Paro nacional: las mismas tensiones sociales y económicas

Las mayores concentraciones se esperan en Bogotá, en donde se encuentra la minga indígena. A casi un año del estallido social de noviembre de 2019, los reclamos siguen girando alrededor de los mismos polos, solo que con las presiones añadidas de la pandemia, que han inducido la que se anuncia como la peor crisis en la historia económica del país.

Por: Marcela Osorio – Santiago La Rotta

EL ESPECTADOR

Este miércoles habrá una nueva jornada de paro nacional, con un foco especial en Bogotá por cuenta de la concentración de la minga indígena, que llegó el domingo a la capital luego de su viaje desde el suroccidente del país. Los dos son movimientos de protesta que, aunque encarnan razones específicas diferentes, expresan un descontento social que, además, tiene mucho de razones económicas detrás.

La jornada de paro de octubre replica un poco lo que ya sucedió en septiembre y sirve de abrebocas para noviembre, cuando se cumplirá un año de las marchas y cacerolazos del paro nacional en su versión precovid, si se quiere.

Las razones en ese entonces incluían un malestar social muy vinculado a hechos de violencia, como las masacres de indígenas en Tacueyó y Toribío (Cauca), así como uno económico, relacionado con temas estructurales como el desempleo y las perspectivas de reformas laboral y pensional, entre otros asuntos macroeconómicos.

El panorama actual guarda ciertas similitudes con el de hace un año, cuando se prendieron los movimientos de protesta del paro nacional, solo que ahora existe el agravante de la pandemia, que ha sumido todos los indicadores de la economía en niveles históricamente malos.

Dependiendo de quién haga el análisis, la contracción anual de la economía estará entre 5,5 y 10 % (además de qué tan negativo sea el escenario que contemple). Y si bien el número importa, claramente, el factor unificador acá es que este será un año notablemente malo en materia económica.

Para entender el tamaño del golpe hay que mirar variables como el desempleo, que desde abril muestra los peores resultados interanuales registrados por el DANE. Aunque aquí hay que aclarar que las cifras de agosto parecieran comenzar a mostrar señales de la recuperación económica (16,8 % en la variación interanual). Aunque, en comparación con hace un año, continúan la destrucción de empleos y el aumento de los desocupados y los inactivos, las variaciones en el octavo mes del año fueron menores a las vistas durante los meses más críticos del confinamiento por la pandemia.

El impacto de la pandemia se puede leer, de forma macro, en asuntos como la creación de empresas, por ejemplo. Entre enero y marzo este indicador bajó 11 % en relación con el mismo período de 2019, de acuerdo con Confecámaras (gremio de las Cámaras de Comercio). Para el segundo trimestre (abril-junio), pico de las medidas de confinamiento para mitigar la expansión del coronavirus, este porcentaje se desplomó un 47 %. En su más reciente informe, entregado este martes, se registra el primer incremento en el año, con un 2,9 % que, si bien puede parecer tímido, muestra algunas señales de alivio.

Hay factores precovid que ciertamente no señalan un camino alentador de cara a la recuperación económica, como los indicadores de pobreza, cuyas cifras más recientes fueron reveladas por el DANE la semana pasada. En 2019, de acuerdo con la entidad, 661.899 personas entraron a la categoría de pobreza monetaria, lo que representa un aumento del 1 %, un porcentaje que la entidad calificó como “estadísticamente significativa”.

En el caso de pobreza extrema, las cifras son aún mayores, con un aumento del 1,4 %, llegando así a un total nacional de 728.955 personas que entraron a esta categoría el año pasado.

Y la perspectiva, con los duros estragos del coronavirus en la economía, es aterradora. Una proyección de Fedesarrollo revela que en el peor de los casos la pobreza podría subir 6,6 puntos porcentuales hasta 33,6 % (3,1 millones de personas adicionales), impulsada por quienes hoy están en vulnerabilidad (al menos un 15 % de este grupo ya no podría satisfacer sus necesidades básicas). En julio de este año, la Cepal estimaba que 16 millones de personas en Latinoamérica podrían pasar a engrosar el renglón de pobreza extrema (lo que elevaría la cuenta a 83 millones en la región).

Hay que mirar un dato importante en este contexto: para el año pasado, la pobreza monetaria en hogares indígenas llegó a 59,6 %. El número es clave porque, como comentó en su cuenta de Twitter Roberto Angulo (especialista en esta temática), “la pobreza monetaria precovid (año 2019) en población indígena es más alta que el escenario más trágico entre todos los proyectados poscovid para el total nacional”.

La visión del Gobierno

La administración de Iván Duque asegura estar enfocada en la reactivación económica y social del país a través del plan Compromiso por Colombia, en el que se invierten unos $100 billones para generar un millón de empleos, según las cuentas oficiales.

“En el caso del Comité del Paro se adelantaron varias reuniones. Presentaron un pliego de 135 propuestas, de las cuales se identificó que aproximadamente el 40 % ya se están implementando, el 20 % no eran viables ni fiscal ni jurídicamente, y el resto eran mecanismos que podían ser discutidos. Sin embargo, durante esta emergencia el Comité sacó un pliego, el cual el Gobierno valoró y respondió, concluyendo que cuesta más de $196 billones: eso es más del 70 % del presupuesto aprobado para 2021 y muchas de esas solicitudes ya se implementaron”, en palabras de Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, publicadas en una entrevista reciente con este diario.

Además, Molano asegura que “se planteó una renta básica y el Gobierno ya creó Ingreso Solidario, que llega a tres millones de colombianos. Planteaban matrícula cero y hoy hay 500 mil estudiantes de educación superior que durante este semestre y en el próximo tendrán una financiación del 100 % de su matrícula. Hay además un subsidio a la nómina para tres millones de trabajadores de más de 130 mil pequeñas y medianas empresas”.

Asimismo, el Gobierno logró la aprobación del presupuesto general de la nación para 2021 con un rubro de inversión que califica como histórica ($56,8 billones). “Este será el presupuesto que nos llevará a la senda del crecimiento económico, a la generación y recuperación de empleos y a la reactivación”, según el Ministerio de Hacienda.

Las peticiones de las centrales

Desde las centrales obreras y las organizaciones que forman parte del Comité del Paro Nacional se ha insistido en que se mantienen las peticiones consignadas en el pliego que desde 2019 se presentó al Gobierno y que se ha venido engrosando con reclamos derivados de la crisis que ha dejado la pandemia.

De hecho, la jornada de protesta comenzó ayer con un cese de actividades de 48 horas convocado por Fecode para hacer un llamado sobre necesidades particulares del gremio, como la evaluación de años de desempeño, el otorgamiento de permisos sindicales, el cobro cero de pruebas Icfes, la crisis del Programa de Alimentación Escolar, el rechazo al modelo de alternancia para el regreso a clases y las garantías, adecuaciones e inversiones para la continuidad del año escolar.

Según el presidente de Fecode, Nelson Alarcón, se trata de un paro por la exigencia del cumplimiento de los acuerdos pactados entre el Gobierno y Fecode y en contra del modelo de alternancia para volver a clases en medio de la pandemia: “Rechazamos todos los asesinatos, la violencia que se viene acentuando en los territorios, las amenazas y estigmatizaciones que se le hacen al magisterio colombiano, a Fecode, a los maestros, maestras y líderes en las zonas más alejadas del país. El Gobierno Nacional no hace absolutamente nada para proteger la vida”.

La jornada de este miércoles está enmarcada, según las organizaciones convocantes, en la necesidad de que el Gobierno atienda las peticiones y escuche al movimiento sindical, a las fuerzas de afros, indígenas, estudiantes y mujeres, para que sus voces sean tenidas en cuenta a la hora de tomar medidas, promover leyes e implementar políticas públicas.

“Todo esto lo que demuestra es que el problema no era que el pliego de peticiones fuera muy largo. El Gobierno dijo 1.000 cosas, porque de los 13 ejes habíamos pasado a 104 puntos, dijeron que eso era muy difícil de dialogar. Pasamos entonces a un pliego de emergencia sobre los temas sentidos en la crisis sanitaria, que es de seis puntos, pero ni los 13 ejes, ni los 104 puntos, ni los seis del pliego de emergencia han merecido la menor atención por parte del Gobierno. Eso muestra la negativa a negociar y a dialogar con quienes tienen posiciones distintas”, señala Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia.

Explica que hace un mes, después de presentar ese pliego de emergencia, el Gobierno envió un documento de 54 páginas detallando lo que venía haciendo sobre los seis puntos puestos sobre la mesa por los sindicatos y las organizaciones: intervención al sistema de salud para garantizar la atención en la pandemia; renta básica de emergencia de por lo menos un salario mínimo legal vigente por seis meses para las comunidades más empobrecidas; defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina) y el empleo con derechos; garantizar la matricula cero en las instituciones de educación superior pública y no retorno a las clases presenciales para el sistema educativo mientras no existan las garantías; garantizar la vigencia de los derechos de las mujeres y diversidades sexuales; derogatoria de decretos de emergencia económica y social y no privatización de la red de transporte en oleoductos de Ecopetrol.

Sin embargo, el Comité del Paro esperaba una respuesta más contundente. “Eso no era lo que estábamos pidiendo, para eso el Gobierno todas las noches le cuenta al país lo que está haciendo, basado en lo que ellos piensan. Tienen que entender que hay otras opiniones, entre esas las nuestras. Por eso nosotros seguiremos recurriendo a lo que estamos haciendo desde hace un año, a las movilizaciones, a los paros en todo el país. Para noviembre también habrá actividades que pronto le anunciaremos al país”, sostiene Orjuela.

Sobre las críticas que desde distintos sectores han hecho a la movilización, el presidente de la CUT dice que el paro no está desgastado y que por el contrario sigue manteniendo fuerza a pesar de los meses de inactividad por cuenta de la pandemia: “Acá lo que es grave es que el Gobierno haga caso omiso de la movilización y trate de ponerle palos a lauread al derecho de la movilización con protocolos y cosas que lo que buscan indiscutiblemente es tratar de frenar las movilizaciones. No va a haber nada que le ponga freno a este legítimo derecho de movilización pacífica”.

Este martes el Gobierno expidió la resolución que contiene el protocolo exprés para la protesta social que entra a regir de inmediato y que impone responsabilidades a administraciones locales frente a la realización de manifestaciones, como la instalación de un puesto de mando unificado con participación de la Policía, la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y los Bomberos. El protocolo plantea, además, capacitaciones en derechos humanos para los miembros de la Policía y señala que cuando haya intervención de esta se hará “con la observancia plena de los principios de necesidad, gradualidad, proporcionalidad y racionalidad en el marco del mandato constitucional, legal y reglamentario”.

La medida establece, además, que las alcaldías deben crear un grupo élite que haga un trabajo de coordinación directo con los organizadores y líderes de las movilizaciones para saber cuáles serán las rutas, los escenarios y las horas establecidos y garantizar así los derechos de manifestantes y demás ciudadanos.

¿Qué dicen los gremios sobre el paro nacional?

A través de un comunicado, el Consejo Gremial Nacional hizo un “llamado a los organizadores del llamado paro nacional para que independientemente de sus motivaciones, sean conscientes de la actual coyuntura generada por el COVID-19, den prioridad al diálogo de manera que se eviten impactos negativos a la salud pública, la movilidad, la seguridad, la reactivación de las economías locales y el derecho de ir a trabajar de miles de colombianos».

La organización agregó: «Exhortamos, ahora más que nunca, a que se obedezcan las normas de aislamiento selectivo y los protocolos de bioseguridad. Su incumplimiento atenta contra la salud, no solo de quienes hacen parte de la marcha, sino de todos los colombianos. Reiteramos nuestro llamado a que no se obstaculice el proceso de reactivación que avanza en el país y se respete el derecho de los ciudadanos a su libre movilidad y al trabajo, para garantizar el sustento de las familias y la sostenibilidad de los sectores productivos y las empresas”.


Tomado del portal del diairo EL ESPECTADOR