1.773 casos activos por delitos contra los recursos naturales y el medioambiente que tiene en sus manos la Fiscalía, el delito más investigado es la explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, con 615 casos. Le siguen daño en los recursos naturales (523) e ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables (282). La conducta con menos registro, apenas tres casos, es el manejo ilícito de especies exóticas.
Las áreas protegidas
Recientemente, EL TIEMPO detalló los desafíos que afronta Parques Nacionales Naturales a la hora de actuar en la prevención, reducción y atención de las emergencias dentro de las áreas protegidas de Colombia. No solo se trata del poco presupuesto que tiene para afrontar los retos ambientales, sino el poco personal y la falta de capacitación y tecnología con la que cuentan sus funcionarios.
A un solo guardaparque le corresponde proteger unas 22.000 hectáreas, y máximo 15 personas están capacitadas para atender incendios forestales. “Los incendios son producto de actividades humanas, y en la mayoría de los casos no se logra identificar a los responsables”, asegura Parques Nacionales. Las fuentes señalan que el país tiene que entender que es tan importante enfrentar y combatir los incendios de cobertura vegetal como los de las áreas urbanizadas.
De acuerdo con las bases de datos de Parques, solo en el 2019 se han visto afectadas 8.917 hectáreas dentro de El Tuparro, en Vichada; Isla Salamanca, Magdalena; Los Katíos, entre Chocó y Antioquia, y El Cocuy, entre Boyacá y Arauca. El primero representa más de la mitad del área afectada, con tres grandes incendios que consumieron 4.776 hectáreas.
Las razones son varias: desde descuidos humanos (turistas, campesinos, comunidades indígenas) y actividades asociadas a preparación de terrenos agrícolas, hasta las actividades relacionadas con la deforestación con varios fines (cultivos ilícitos, apropiación ilícita de terrenos, ampliación de la frontera ganadera y extracción de maderas).
Ahora las alertas serán por crecientes y deslizamientos
Desde el lunes pasado comenzó, según el Ideam, un periodo de transición en el que el país pasará, en cuestión de un par de semanas, de una intensa época de verano –que dejó 836 incendios forestales– a una nueva temporada de lluvias, que obliga a las autoridades a no bajar la guardia ante eventuales riesgos por la posibilidad crecientes súbitas, inundaciones, tormentas eléctricas, vendavales, deslizamientos y granizadas.
De hecho, en la primera temporada invernal del año se reportaron 723 eventos, que afectaron a 400 de los 1.122 municipios, es decir, el 36 por ciento de las entidades territoriales.
Yolanda González, directora del Ideam, explica que el cambio de una temporada a otra significa que el país deja una época seca en la que se afecta la salud de las personas por las altas temperaturas, las olas de calor o la insolación, y propaga vectores de enfermedades. Además de los graves daños en el medioambiente que causan los voraces incendios forestales, que en esta ocasión afectaron unas 128.000 hectáreas en todo el territorio nacional.
Por el contrario, según explicó González, en la temporada de lluvias que se avecina se puede presentar afectación en vidas humanas por fenómenos como inestabilidad en las laderas, tormentas eléctricas, crecientes súbitas e inundaciones por niveles altos de los ríos, que impactan las poblaciones ribereñas, cultivos y zonas ganaderas.
En la última temporada de lluvias, ocurrida entre marzo y junio, las precipitaciones dejaron al menos 98 personas fallecidas, 45.120 familias damnificadas –principalmente en Cundinamarca, Antioquia y Cauca– y más de 6.700 hectáreas impactadas, así como cuantiosos daños en viviendas e infraestructura.
Y si bien no es posible predecir las afectaciones que se podrían generar en la nueva temporada de lluvias, las autoridades del orden nacional sí hacen un llamado a las alcaldías y gobernaciones para que estén en alerta y activen los comités de prevención y atención de emergencias.
Tomado de portal del diario EL TIEMPO
