Las ciudades capitales son las que registran más casos de víctimas inocentes.
Apenas unas horas después de que se conoció la trágica muerte del cantante y youtuber Fabio Legarda en medio de un fleteo en Medellín, fue asesinada en Floridablanca (Santander) una joven de 15 años cuando veía un partido de fútbol y una bebé de once meses resultó herida en hechos similares en Cali.
Ninguno de estos dos últimos hechos tenía relación directa con el incidente en el que murió el artista y donde uno de los fleteros resultó muerto y el otro, capturado, pero hacen parte de un fenómeno de violencia que sigue dejando víctimas inocentes en el país.
Juan Sebastián Uribe, investigador del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), sostuvo que aunque hace años los hechos con balas perdidas estaban asociados a personas que en festividades o en estado de alicoramiento disparaban al aire, ese tipo de situaciones se ha reducido.
Esto por cuenta de la regulación establecida en agosto de 2011, que estableció una pena de cárcel de entre uno y cinco años para quienes fueran sorprendidos disparando al aire así no hirieran a nadie.
En 2018, según un informe del Cerac, se reportaron de manera preliminar 101 víctimas (entre fallecidos y muertos) por balas perdidas, mientras en 2017 hubo 62 muertos y 68 lesionados.
En ese año, del total de víctimas mortales 24 fueron en enfrentamientos entre grupos de violencia juvenil organizada y 8 muertes en hechos sicariales. En este tipo de incidentes, que son los que más víctimas dejan, la persona afectada no tenía relación con las bandas que se enfrentaban y tampoco eran el objetivo del sicario.
El mayor número de casos reportados en el estudio se registró en ciudades capitales como Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla.
Expertos consultados por EL TIEMPO señalaron que la nueva realidad de las muertes de personas inocentes debe llevar a examinar el porte de armas en el país y que aunque el mayor número de casos está vinculado con las armas ilegales, también plantean más controles a las amparadas.
Y aunque desde hace tres años se inició la restricción al porte de armas, incluso para quienes tienen el respectivo salvoconducto, los expertos plantean la necesidad de reevaluar esa situación.
“Se requieren políticas públicas de fondo en el control de las armas. Se requieren retenes y operativos permanentes para sacar de las calles las armas ilegales, y labores de inteligencia para llegar a las redes que las comercializan”, señaló Juan Sebastián Uribe.
El investigador del Cerac es partidario de que los ciudadanos no estén armados y que la seguridad sea garantizada por las autoridades.
Una opinión similar tiene Hugo Acero, experto en seguridad, quien consideró que “no basta con restringir el porte de armas, si no que se requiere realmente hacer control en las calles, en las vías, en los barrios, sobre todo en aquellos lugares donde se presentan este tipo de hechos con lesionados por balas. Ese control debe llevar a decomisar las armas legales y a sancionar con cárcel a quienes tienen armas ilegales”.
Acero aseguró que en el país hay más de tres millones de armas de fuego, de las cuales unas 750.000 tienen salvo conducto (para porte o para tenencia) y el resto en manos de delincuentes, y que eso es un riesgo y exige una reglamentación más estricta para que exista un mejor control.
El control que propone el experto debe incluir instrumentos de balística que permitan tener la identificación de la serie del arma y de la traza que deja al ser disparada, que es como una huella particular. Pero para eso, agregó, se necesita tener las suficientes máquinas de balísticas y en ese registro deben estar también las armas que tienen militares y policías.
Máximo Alberto Duque, criminalista y exdirector de Medicina Legal, indicó que el fenómeno se debe a que “todavía hay muchas armas en manos de irresponsables y personas que les dan mal uso” y que se mantiene por la misma razón. “La persona que tiene un arma legalmente, para su defensa y seguridad, tiene más responsabilidad, pero los delincuentes no”.
Los expertos coinciden en que la presencia de grupos ilegales como la guerrilla y las bandas criminales son factores que hace más compleja la situación, y aunque no están directamente vinculados con las muertes y heridos por balas pérdidas, sí son responsables de que exista un mercado muy activo para el tráfico de armas en el país.
Por su parte, el penalista Francisco Bernate explicó los escenarios que se podrían dar para las personas que en uso de su arma amparada pudieran afectar a terceros. “Cuando una persona dispara su arma en legítima defensa no incurre en un hecho punible. En el caso de una bala perdida en medio de un acto delictivo, se maneja como legítima defensa, y si hay un daño colateral, es un accidente”, dijo.
Tomado de portal del diario El Tiempo
