Fiscalía no descarta nueva imputación a soldados por violación de niña indígena.
Tres consideraciones hizo el juez Promiscuo Penal Municipal de Pueblo Rico (Risaralda) para no acceder a la petición de la Fiscalía de enviar a la cárcel a los siete uniformados vinculados a la violación de una menor de edad de la etnia embera chamí.
Fuentes cercanas al proceso señalaron que el ente acusador pidió que los uniformados fueran asegurados en una cárcel, entre otros factores, en atención a la gravedad del delito imputado cuya víctima fue una niña de 13 años, pero que el juez terminó accediendo a la pretensión de la defensa de los militares.
El funcionario judicial de Pueblo Rico, que dirigió la audiencia por videoconferencia mientras las demás partes estaban en Pereira, señaló en principio que por seguridad de los imputados podría ser un riesgo enviarlos a una cárcel en donde podrían ser objeto de retaliaciones. Adicionalmente, dijeron las fuentes consultadas, el juez señaló que por causa de la pandemia hay restricciones y medidas especiales para el ingreso de nuevos internos en los centros carcelarios del país.
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Finalmente, el juez consideró que el traslado a una unidad militar sería transitorio, pues ante el retiro de los imputados del Ejército perderían la condición de uniformados activos, con lo que el juez de conocimiento que deberá fijar la pena de prisión tendrá que definir el sitio de reclusión al que serán enviados para cumplir su sentencia.
Por ahora, permanecerán en la sede del batallón Pedro Nel Ospina del municipio de Bello (Antioquia), en donde se adoptaron medidas de bioseguridad para la llegada de los uniformados.
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Proceso no termina
En todo caso, la Fiscalía no ha terminado la investigación por los graves hechos por los que aceptaron cargos los siete soldados.
El ente acusador, que logró en tiempo récord la judicialización de los militares, mantiene la investigación para establecer si se tipificaron otros delitos.
Esto, porque algunos de los integrantes de la comunidad han señalado que la menor habría sido secuestrada antes de la violación.
La directora de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, Carmen Torres, le dijo a EL TIEMPO que las actividades investigativas se mantienen y que “en el evento de encontrar evidencias de nuevos delitos, se procederá”.
Esto podría llevar a una nueva imputación, lo que agravaría la situación de los uniformados que ya se exponen a una pena máxima de 30 años de cárcel.
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La funcionaria señaló, frente a las críticas de algunos sectores sobre el delito imputado que el cargo de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado era el que se tipificaba, según las evidencias que se tenían como parte de la investigación.
A su tuno, el fiscal general, Francisco Barbosa, dijo que el proceso fue un éxito, pues en 72 horas se logró investigar, individualizar, llevar a imputación y lograr la aceptación de cargos de los uniformados vinculados al atroz hecho. “Esto fue un éxito (…) palo porque bogas y palo porque no bogas”, dijo el funcionario.
Tomado del diario EL TIEMPO
