Documento clave alerta por ‘regímenes no democráticos’ y ‘tolerancia estatal con terroristas’.
Aunque no hace ni una sola mención explícita al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, varias páginas de la ‘Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad’ hacen referencia tácita a ese gobierno como una potencial amenaza para Colombia.
El documento presentado al país este miércoles por el presidente Iván Duque tiene varios ejes claves, como considerar la defensa de los recursos naturales del país, especialmente del agua, como una de las prioridades en la estrategia de seguridad, así como una mayor participación de los ciudadanos en iniciativas de cooperación con las autoridades para prevenir el delito.
Sobre la amenaza de los grupos armados ilegales que delinquen en el país, el Gobierno señala que las disidencias de las Farc “superan ya los 3.000 integrantes, entre individuos en armas y redes de apoyo, conocidas como milicias y que tienen capacidad de acción violenta”. Del Eln, dice que “en el último año creció en cerca de 1.000 miembros vinculados a estructuras violentas, llegando a ser más de 4.000 sus miembros, mientras el Clan del Golfo conserva más de 1.600 hombres en armas, junto a un número superior de personas vinculadas a redes criminales”.
A ese crítico panorama se suman 23 grandes bandas de delincuencia común que tienen alcance regional y 2.417 bandas “que afectan ciudades y municipios”. El Gobierno resalta que el narcotráfico y la minería ilegal siguen potenciando el accionar de los grandes generadores de violencia, frente a lo cual plantea una estrategia de políticas de seguridad diferentes según el nivel de afectación de las regiones.
Pero uno de los apartes más interesantes del documento tiene que ver con la estrategia de defensa de la soberanía y la integridad territorial. De entrada, el documento plantea una alineación clara con “potencias” amigas y un mayor involucramiento de Colombia en las operaciones de la Otán: “Será prioritario trabajar como Socio Global de la Otán en el intercambio de conocimientos en áreas como inteligencia, operaciones de guerra regular, lucha contrainsurgente, narcotráfico, atención humanitaria y gestión del riesgo de desastres”.
“A nivel internacional, las amenazas a la seguridad se han agudizado para Colombia, dice el informe. Y tras mencionar los delitos transnacionales señala que entre las amenazas “sobresalen los regímenes no democráticos, las crisis humanitarias y la migración masiva irregular, la injerencia de potencias ajenas al hemisferio, el patrocinio y tolerancia estatal con organizaciones terroristas y de narcotráfico en la región y la pretensión de despojar al país del territorio”. Hasta ahora, el único “régimen no democrático” del que la diplomacia colombiana ha hablado en la región es el de Nicolás Maduro.
Y agrega el documento: “Más grave aún, es que dichas organizaciones (armadas ilegales) aprovechan la extensión y porosidad de las fronteras y, en algunos casos, la tolerancia, complicidad o apoyo que reciben desde el exterior para contar con santuarios de protección desde donde dirigen ataques en contra de la población en territorio colombiano y el tráfico de cocaína”. En varias ocasiones, Colombia ha denunciado que el Eln utiliza el territorio vecino como retaguardia estratégica, e incluso señala que ‘Pablito’, jefe de esa guerrilla y responsable directo del reciente atentado en Bogotá, se refugia en territorio venezolano.
El Gobierno asegura de entrada que “la diplomacia, en el marco de la seguridad cooperativa, será el principal medio que empleará Colombia para garantizar su defensa y seguridad ante las amenazas externas”. Pero advierte que “se desarrollarán y se mantendrán suficientes capacidades militares y la decisión de emplearlas para disuadir, individual o colectivamente, cualquier agresión que un Estado o grupo de Estados pudiese pretender llevar a cabo contra el país”.
En ese sentido, el documento plantea como prioridad “fortalecer las capacidades militares de defensa para la disuasión”: “Es necesario fortalecer las capacidades militares y su articulación conjunta para disuadir las amenazas y asegurar la defensa en el ámbito terrestre, marítimo, fluvial, aéreo y en el ciberespacio. En caso de una agresión contra el país, el Gobierno Nacional estará preparado con las capacidades de defensa para contener y repeler a la fuerza agresora, así como para realizar contundentes contrataques a la misma, de tal manera que se mantenga la integridad territorial y se doblegue la conducta hostil”.
En la política también quedan marcados dos linderos fuertes frente a un futuro proceso de negociación con un grupo armado ilegal. Por un lado, el Gobierno anuncia que actuará para impedir a través de una ley “la conexidad de los delitos relacionados con el narcotráfico con el delito político”. “El narcotráfico no será objeto de indulto, ni de amnistía, tampoco de ninguna figura jurídica que tenga en la práctica los mismos efectos de impunidad. No se dará tratamiento político a los narcotraficantes”, advierte el documento, lo que de entrada plantea un duro escollo para un futuro proceso de paz con el Eln, dado el claro involucramiento de ese grupo con el narcotráfico, que es una de las principales fuentes de financiación de la guerra en el país.
Por otro lado, en la política quedó claro que el gobierno Duque plantea proscribir, probablemente a través de una reforma de la Ley de Paz (la 418 de 1997) la posibilidad de un cese bilateral de fuegos, bajo el entendido de que cualquier intento de diálogo debe partir del cese unilateral de acciones hostiles del grupo irregular y de su concentración en zonas específicas.
Tomado del portal del diario El Tiempo
