En una carta enviada al contralor Felipe Córdoba, las agremiaciones expusieron las 10 recomendaciones que tienen del proyecto.
A solo dos debates de ser aprobada, la reforma al régimen de control fiscal, presentada por el contralor Carlos Felipe Córdoba, se encuentra cada vez más con opositores.
Las críticas han llegado, sobre todo, del sector empresarial colombiano y de algunos think tanks del país. Sin embargo, en el medio, quedó el Consejo Gremial Nacional (CGN), que apoya la iniciativa, pero considera que tiene varias líneas rojas.
De acuerdo con una carta de enviada al contralor Córdoba, los principales gremios del país le entregaron varias recomendaciones que “consideran necesarias para brindar la claridad que se requiere sobre el alcance y efectos de la iniciativa legislativa”.
En principio, detallan que están a favor del control preventivo que se propone en la norma, pero aseguran que este debe alejarse de la idea de que se trata de control previo, ya que esto podría ralentizar las actividades de quienes contraten proyectos, debido a que tendrían que paralizar todos los procesos hasta tanto no se pronuncie el órgano de control.
“El CGN comprende la necesidad de la Contraloría de intervenir con anterioridad a la comisión del daño al erario (…). Por lo anterior, para garantizar la correcta interpretación de la norma, el considera de la mayor relevancia que en el texto del proyecto se establezca de manera explícita que el control preventivo y concomitante es excepcional y además, que no resulta vinculante para el gestor fiscal ni para la administración”, reza la misiva.
Sin embargo, van más allá y proponen que cuando se reglamente la ley, se incluya la creación de un consejo asesor, conformado por representantes del sector público y privado, que acompañe a la Contraloría “en la decisión de hacer uso de estas facultades excepcionales y en la toma de las demás decisiones que ello puede implicar”.
De otro lado, en cuanto al control jurisdiccional incluido en la iniciativa, para el Consejo Gremial se debería establecer un procedimiento especial, que, en últimas, requeriría el trámite de “un desarrollo normativo estatutario”, además de una norma que dicte reglas claras, “que permita el adecuado ejercicio del control por parte del Consejo de Estado”.
Este grupo operaría tal y como lo hacen hoy los equipos asesores que hay en las superintendencias Financiera y de Industria y Comercio.
Otra de las alertas del CGN tiene que ver con el manejo y acceso a la información, para lo cual proponen que sea regulado de forma explícita, de tal modo que no se incumplan los preceptos de la ley de habeas data, y que la información solo se use en procesos de vigilancia y control fiscal.
En la carta enviada piden, además, que se elimine uno de los numerales del artículo dos, con el cual se le darían facultades de policía a la Contraloría, “teniendo en cuenta que podría tener un trámite más expedito al interior de la entidad, evitando incluso una inadecuada interpretación y aplicación de la norma que conlleve una transgresión al principio de separación de poderes en el uso de dichas facultades”.
En contraste, solicitan que no se borre del ordenamiento jurídico del país la posibilidad del ente de control de “contratar expertos independientes para el ejercicio de auditorías de excepcional complejidad”, agrega el CGN en la carta.
Finalmente, concluyen que el fortalecimiento del control fiscal debe ir de la mano de una medida que garantice el respeto por parte de las autoridades de los regímenes especiales, pues, según los representantes, su desconocimiento “ha dado lugar a controversias que resultan supremamente onerosas para las empresas”.
Este diario intento contactar a Córdoba para tener su opinión de la carta, pero, al cierre de esta edición, no obtuvo respuesta. En cualquier caso, los representantes de los gremios colombianos no son los únicos que han trazados sus líneas rojas acerca de esta reforma.
OTROS REPAROS A LA NORMA
El Consejo Gremial no ha sido el único en dar observaciones acerca de esta reforma.
Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda, por ejemplo, aseguró en una columna de opinión que la norma “puede afectar la independencia y objetividad del control fiscal” e incrementaría el temor de los contratistas a adquirir sanciones por parte de la entidad.
En tanto, Sergio Clavijo, presidente del centro de estudios Anif, aseguró hace unos días que la norma busca “expandir burocráticamente y asegurarle más recursos a una Contraloría, que ha estado lejos de obtener los resultados deseados en materia de eficacia estatal”.
Y agregó que “en vez de haberse instituido en Colombia los llamados ‘tribunales de cuentas’ que operan con gran eficacia en España, en el país se busca expandir la nómina de la entidad (ya con más de 4.000 funcionarios) y, eventualmente, la de la Procuraduría”.
De igual forma, la iniciativa trae consigo un parágrafo, mediante el cual “los servidores de la Contraloría General de la República y su planta transitoria será equiparada a los de los empleos equivalentes de otros organismos de control de nivel nacional”.
Esta, sin embargo, no ha sido la primera vez en los últimos meses en la que se ha intentando ampliar la planta de personal de los entes de control. De hecho, en el artículo 115 de la Ley de Financiamiento, el Congreso aprobó que –entre otras entidades– la Contraloría no tendría restricciones en el crecimiento de los gastos de personal, que se fijaron desde inicio de siglo.
Ahora, el debate de la reforma de control fiscal continuará –desde la próxima semana– justamente en el Capitolio.
Tomado del diario Portafolio
